Con unas emocionadas palabras, el congresista estadounidense James P. McGovern resumió las impresiones que una delegación de ese órgano realizó recién a San Salvador, y aseveró que “el estado de excepción es usado como una herramienta de persecución política. Según el funcionario norteamericano, con las medidas extraordinarias y limitación de derechos constitucionales, el gobierno ataca “a sindicatos, opositores políticos, periodistas y grupos de la sociedad civil”.
El político estadounidense, una persona familiarizada con El Salvador desde que lideró una comisión senatorial que investigó hace treinta y cinco años la muerte de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus colaboradoras, consideró que “el nivel de miedo, intimidación y autocensura” que percibió en El Salvador “es comparable al que había durante los años de la guerra”.
Si bien la afiliación del congresista demócrata con algunos políticos y personajes de la izquierda salvadoreña invitará a algunos a descalificar sus opiniones, a considerar que no es un observador imparcial o a que la suya es una reacción coyuntural debido a la presunta cercanía de la administración Bukele con el círculo del próximo presidente estadounidense, ya se ha señalado en este artículo la relevancia de sus anotaciones porque ha visitado muchas veces el país desde el conflicto armado hasta la firma de la paz y la construcción del orden democrático.
Pero, sobre todo, es importante porque mientras la ciudadanía se acostumbra paulatina y subrepticiamente a un retroceso en el sistema de libertades, a partir de la pérdida de algunos centímetros del espacio democrático que luego se convierten en pulgadas y después en metros por inercia, implacable y cotidianamente, una persona que ya conoció los rostros de la vida política nacional en sus idas y venidas en esas décadas puede advertir lo que se ha ganado y lo que se ha perdido con rapidez y sin matices.
Intencionado o no, hay un timing en las declaraciones, a un mes y medio de que ocurra un nuevo terremoto político en Washington y que Trump desate tempestades diplomáticas, resetee el mapa de las relaciones internacionales y permita, por comisión, pero en especial por omisión, el recrudecimiento del autoritarismo, del populismo y del discurso conservador en varios polos de América Latina. Se entiende que El Salvador será uno de ellos, y de ahí la dramática reflexión del observador, con el pregón de que “Estados Unidos debe ser una voz a favor de los derechos humanos en el mundo” y que se deben “hacer las cosas bien en lugares como El Salvador, donde tan claramente no logramos estar a la altura de nuestros ideales”.
Pocas cosas cambiarán en el restante mes y medio de administración demócrata, que a los salvadoreños que durante este cuatrienio hicieron las veces de sus interlocutores por default solo le queda desearles suerte y rendir algunas declaraciones postreras; la tibieza exhibida en los últimos meses, el saldo del proverbial pragmatismo norteamericano deben ser lamentados doblemente en este momento. Por eso McGovern sostiene que no se estuvo “a la altura”.  
Hay un detalle final en las expresiones del congresista. Subraya que la economía salvadoreña está en picada y anticipa que  “los regímenes autoritarios y el estancamiento económico expulsan a los migrantes en busca de una vida mejor, a menudo a nuestra frontera sur”. Ese será el eje alrededor del cual se teja la relación del próximo gobierno de los Estados Unidos de América con el salvadoreño, no el de los derechos humanos ni las garantías democráticas.