El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, imputó a Jair Bolsonaro y a otras 33 personas por delitos relacionados con un intento de golpe de Estado y de asesinato de Lula da Silva, su vicepresidente y un juez supremo. Esto es lo que se sabe del plan Puñal Verde Amarillo.
Golpe de Estado y un plan para asesinar a Lula: Bolsonaro y las graves acusaciones que lo podrían llevar a prisión hasta por 40 años
El fiscal general de Brasil, Paulo Gonet, acusó la noche del martes al expresidente Jair Bolsonaro de liderar un intento de perpetrar un golpe de Estado para revertir su derrota en las elecciones del 2022 frente a Luis Inácio Lula da Silva. Además, el plan incluía envenenar a su rival y líder de la izquierda y asesinar al juez Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal (STF). Esto es lo que se sabe del denominado plan Puñal Verde Amarillo, en alusión a los colores de la bandera brasileña.
Según Gonet, Bolsonaro y otras 33 personas participaron en un plan para mantenerlo en el cargo de presidente. “Los miembros de la organización criminal estructuraron en el palacio presidencial un plan para atacar instituciones, con el objetivo de derribar el sistema de poderes y el orden democrático, que recibió el siniestro nombre de Puñal Verde Amarillo”, dijo Gonet en el acta de acusación de 272 páginas. “El plan fue concebido y llevado al conocimiento del presidente, y él estuvo de acuerdo”, agregó Gonet.
Entre los imputados está el candidato a vicepresidente de Bolsonaro Walter Braga Netto. También hay militares de alto rango y antiguos ministros del líder de la extrema derecha de Brasil.
El mismo martes, Bolsonaro reaccionó a través de su abogado Paulo Cunha Bueno. El exmandatario se declaró “indignado” por la acusación y calificó la denuncia de “inepta”, “incoherente” y “fantasiosa”.
Agregó que “jamás ha apoyado ningún movimiento que pretenda deconstruir el Estado Democrático de Derecho o las instituciones que lo habilitan”.
El caso pasa ahora al STF, que decidirá si ordena la detención de Bolsonaro y lo somete a juicio. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a penas de entre 12 y 40 años de prisión, según el acta de acusación.
En junio del 2023, Bolsonaro fue condenado por la justicia electoral, que lo inhabilitó para ser candidato en las elecciones presidenciales del 2026 por cuestionar sin pruebas el voto electrónico.
Las consecuencias políticas
La politóloga brasileña Luciana Santana le dijo a El Comercio que se trata de “una denuncia muy consistente”.
“Algo que hasta el momento nosotros no teníamos son esos elementos más consolidados sobre la participación efectiva del expresidente Jair Bolsonaro en el liderazgo de esta trama del golpe. Hay pruebas e indicios consistentes”, manifestó Santana.
¿Qué pasará en el plano político en Brasil? Santana sostuvo que en lo inmediato se van a frenar las manifestaciones de los bolsonaristas que exigen amnistía para los procesados y condenados por el asalto a las sedes de los poderes del Estado ocurrido en enero del 2023.
La justicia ha condenado a casi 400 personas por ese ataque, algunos hasta a 17 años de prisión.
“Hasta el martes Bolsonaro estuvo en el Congreso para juntar más apoyo al pedido de amnistía, que además lo iba a alcanzar para que pueda postular en las elecciones del 2026. Creo que ahora este proceso se frena un poco y no veo un ambiente propicio para que el presidente de la Cámara lo ponga en consideración”, anticipó la politóloga.
“Ahora, con este proceso en curso, quizá tengamos una visión más consistente del escenario del 2026 sin Bolsonaro. También podremos saber cuáles son los nombres del espectro de la centro-derecha que van a presentarse de manera formal. Sabremos si Bolsonaro va a presentar un nombre de su núcleo familiar o si va a presentar un nombre más partidista”, explicó.
Santana consideró que Bolsonaro podría proponer a uno de sus hijos e incluso a su esposa Michelle Bolsonaro para las elecciones del 2026. “El nombre de su mujer hoy es el más fuerte dentro de su núcleo familiar”, dijo.
