Hace unos días salió un reportaje en LPG sobre la disminución que los comerciantes del departamento de La Unión registran en sus ventas. La gente está comprando menos. Las remesas han bajado. Las ventas han disminuido, dijeron.
Según el Censo 2024, en ese departamento hay 224,335 personas, que representan el 3.8% del total nacional. El 47% son hombres y el 53% mujeres. La estructura por edad refleja que la población menor de 4 años es considerablemente menor. Los centros escolares de ese departamento tendrán menos demanda y a nadie, especialmente a los sindicatos, debería sorprender el cierre de escuelas. Basta revisar la base de datos del MINEDUCYT para confirmar que hay centros escolares con menos de 10 alumnos y muchos con menos de 50 alumnos. Vale preguntar: ¿qué define una escuela?
En ese departamento se registran 72,285 hogares, que representan casi el 4% a nivel nacional. En ese departamento, el 50% de los hogares reciben remesas. Significa que la mitad de los hogares viven del trabajo y los ingresos de parientes que emigraron. Ese departamento se ubica en el puesto n.º 1 en el porcentaje de hogares que reciben remesas.
A nivel nacional, según el Censo 2024, el 86% de los que emigraron en los últimos 10 años residen en Estados Unidos y el 6% son originarios de La Unión, departamento en el que se registra el menor porcentaje de población económicamente activa; de cada 10 personas, únicamente 4 son económicamente activas. De esta manera, la disminución en remesas tendrá que verse en el comercio formal y no formal del departamento.
El presidente Trump solicitó al Congreso millonarios recursos para continuar con las deportaciones masivas. Seguramente tendrá lo que quiere y más. Las remesas, que representan alrededor del 24-25% del PIB de nuestro país, seguramente disminuirán con las deportaciones y con las amenazas de deportación. Los salvadoreños residentes en Estados Unidos seguramente tomarán precauciones. Hasta ahora, los vuelos con deportados van hacia Guatemala. Aún estamos a la cola.
La disminución de remesas afectará la estabilidad financiera de los hogares, con el riesgo de desacelerar el crecimiento, aumentando la desigualdad y la pobreza. La llegada de deportados complicará el mercado laboral, saturado e incapaz de absorber la mano de obra disponible en nuestro país. Esta realidad podría dejar a los deportados en la informalidad. Los esfuerzos por estimular su capacidad de emprendimiento, asegurando acceso a recursos y asistencia, serán indispensables para aprovechar su experiencia y competencias en función del desarrollo local y nacional.
Tampoco debe perderse de vista las implicaciones que tendrá la guerra comercial emprendida por la presidencia de Estados Unidos. Con nuestra economía dolarizada, vamos a enfrentar una mayor inflación debido a las políticas económicas de los Estados Unidos. Las implicaciones de esas políticas aún no pueden dimensionarse, aunque se tiene claro que están cambiando la configuración de las relaciones mundiales.
No estamos aislados ni mucho menos protegidos de los embates de políticas fuera de nuestro territorio. Productores, exportadores, comerciantes y consumidores en nuestro país se verán impactados, a corto o mediano plazo, por las políticas que se adopten en Estados Unidos. Con esta perspectiva, hay que darle seguimiento a lo que ocurre en nuestro entorno.