La APLAN publicó en el Diario Oficial del 20 de marzo una reforma al tarifario para las licencias de funcionamiento de los negocios en el Centro Histórico.
La Autoridad de Planificación del Centro Histórico de San Salvador (APLAN) publicó en el Diario Oficial del 20 de marzo de 2025 una reforma al tarifario de licencias de funcionamiento para los negocios ubicados en el Centro Histórico de la capital. La modificación reduce significativamente los costos de operación para los comerciantes y homologa las tarifas de varios rubros, estableciendo un mismo monto para zapaterías, hoteles y supermercados, entre otros.
La reforma surge tras la orden del presidente Nayib Bukele de revertir los incrementos en los costos de las licencias y permisos comerciales aprobados a finales de 2024. Según el mandatario, las tarifas establecidas en ese momento representaban un abuso contra los comerciantes y atentaban contra la política gubernamental de crecimiento económico.
El 15 de marzo, a través de su cuenta en la red social X, Bukele señaló que varias alcaldías, incluyendo la de San Salvador Centro, estaban aplicando tarifas “abusivas” y disfrazando cobros bajo nombres como “licencias” o “cobros especiales”. Según el presidente, estas medidas estaban afectando a los comerciantes, limitando la inversión y perjudicando la generación de empleo en el país.
A raíz de esta denuncia, Bukele ordenó que todas las municipalidades de El Salvador restablecieran las tarifas que estaban vigentes antes del 1 de mayo de 2024. También exigió que los cobros indebidos que ya hubiesen sido realizados fueran reembolsados a los comerciantes afectados. Advirtió que aquellas alcaldías que no acataran la instrucción serían demandadas por extorsión ante la Fiscalía General de la República.
El primer llamado de atención estuvo dirigido a la Alcaldía de San Salvador Centro, señalando que había elevado “desproporcionadamente” los costos de licencias para negocios. Bukele argumentó que esto iba en contra de los esfuerzos del gobierno por fomentar la inversión y el empleo, afectando a empresarios y pequeños comerciantes. Ante la advertencia, el alcalde Mario Durán anunció públicamente que acataría la orden presidencial y modificaría el tarifario.
Antes de la reforma, los costos de las licencias de funcionamiento en el Centro Histórico variaban según el tipo de negocio y la zona en la que estuvieran ubicados. En la zona A, por ejemplo, una zapatería debía pagar $1,200 anuales, mientras que un hotel pagaba $949. En el caso de los supermercados, la tarifa era de $2,520, lo que representaba una diferencia significativa respecto a otros rubros comerciales.
Con la reforma publicada en el Diario Oficial, estos costos fueron homologados, es decir, ahora todos estos negocios pagarán la misma tarifa de $195 en la zona A y $180 en la zona B. Este ajuste también se aplicó a otros sectores comerciales como restaurantes, peluquerías, clínicas médicas y farmacias, que ahora tienen la misma tarifa reducida.
Los negocios de entretenimiento, como bares, discotecas y salas de juego, que anteriormente tenían tarifas superiores a los $2,500, ahora pagarán $585 en la zona A y $540 en la zona B. Sin embargo, los casinos siguen manteniendo la tarifa más alta, con un costo de $15,600 en la zona A y $14,400 en la zona B.
Además de la reducción en las licencias de funcionamiento, la reforma incluyó cambios en los costos de permisos complementarios y trámites administrativos. El trámite ordinario de una licencia de funcionamiento sigue costando $165.31, mientras que el trámite exprés se mantiene en $330.62. No obstante, el permiso temporal bajó de $690 a $500, y la visita técnica de verificación pasó de $412.56 a $300.
Uno de los cambios más significativos fue la eliminación de las tarifas diferenciadas por tipo de negocio. Antes de la reforma, una zapatería pagaba seis veces más que una peluquería o una tienda de conveniencia. Con la modificación, todos estos comercios pagan el mismo monto, lo que representa una estandarización en la política tarifaria del Centro Histórico.
La estructura tarifaria del Centro Histórico se divide en dos zonas principales. La primera, conocida como Zona A, abarca el Microcentro Histórico y el corredor Rubén Darío, donde se concentra la mayor parte de la actividad comercial y turística. La segunda, denominada Zona B, comprende las áreas aledañas con menor densidad comercial.
Con la reforma, APLAN estableció un modelo de cobros más uniforme, eliminando disparidades entre distintos giros de negocio. Esta modificación busca evitar que ciertos sectores comerciales enfrenten costos desproporcionados en comparación con otros, promoviendo así un trato equitativo para todos los comerciantes.
Los únicos negocios que mantienen tarifas diferenciadas son los de entretenimiento y apuestas. Casinos, discotecas y bares continúan pagando montos más elevados en comparación con otros comercios, aunque la reducción de tarifas ha sido significativa. Anteriormente, estos establecimientos pagaban entre $2,520 para bares y $14,680 para casinos; pero con la reforma, la mayoría de estos costos fueron reducidos.
Los permisos complementarios también fueron ajustados. Antes de la reforma, un permiso para música en vivo costaba $1,260. Ahora, este monto se redujo a $195 en la zona A y $180 en la zona B. Esta reducción facilita que más negocios puedan ofrecer actividades complementarias sin enfrentar costos elevados.
La reforma al tarifario tiene varios efectos en el sector comercial del Centro Histórico. Para los comerciantes, la reducción de costos de operación representa un alivio significativo. Muchos pequeños y medianos empresarios habían manifestado que las tarifas anteriores eran difíciles de costear, por lo que la reforma podría evitar el cierre de negocios y fomentar nuevas inversiones, según lo planteado por el Estado.
Desde el punto de vista del gobierno, la homologación de tarifas busca incentivar el comercio en el Centro Histórico y atraer más empresarios a la zona. La reducción de costos puede hacer que más inversionistas consideren establecer sus negocios en el área, contribuyendo a su desarrollo económico.
La APLAN ha defendido la medida, argumentando que el objetivo principal es fomentar el comercio y garantizar que las tarifas sean equitativas para todos los rubros; así lo plantearon en los considerandos del documento de la reforma. No obstante, hasta el momento, la entidad no ha detallado cómo compensará la reducción de ingresos resultante de la reforma.
LA PRENSA GRÁFICA buscó comunicarse con la APLAN para conocer las razones de la reforma al tarifario de las licencias de comercios, pero hasta el cierre de esta nota no hubo respuesta.
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