Una cosa es que la deuda política haya sido la excusa más a mano que encontró el gobierno para autorizar las reformas exprés a la Constitución en el término de una sola legislatura, y otra es que los partidos políticos no deben transparentar todo lo relativo a su financiamiento no sólo público sino al proveniente de actores privados. El recurso a lo primero como contenido para la propaganda no significa que lo segundo no sea un imperativo ético y una de las limitadas garantías con las que la población cuenta para asegurarse que los partidos políticos son sus representantes y no sólo la expresión de otros intereses, lícitos o no.
Si el oficialismo está así de interesado en ahorrarle a la nación ese dinero y cerciorarse de que esas decenas de millones de dólares del último cuarto de siglo fueron usados estrictamente en la dinámica partidaria, la mejor medida de gobernanza es abrir las cuentas del mismo partido de gobierno, obligar a sus institutos aliados a hacer lo mismo e invitar a Arena y al Fmln a corresponder con compromiso moral la confianza que los electores les tuvieron en los periodos anteriores, cuando cada voto se tradujo en dólares para la administración de esas dos entidades.
Sería una medida de buen gobierno si se considera además que a partir de ahora, ninguna fuerza política podrá actuar si no es desde las contribuciones privadas; si el oficialismo está así de confiado de sus financistas, es importante que la población sepa quiénes son, cuánto aportaron para las anteriores campañas electorales y que se le garantice que no se vieron beneficiados desde entonces. Es una de las pólizas que la ciudadanía requiere de cara a los venideros comicios.
Al otro lado de esta situación está la partidocracia tradicional, que sufre los que podrían ser sus últimos dolores a menos que se renueve. El ejemplo más reciente lo da el partido Arena, en cuyo debilitado seno se fragua un enfrentamiento, con mutuas y públicas acusaciones entre sus principales líderes. En el fondo, se cuestiona qué fue del financiamiento que el Estado le dio a ese partido no sólo en la época en que dominó el espectro electoral sino en los últimos años; además de ser tácticamente un suicidio, insumo idóneo para la narrativa oficial, lo que sorprende es la reciedumbre a rendirle cuentas a sus correligionarios en primer término, y en segundo a las personas que recién les dieron su apoyo contra viento y marea para garantizarles una municipalidad y dos curules.
El contexto histórico y la lógica del proceso político salvadoreño justificó ese vínculo entre el Estados y los partidos políticos, el de financiar la iniciativa que ciudadanas y ciudadanos tuvieran de asociarse, organizarse y fundar personas jurídicas con el objetivo de participar en la discusión pública y competir electoralmente por el poder; la atmósfera autoritaria ha profundizado ese contexto y lejos de combatir, vuelve más potente esa lógica. Lamentablemente, la pésima actuación, la defraudación a los intereses nacionales y los delitos cometidos durante esos gobiernos le granjearon a los partidos políticos en general y a los hoy opositores en particular la animadversión de las mayorías. 

Pero cuando de esas mismas mayorías nazcan nuevos movimientos, con inquietudes y reivindicaciones auténticas, resultado del mismo proceso histórico, ¿qué posibilidades tienen de encontrar financiamiento? ¿Es o no es competencia del Estado que la nación sufra a futuro de esos obstáculos para organizarse, expresarse y disentir de los actuales administradores del aparato de gobierno? La respuesta no puede ser decisiva, depende de si quien responde es funcionario, correligionario oficialista, opositor, ciudadano, activista. Pero ya fue respondida, en atención a intereses que no son de ninguna manera los de la mayoría de los salvadoreños.