Cuatro fiscales quedaron absueltos este miércoles en el proceso realizado en su contra por supuestamente pertenecer a una red de corrupción judicial en el caso llamado "Corruptela". 

Los acusados son los fiscales Carolina Manzanares Nóchez, Yesenia Carolina Ayala, Mauricio Aguilar y Marta Colindres, quienes renunciaron en junio pasado como testigos criteriados al aducir que la Fiscalía General de la República (FGR), a cargo del ex fiscal general Douglas Meléndez, los torturó y amenazó para que declararan en el caso Corruptela. 

La resolución fue dada por el Juzgado Séptimo de Paz de San Salvador, luego de que el caso fuera rechazado en septiembre pasado por el Juzgado Noveno de Paz, aduciendo que la Fiscalía inició el caso en la sede judicial donde se dirimió esta resolución. 

"La juez ha decidido considerar que no hay delito y hada un sobreseimiento definitivo, al igual con la falsedad, porque dice que los requerimientos no son documentos", dijo uno de los fiscales del caso "Corruptela". 

"En cuanto a los delitos de privación de libertad, ha referido la juez que son parte de las funciones de los fiscales y por lo tanto de los jefes. Y estando dentro de sus funciones, eso no constituye delito. En tal sentido, también ha dado un sobreseimiento por las privación de libertad ilegales", agregó. 
El Fiscal abonó que esta resolución es provisional y está sujeta a una probable valoración de la Cámara Tercera de lo Penal de San Salvador para una posible apelación del caso. 

"Se va a valorar si es posible al esperar, porque el fallo lo va a dar por escrito hasta el día 7 de enero porque dice que tuvo problemas informáticos y se dañó el archivo con la resolución. Hasta el 7 vamos a tener por escrito los fundamentos con lo que ella ha expuesto esta decisión", dijo el Fiscal. 

Empleados siguen proceso 

La resolución también determinó que los dos empleados administrativos de la Fiscalía, acusados en este caso de peculado, continúen en libertad mientras son investigados por este delito. La fiscalía los acusa de haber colaborado en el desfalco de $ 426,000 de fondos públicos.

"Ahora con las dos personas administrativas a quienes se les atribuyen los delitos de peculado, se ha ordenado la instrucción  por un delito de peculado por culpa y también se les ha favorecido con no aplicarles ninguna medida cautelar a estas personas", dijo el fiscal. 

"También de estas medidas se va a hacer una valoración cuando se tenga el documento por escrito para poder valorar si es atendible hacer un recurso de apelación ante la Cámara", abonó. 

El 27 de agosto del 2018, el Juzgado Séptimo de Paz autorizó que los dos empleados administrativos se convirtieran en testigos criteriados, mientras que el 17 de diciembre pasado  emitió una resolución similar para los cuatro fiscales.

Después, el 12 de junio de este año, la jueza Séptima de Paz hizo otra audiencia sobre el caso para aceptar la renuncia de los seis testigos criteriados, quien adujeron que tomaban esa decisión luego de ser coaccionados por el ahora exfiscal Meléndez.