Que uno de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia haya sido electo por los diputados oficialistas pese a que figura en la lista Engel de aquellos actores de la vida política salvadoreña a los que el gobierno de los Estados Unidos de América califica como corruptos o antidemocráticos es significativo. El solo hecho de que un profesional del derecho sea objeto de esa valoración y de las consiguientes sanciones –pérdida del visado norteamericano, prohibición de ingreso a territorio norteamericano y un tácito bloqueo financiero– es grave; sin embargo, a los parlamentarios no les pareció que esta descalificación riña con la “moralidad y competencia notorias” que la Constitución de la República exige entre los requisitos para participar en el máximo tribunal nacional.

Lamentablemente, no hubo discusión en el proceso de elección de los nuevos magistrados, una de las características del proceso que ha despertado críticas y recelos. Si en el pasado era obvio que los partidos mayoritarios se repartían cuotas en esa institución, hoy es obvio que se buscan perfiles que garanticen la “gobernabilidad” para la cúpula política, es decir, que comulguen con las ideas oficiales y garanticen su colaboración.

En otras circunstancias, antes de ser reelecto para la Corte Suprema de Justicia, el magistrado en mención habría sido cuestionado acerca de la inacción del colegio de sus colegas y suyo propio sobre el artículo 240 de la Carta Magna, en el que se establece la presunción de enriquecimiento ilícito, su opinión sobre el inexplicable aumento del patrimonio de algunos funcionarios y si no sería oficioso no solo presionar a aquellos que no declararon al inicio de la administración anterior sino a todos los ministros que transitaron de un quinquenio al otro, porque el plazo de sesenta días para que lo hicieran no dependía de su continuidad en la cartera o institución respectiva.

Pero los diputados que entrevistaron a los candidatos creyeron que era de mayor utilidad pública saber si apoyan el matrimonio igualitario, su posición sobre una eventual –y ambigua– reforma constitucional o la prolongación del régimen de excepción, como si las opiniones de los togados acerca de la Constitución de la República fueran superiores a su necesario conocimiento del articulado.

El desplazamiento de las prioridades en el órgano judicial es evidente, con el servicio a la población más necesitada ya no en el centro sino en la periferia, la adopción de un rol secundario en el desarrollo de las estrategias de seguridad, con absoluta abulia en el análisis constitucional, y el inminente despido de un porcentaje sensible de su planilla laboral como carta de cambio para la continuidad de algunos de sus líderes.

Si este es el quinquenio en el que el gobierno se concentrará en la economía, en atraer inversión extranjera directa, en promover al país como un destino seguro para que el capital extranjero apueste y arriesgue, la pregunta es automática: una elección de Corte Suprema bajo estas condiciones e incluyendo a protagonistas con ese ingrediente original ¿es útil o es un contratiempo para esos objetivos? La obviedad es retórica, porque evidentemente hay otros intereses y propósitos más caros e importantes para el corazón de la burocracia cuya defensa justifica los vicios en el proceso de elección de los magistrados amén de su resultado.