Luego de 42 años, las más de 200 víctimas de esta masacre ocurrida en San Vicente siguen sin recibir justicia. Organizaciones denunciaron retardación de justicia e impunidad.
Cristosal brindó una exposición del proceso judicial por la masacre de El Mozote este 12 de marzo de 2025.
Este miércoles 12 de marzo, Cristosal, el Centro para la Promoción de los Derechos Humanos Madeleine Lagadec (CPDH) y víctimas de la Masacre de El Calabozo que conforman la Asociación de Víctimas del Conflicto Armado de la Zona Norte de San Vicente, denunciaron retardación de justicia en este crimen que lleva 42 años de impunidad.
Estamos hablando de una justicia fallida, de una política judicial de protección a criminales de guerra, de protección a criminales de lesa humanidad y una disfuncionalidad de tribunales y Fiscalía General ante este tipo de cosas. Obviamente responde a criterios políticos”, indicó David Morales, jefe de Justicia Transicional de Cristosal.
La denuncia de las organizaciones y víctimas fue porque durante todo el proceso hubo irregularidades, como el rechazo de solicitudes para requerir documentos a la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), en específico planes militares de la época de la masacre.
“Asimismo, se han presentado solicitudes de dos peritajes especializados desde 2023 y hasta este momento no se ha obtenido respuesta. Sin embargo, el informe que ha presentado la jueza a la Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente ha manifestado que el peritaje militar ha sido rechazado a pesar de no existir alguna resolución con respecto a esto. También el Ministerio de la Defensa ha negado la localización de archivos militares”, indicó Inés Gómez, de Cristosal.
Sobre las órdenes de detención giradas en septiembre de 2023 contra dos de los imputados: Guillermo García, exministro de la Defensa, y Rafael Bustillo, exjefe de la Fuerza Aérea, cargos que ostentaban cuando ocurrieron los hechos, el Tribunal “omitió girar los oficios de detención a la policía, por lo que las detenciones no se hicieron efectivas”.
Irene Gómez de @Cristosal habla sobre las retardaciones en el caso, como el rechazo de solicitudes de planes militares por parte de la jueza; solicitudes para la acreditación de dos peritos especializados, que no han avanzado desde junio de 2023,entre otros. pic.twitter.com/AgI8V39hco
— LPGJudicial (@LPGJudicial) March 12, 2025
En este caso son acusados también Antonio Méndez, comandante BIRI “Ramón Belloso”, y los ya fallecidos en el proceso Rafael Flores Lima, jefe del Estado Mayor, y Sigfrido Ochoa Pérez, comandante de MD-2.
Hoy después de estas cuatro décadas, lo que exigimos es que impere la justicia a favor de las víctimas. El Salvador clama justicia, verdad y reparaciones a esos daños causados en contra de población civil, niños, niñas a quienes se les truncó la vida de ver un futuro al lado de su familia”, lamentó Carolina Constanza, del CPDH.
También se refirieron a que las solicitudes que realiza la acusación particular tardan meses en obtener resolución judicial. Por ello han presentado en dos ocasiones quejas por la retardación ante la Cámara de Segunda Instancia.
La Fiscalía General de la República (FGR), aunque ha solicitado algunas diligencias, después de 8 años no ha presentado resultados de investigación contra los acusados, lo que demuestra una pasividad que no es justificable”, indicaron.
Sumado a todo lo anterior, denunciaron la inestabilidad del juez del caso, pues entre 2022 y 2023 sufrió cinco sustituciones y en septiembre de 2023, el tribunal fue convertido en Juzgado de lo Civil y Mercantil Departamental, atendiendo también los casos penales ya en trámite.
Pidieron al Juzgado Segundo de lo Civil y Mercantil de San Vicente con sede en San Sebastián, que promueva diligencias relevantes solicitadas por la acusación particular; a la FGR, que promueva la investigación judicial y a la FAES, que desista del bloqueo de los archivos militares vinculados a los crímenes de guerra.
Entre las víctimas estuvo presente Rolando Ayala, quien manifestó que tenía 5 años cuando sucedió la masacre, el 22 de agosto de 1982, y que estaba como a 200 metros del lugar, pero que “por cosas de Dios nos separamos” y evitó ser asesinado.
Horas antes, su madre y abuela decidieron moverse de lugar. Lamentablemente las primas de su mamá y sus hijos quedaron en ese lugar donde fueron asesinados. Él dice que entre las víctimas habían primos suyos menores de 10 años.
Contabilizamos como unos siete u ocho familiares, entre tías y primos que murieron allí. No pudimos enterrarlos porque el río se llevó los cuerpos, ni los huesos pudimos rescatar, entonces no pudimos dar cristiana sepultura a toda esta gente”, lamentó Rolando.
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