El Juzgado Octavo de Paz de San Salvador decretó que Fidel Antonio Zavala Pérez, vocero de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (Unidehc), esté en detención provisional por un nuevo caso de estafa agravada, mismo que pasa a fase de instrucción.

La audiencia inicial por este proceso se realizó el viernes 14 de marzo de este año a las 10:00 de la mañana, horas antes que Zavala también estuviera presente en la audiencia especial de imposición de medidas en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado por el caso conocido como La Floresta. 

Es decir, ese día tuvo dos audiencias en procesos diferentes y en la audiencia del caso La Floresta, donde es acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas, venta ilegal terrenos y parcelas y ejercicio ilegal de la profesión la jueza también decretó instrucción con detención. 

En el caso de estafa agravada, el Juzgado Octavo de Paz confirmó que es en perjuicio de dos víctimas y que el juez determinó que pase a instrucción con detención.

Es el segundo caso de estafa que enfrenta Fidel, pues tiene vigente la realización de la vista pública en el Tribunal Tercero de Sentencia luego que una cámara determinó que se repitiera el juicio, el cual debía iniciar este lunes 17 de marzo.

Abogado público sin consentimiento 

Fidel Zavala tuvo abogados públicos de parte de la Procuraduría General de la República (PGR) en la nueva audiencia por estafa, según confirmó el mismo Juzgado.

Fuentes judiciales confirmaron que Zavala se negó a tener dichos defensores públicos, pues quería tener abogados particulares como los ha tenido en los otros dos procesos en su contra. Incluso aseguran que firmó un documento en el que renunciaba a tener representación pública. Aún así se desarrolló la audiencia.

LA PRENSA GRÁFICA consultó a la Fiscalía, a través de su equipo de comunicaciones, sobre esta denuncia y el desarrollo de dos audiencias en su contra en un mismo día, pero al cierre de esta nota aún se espera su respuesta. 

También se consultó a la PGR, quien respondió que la institución "cumple con su mandato constitucional de brindarle los servicios de defensa técnica a todas las personas procesadas, velando por sus garantías procesales, y sus derechos fundamentales. Lo hemos realizado con independencia y garantizando los contrapesos que demanda un Estado de Derecho". Y agregó que la Procuraduría solo interviene en casos "en los que las personas procesadas no nombran abogado particular".

* Esta nota fue modificada a la 1:30 p.m. del 17 de marzo, tras obtener la respuesta de la PGR.