El decreto golpista
Uno de los principales hallazgos de la investigación de la Policía Federal y del fiscal Gonet fue la elaboración de un proyecto de decreto con contenido golpista, que fue presentado por Bolsonaro cuando era presidente a los comandantes de las Fuerzas Armadas.
El diario OGlobo informó que el decreto golpista fue encontrado en enero del 2023 en la casa del exministro de Justicia Anderson Torres.
De acuerdo con OGlobo, el teniente coronel Mauro Cid, ex ayudante de campo de Bolsonaro, habló sobre el plan golpista en su acuerdo de delación premiada. Su testimonio fue confirmado luego por los propios ex comandantes del Ejército y de la Fuerza Aérea. También se accedió a mensajes y registros de entrada al Palacio de la Alvorada, la residencia oficial del presidente de Brasil.
En su declaración a la policía, el excomandante del Ejército. Marco Antonio Freire Gomes, afirmó que Bolsonaro, después de considerar otros instrumentos legales, propuso en una reunión el decreto del Estado de Defensa y la creación de una Comisión de Regularidad Electoral.
Mediante esos instrumentos, según la acusación, Bolsonaro pretendía anular las elecciones que perdió con Lula, disolver los tribunales de justicia y dar poder a los militares.
Freire Gomes afirmó que él y el entonces comandante de la Aeronáutica, Carlos Almeida Baptista Junior, manifestaron “concluyentemente” que estaban en contra, mientras que el comandante de la Marina, Almir Garnier, “se habría puesto a disposición”, indicó OGlobo.
Gonet dijo que finalmente el intento de golpe de Estado no prosperó por falta de apoyo de altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Pero los acusados hicieron “un último intento” el 8 de enero de 2023, cuando simpatizantes de Bolsonaro atacaron las sedes de los poderes del Estado en Brasilia, “incentivados” por el expresidente y sus colaboradores, dijo Gonet.
La Policía Federal ya recomendó inculpar a Bolsonaro
en otros dos casos: por obtener un certificado de vacuna contra el covid-19 fraudulento y desviar artículos de lujo recibidos como obsequios cuando era presidente.
El plan de asesinato
El documento Puñal Verde Amarillo fue encontrado en poder del general de reserva Mario Fernandes, quien se desempeñó como secretario general interino en el gabinete de Bolsonaro desde octubre de 2020 hasta el final de su mandato. Según la policía, contenía un plan para secuestrar y posiblemente asesinar a juez Alexandre de Moraes, asesinar al presidente Lula da Silva y al vicepresidente Geraldo Alckmin.
En el caso de Lula, el plan menciona la posibilidad de “envenenamiento o uso de productos químicos/medicamentos que provoquen colapso orgánico”.
El documento también tenía varios detalles de cómo se llevarían a cabo las ejecuciones, incluidas las armas que se utilizarían, como una ametralladora y un lanzagranadas.
De acuerdo con la acusación, en la aplicación de mensajería Signal se creó un grupo llamado Copa 2022. Los implicados utilizaron líneas telefónicas a nombre de terceros y adoptaron nombres de países en las conversaciones, como Alemania, Argentina, Austria, Brasil, Japón y Ghana.
El 15 de diciembre hubo un intenso intercambio de mensajes en torno al seguimiento que se hacía a Alexandre de Moraes, a quien pretendían matar a tiros.
Lo que viene para Bolsonaro
La denuncia contra Bolsonaro y sus aliados ahora está en manos del juez relator Alexandre de Moraes, a quien le corresponde dar a las partes un plazo de 15 días para responder.
Luego, la Primera Sala del STF decidirá si se acoge o rechaza la denuncia de la Fiscalía. Si los jueces entienden que hay indicios de que se cometió un delito, se aceptará la denuncia y Bolsonaro pasará a ser acusado de manera formal, con lo que se dará inicio al juicio.
La agencia EFE informó que fuentes judiciales prevén que el juicio terminará este mismo 2025, para evitar entrar al 2026 con la causa abierta y contaminar las elecciones de octubre de ese año.
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