El Juzgado de Instrucción de Jujutla, en Ahuachapán, reprogramó la audiencia preliminar en contra Narciso “Chicho” Ramírez Ventura, alcalde del municipio de San Francisco Menéndez, por la supuesta depredación de 40 manzanas de terreno estatal que se encontraban en una zona protegida decretada por la Asamblea Legislativa.

En febrero de este año la Unidad de Medio Ambiente de la Fiscalía General de la República (FGR) logró que el caso en contra de Ramírez avanzara a la etapa de instrucción.

El alcalde fue acusado del depredación de flora o tala de árboles.

Inicialmente la audiencia en el Juzgado de Jujutla estaba programada para el 23 de octubre sin embargo debido a diligencias de la parte acusadora se reprogramó para el 10 de noviembre.

Sin embargo para la fecha programada en noviembre los defensores justificaron en el tribunal que tenían programadas otras audiencias, por lo que no asistirían dando paso a una nueva reprogramación de la audiencia preliminar, la cual quedó estipulada para el 22 de noviembre a las 9 de la mañana.

De acuerdo a la acusación fiscal, el alcalde Ramírez habría ordenado talar árboles en unas 40 manzanas de bosque de una reserva natural protegida ubicada en el cantón Cara Sucia. Este lugar se encuentra protegido por decreto legislativo desde noviembre de 2008.

Las investigaciones realizadas entre el Ministerio del Medio Ambiente (MARN), la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fiscalía General de la República (FGR) indican que la tala de los árboles ocurrió marzo del 2015.

En mayo de este año  Ramírez Ventura fue multado por un Tribunal Medioambiental a pagar $92,388 en concepto de costos de restauración al ecosistema y a cancelar otros $3,960 por costos de gestión institucional tras ser encontrado de responsable de daños al medio ambiente por la depredación en la zona natural protegida.

Este fallo fue apelado en la cámara de lo ambiental que hasta el momento no ha brindado una decisión sobre el caso.

El alcalde consideró que tanto la multa impuesta por el Tribunal Medio ambiental como el proceso judicial en su contra se trata de una persecución política, además dijo que en el caso de tribunal ambiental el juez que retomó el caso no tenía pleno cocimiento del proceso y baso su decisión en especulaciones presentadas por la fiscalía.