La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) advirtió que los daños ambientales por la tala de árboles en el cerro El Águila, en la Reserva de Biosfera Apaneca-Ilamatepec, entre los municipios de Juayúa y Chalchuapa, tendrán consecuencias negativas en los caudales y la infiltración de agua, además de erosión del suelo.

Destacan que la zona es una importante reserva de este recurso, por lo que la protección es urgente, así como tomar acciones para resarcir el daño por la tala.

"Esto ya va a tener un impacto bastante serio en las cantidades de agua con las que se va a contar en los próximos días, en los próximos años y si esto no se detiene, va a continuar ese impacto negativo en la reducción de la cantidad de agua de la que se dispone desde esos mantos acuíferos y desde esa zona de recarga hídrica", dijo Salvador Recinos, coordinador territorial de Sonsonate de la UNES.

La organización ambientalista manifestó ayer su preocupación por la tala de árboles en el cerro ocurrida recientemente y que fue denunciada por habitantes de comunidades de Juayúa. De acuerdo con datos de los habitantes, serían más de 5 manzanas de terreno las afectadas, las cuales son fincas privadas.

"Acá es un terreno donde había un bosque que se han talado todos los árboles. Una cosa que tenemos que averiguar es si este terreno era parte de lo que estaba declarado como Área Natural Protegida", dijo Luis González, también de la UNES.

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Indicó que los permisos para cortar árboles en territorios urbanos los otorgan las alcaldías, en la zona rural compete al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) no se puede permitir talar árboles.

En el caso de una plantación forestal, se da mantenimiento y poda; no obstante, indican que lo que ocurrió en el cerro es una tala indiscriminada.

"Donde deforestan árboles que están de 1.5 a 2 metros, no estamos hablando de árboles de 10 años, ni de 20 años, estamos hablando de árboles centenarios. Algunos biólogos plantean que algunos de ellos pueden tener hasta 150 años, por lo tanto no es raleo ni manejo, es tala indiscriminada", dijo Carolina Amaya, de UNES.

Aunque se trate de terrenos privados, consideran que no se puede permitir la afectación al ecosistema cercano a una ANP.

Llaman a las instituciones a aplicar las normativas. "El primer llamado es al Ministerio de Medio Ambiente que, a pesar de que sabemos que la Ley de Medio Ambiente y la Ley de ANP es débil, no la están aplicando adecuadamente. A pesar de que ahí hay guardarrecursos, no hacen un monitoreo eficiente de los bienes a proteger", dijo González.

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También exigen al MAG aplicar la Ley Forestal y las sanciones administrativas, así como poner una demanda ante el tribunal ambiental y activar la persecución penal por el delito de destrucción de bosque.

Inspección

La jueza ambiental de Santa Ana, Norma de Milla, realizó una inspección en el cerro El Águila, de Chalchuapa, y la Policía Nacional Civil (PNC) hizo también inspecciones en el sector.

En el caso del cerro El Águila, el MAG dijo recientemente que no ha expedido ninguna autorización para proceder con esa actividad y que la Dirección General de Forestales, Cuencas y Riego (DGFCR) cuenta con dos registros de plantaciones de ciprés, que pertenecen a un mismo propietario.

"Este ministerio reitera que el hecho de que existan particulares que hayan tramitado los registros respectivos de plantaciones en sus propiedades no implica una autorización de tala, ya que el registro faculta el aprovechamiento de las plantaciones mencionadas", informó Agricultura.

El Ministerio de Medio Ambiente (MARN) informó vía Twitter que no todo el cerro El Águila es una ANP y que la porción propiedad del Estado equivale a 33 hectáreas de bosque.

"El MARN no tiene la facultad para deducir responsabilidades y sancionar. Según la Ley Forestal es competencia del MAG, pero el MARN colaborará en lo que sea necesario", aseguró.