Las fiestas de empleados públicos en horas laborales, gastando recursos o instalaciones que son propiedad del Estado parecen ser algo habitual en El Salvador. Acá algunos de los casos más escandalosos: desde mujeres desnudas en una fiesta para pandilleros hasta bailarinas en una sala de audiencias.
Top de las cinco fiestas de escándalo en instituciones públicas
La reciente fiesta en el Centro Judicial Isidro Menéndez hace recordar otras celebraciones en las que instituciones públicas han proporcionado sus recursos e instalaciones para el disfrute de funcionarios, empleados... y hasta de pandilleros.
Dos custodios del centro penitenciario de Izalco, en Sonsonate, filmaron la fiesta con mujeres desnudas que se realizó en septiembre de 2012.
Con la celebración de la Virgen de Las Mercedes como excusa, los privados de libertad (pandilleros del Barrio 18, facción sureños) solicitaron permiso al entonces director general de Centros Penales, Nelson Rauda, para hacer un festejo.
“El director del centro penal, (José Adrián) Abarca, me ordenó filmar esa fiesta donde también ingresaron unas muchachas que bailaron desnudas. Fueron cuatro muchachas”, declaró en agosto de 2017 uno de los custodios como parte del juicio por el caso tregua con pandillas.
El presidente Salvador Sánchez Cerén defendió a sus funcionarios ante cuestionamientos, diciendo que preguntas de periodistas sobre esta "pornofiesta" eran morbosas y buscaban desestabilizar a su gobierno.
El entonces ministro de la Defensa, David Munguía Payés, dijo que nunca se enteró de la llamada “pornofiesta”, pero admitió que ese tipo de hechos han ocurrido durante 30 años en los penales.
Un reportaje de La Prensa Gráfica, publicado en junio de 2016, permitió saber cómo el dinero de los salvadoreños pagó lujos a otros servidores públicos.
Se reveló que altos funcionarios de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) gastaron $231,507.03 en alimentos y bebidas, incluyendo licores, entre junio de 2014 y marzo de 2016. Las compras fueron hechas por el presidente de CEPA, Nelson Vanegas, y el gerente general, Emérito Velásquez.
El detalle de gastos revela facturas con consumos de bebidas alcohólicas durante días laborales, fines de semana y días festivos.
"Un ejemplo de esos gastos ocurrió el 8 de agosto de 2015, en el resort Las Flores. Ese día se ordenaron 10 tragos dobles de whisky Johnny Walker por $234; seis tragos dobles de whisky Jack Daniels por $78; seis tragos sencillos de estas mismas marcas, por $42; el bar sirvió además siete rones dobles Zacapa por $105", se publicó. "Las bebidas fueron acompañadas por langostas, camarones en salsa de ajo, medallones de camarón y cigarrillos. Por todo esto se pagaron $637.10".
En un Día de la Secretaria se gastaron más de mil dólares en una fiesta en un hotel en la que también se consumió licor.
El 7 de enero de 2016 se registró consumo en una discoteca de la Zona Rosa por $163.90.
También los funcionarios de CEPA hacían consumo de alimentos en diversos restaurantes en cualquier día de la semana, incluyendo sábados y domingos. Algunas facturas iban desde los $58.27 hasta los $469.70.
En enero de 2018, CEPA organizó un festejo a un grupo de empleados. El contrato colectivo habla de un “acto conmemorativo” por el Día del Trabajador Aeroportuario si hay fondos disponibles. La celebración fue en el centro recreativo La Parcela, propiedad de la Asamblea Legislativa, en la playa Costa del Sol.
Uno de los episodios oscuros de la historia reciente de la Policía Nacional Civil (PNC) sucedió la noche del jueves 28 de diciembre de 2017. Una fiesta en sede del Grupo de Reacción Policial (GRP) terminó con la desaparición de la agente Carla Ayala y con el también policía Juan Josué Castillo, supuesto responsable, en condición de prófugo.
Al terminar la fiesta, a eso de las 11:35 p.m., tres agentes del GRP fueron enviados a Apopa para dejar en casa a Ayala, quien no era parte de esa división policial.
El sospechoso Castillo y Ayala habrían discutido dentro de un vehículo de la PNC. Castillo lesionó con arma de fuego a Ayala y los otros dos policías decidieron regresar a la base del GRP.
De vuelta en el lugar, Castillo se escapó de sus compañeros con el cuerpo de Ayala. Habría llegado hasta San Francisco Javier, Usulután, para recibir ayuda de familiares. Castillo volvió al GRP a eso de las 4:45 a.m., ya sin Ayala, y volvió a escaparse de sus compañeros policías.
Esto generó disparos desde la sede, en la residencial San Fernando (al sur del estadio Cuscatlán), hasta el redondel Árbol de la Paz.
Tras esto, el GRP fue disuelto y se creó la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP) o Jaguares. Ni la PNC ni la Fiscalía han resuelto el caso.
El 9 de diciembre de 2011 se conoció que empleados de la Corte de Cuentas de la República (CCR) realizaron una fiesta en horario laboral. Uno de ellos agredió físicamente a una periodista de La Prensa Gráfica que tomaba video del evento.
El agresor fue Yuri Armando Williams Saca, quien fue tesorero de la Asociación de Empleados de la Corte de Cuentas de la República (ADECC).
En ese año, el presidente de la CCR era Gregorio Sánchez Trejo. El permiso se dio con la justificación de hacer una asamblea general extraordinaria, pero en el local había una orquesta, canastas navideñas, meseros y bebidas alcohólicas.
El cantante René Alonso confirmó que él amenizó esta fiesta navideña. Su presentación duró desde la 1:00 p.m. hasta las 5:30 p.m.
Antes, siendo Sánchez Trejo procurador general, autorizó un permiso a los empleados de la Procuraduría General para no trabajar y cerrar al público. Los empleados se fueron de excursión a la playa.
El sábado 25 de agosto de 2018, el Sindicato de Empleados Judiciales Salvadoreños (SINEJUS) realizó una fiesta bailable en la sala de audiencias 5-B del Centro Judicial Isidro Menéndez para celebrar la elección de su nueva junta directiva.
Bailarinas amenizaron el evento, según se observa en videos publicados en las redes sociales.
El administrador general del centro judicial, Carlos Flores, confirmó que el sindicato pidió prestada la sala de audiencias para hacer una asamblea. La expectativa de asistencia era de 500 personas, por lo que el sindicato pidió una de las salas de audiencias más grandes.
Según fuentes judiciales, en la fiesta, además de bailarinas, hubo un grupo de batucada.
Existen varios sindicatos en el Órgano Judicial, pero el SINEJUS es uno de los más antiguos, y es uno de los que más presionan a los titulares de la Corte para obtener beneficios como aumentos o extras salariales.
Esta no es la primera vez que empleados de la CSJ utilizan oficinas, tiempo de la jornada laboral y/o recursos de la institución para fiestas o celebraciones. En octubre de 2017, la pagadora auxiliar de la sede de la CSJ en Santa Ana desmontó su oficina y la convirtió en un salón para celebrar el “baby shower” de una empleada.
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