Mientras las autoridades destacan la reducción de homicidios como el mayor logro del primer quinquenio del presidente Bukele, los expertos ponen la lupa sobre las agresiones sexuales, que aumentaron, y exigen transparencia en las cifras oficiales.
Expertos destacan que la violencia contra la mujer no se ha reducido durante el último quinquenio.
En los últimos cinco años El Salvador tuvo reducciones significativas en algunos delitos de impacto, como el homicidio y la extorsión, ambos vinculados a la desarticulación de las pandillas. Pero al mismo tiempo mantuvo o vio aumento en agresiones sexuales y violencia contra la mujer.
Si bien las estadísticas dejaron de ser públicas en el año 2022, las autoridades han brindado informes, ya sea en entrevistas o reportes anuales de instituciones, con datos referentes a estos delitos. Por ejemplo, en abril de este 2024 el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) hizo un balance de la reducción del crimen en una solicitud que hizo el gobierno para un préstamo ante el Bank of America. LA PRENSA GRÁFICA tuvo acceso a ese balance, lo que ha permitido tener una referencia oficial de estos fenómenos.
En dichas cifras el delito de homicidio es el que tuvo su reducción más significativa. Las autoridades del Gabinete de Seguridad han hecho énfasis en que se debe a la aplicación de medidas como el régimen de excepción, vigente en El Salvador desde marzo de 2022.
Lea también: Familias y víctimas del régimen presentan avisos penales contra funcionarios de seguridad
Según las cifras oficiales con las que cerró el año 2019, al inicio del primer quinquenio del presidente Nayib Bukele hubo 2,390 homicidios. Ya con el régimen de excepción se pasó a 495 en 2022 y 154 en el 2023. Las autoridades mencionaron que el 95 % de los responsables de dichos homicidios fueron capturados, según declaraciones del ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. En total, entre 2019 y 2023, hubo 5,501 homicidios, a falta de conocer cómo cierra el primer semestre de 2024.
Otro delito a la baja fue el de extorsión, que en el año 2021 tuvo 1,715 denuncias y descendió a 934 en 2023. En cuanto al robo, en 2021 hubo 3,584 casos, mientras que el 2023 cerró con 294.
Expertos en seguridad pública consultados por LA PRENSA GRÁFICA mencionaron que la reducción de la violencia y la desarticulación de las pandillas son logros significativos.
Para Marvin Reyes, vocero del Movimiento de Trabajadores de la Policía Nacional Civil (MTP), dentro de los “aspectos positivos” en materia de seguridad se encuentra la recuperación de territorios que antes estaban bajo dominio de las pandillas.
“En los 5 años hay que resaltar aspectos positivos en el régimen de excepción, que permitió la recuperación de los territorios, la captura de un 95 por ciento de las estructuras de pandillas y recobrar la tranquilidad de las diferentes zonas del país”, mencionó Reyes.
Los mismos datos oficiales revelan también un aumento de violaciones en los últimos años. Si bien en 2021 se registraron 2,370 de estos casos, en los años posteriores se ha visto una tendencia al alza, aunque con menores cifras: 926 en 2022 y 1,004 en 2023.
Jeannette Aguilar, investigadora en políticas públicas y seguridad, dijo que al hacer un balance del quinquenio en esta materia se puede ver que no se ha tenido una “política sectorial” que integre la prevención como una prioridad para la sociedad.
“Lo que en El Salvador se ha implementado en estos cinco años es una estrategia de concentración y perpetuación del poder, que ha tenido como eje central el uso político del tema de seguridad. Y en función de ello, lo que hubo es una estrategia política basada principalmente en tres elementos, como lo son: negociación con pandillas para bajar los homicidios, militarización de la vida pública y retorno de la Fuerza Armada como brazo armado del poder de turno y encarcelamiento masivo y suspensión de derechos como medida para instaurar el miedo en el cuerpo colectivo”, mencionó Aguilar.
Reiteró además la falta de transparencia en el uso de fondos públicos, como en la alimentación dentro de los Centros Penales. Recordó que las instituciones del Gabinete de Seguridad también se han negado a dar cifras oficiales en otros temas, como en el caso de las desapariciones .
Para Verónica Reyna, experta en seguridad del Servicio Social Pasionista, parte de los logros de la actual administración se deben a que las personas han sentido ese “alivio” de una situación que les agobiaba, en este caso la violencia, pero no ven el costo en derechos humanos.
“Se han registrado miles de detenciones arbitrarias y otro tipo de violaciones a derechos. En el último consolidado de las organizaciones hemos documentado más de 6,300 violaciones a derechos humanos y esto ha llevado a que muchas personas terminen siendo procesadas injustamente por un delito sin fundamento”, expuso.
Agrega que hay un abordaje superficial del tema porque las políticas de seguridad implementadas son enfoques de carácter represivo que no ataca directamente al origen de la violencia y que tiene un abordaje policial y militar. Esto genera resultados por el control absoluto de las instituciones del Estado.
Para Marvin Reyes, dentro de los aspectos negativos que el sector policial ha sufrido están los despidos forzosos a partir del 1 de abril de 2022 sin haber consultado a los involucrados: “si bien es cierto se requiere una renovación, se debe hacer de manera digna. Muchos no recibieron una indemnización conforme a la ley. Además, existe un retroceso en el derecho laboral y de la mujer policía, que no se le ha respetado y están en un ambiente de marginación y exclusión”.
Mensaje de response para boletines
Comentarios