La lógica de centralización administrativa del Estado continúa, y todo indica que su principal afectado será el municipalismo, que fue una de las direcciones en las que los gobiernos de posguerra se condujeron con convicción. Ahora ocurre lo contrario: a partir de diversas realidades y conclusiones, el Ejecutivo está dispuesto a sacrificar la influencia y relevancia de las alcaldías.
Debe distinguirse este tema de las anécdotas propias de tal o cual munícipe, algunos de ellos en horas muy bajas porque o su capital político no compensa lo mal que realizan su trabajo y los anticuerpos que generan por extensión al partido oficial, o no sólo son incompetentes, sino que no le suman nada al partido que los llevó al cargo. El descenso de popularidad de estos funcionarios, que conforman la base más vulnerable del proyecto político cian, apenas comienza, y es obvio que en la cúpula no hay interés en arrojarles un salvavidas.
Alcaldes y alcaldesas irán y vendrán, pero el rol que las municipalidades juegan en la administración pública cambió de modo radical en el quinquenio anterior, luego de que el gobierno les recortara la mayor parte del Fondo para el Desarrollo Económico y Social, que uniera municipios, redujera el número de los mismos hasta una sexta parte, defenestrara a otros a la condición de distritos y les quitara jurisdicción en materias tan importantes como la recolección de la basura —entiéndase, el negocio de la disposición final de los desechos—, los planes de saneamiento y la administración de escenarios para la práctica deportiva, entre otros.
La intención no es sólo la de despojar de su influencia a los ediles en su condición de jefes de la última unidad política del Estado, sino la de restarle peso como división administrativa. Las municipalidades han quedado cercadas entre el influjo de otras instituciones, varias de ellas de reciente cuño, como las que se encargan del centro histórico de las principales ciudades, la Policía Nacional Civil, la Dirección de Obras, la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, etc. Eventualmente, ciudadanos y comunidades entenderán si hay alguna a la cual deben acercarse para exponer sus necesidades, en detrimento del crédito de la alcaldía de la zona, una que en la mayoría de los casos ni siquiera está en la periferia del distrito.
Desesperadas por recursos para sacar adelante su agenda de trabajo, algunas municipalidades recurrieron al aumento de tasas, primero bajo el argumento de que debían homogeneizar los cobros entre los distritos agrupados como resultado del reordenamiento y luego, disipada la euforia de las elecciones, lo hicieron sin mayor elaboración propagandística, llevadas por la necesidad. En tal o cual caso hubo mayor o menor análisis técnico al subir los impuestos, pero a todas en general se les obligó desde el Ejecutivo a retroceder con la medida, bajo amenaza de acusarlos de extorsión ante el ministerio público.
El efecto directo de la prohibición será la precarización de los servicios que las alcaldías brindan a la población: sin recursos, despojadas de iniciativa impositiva pese a lo que dice el Código Municipal, obligadas a actuar por consideraciones esencialmente políticas, las municipalidades fracasarán en su objetivo de acercar el Estado a la gente y de resolverle necesidades cotidianas que la burocracia, por definición, no puede solventar de modo y en tiempo efectivo.