El proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se acerca a su punto final, y por ello reiteramos que los profesionales elegidos deben cumplir los requisitos fundamentales de moralidad y competencia notorias que exige la Constitución para el más alto cargo al interior del Órgano Judicial. La actual Asamblea Legislativa no tiene excusas para incumplir con ese requisito, así como debidamente fundamentarlo por escrito y en un acto público de frente a la ciudadanía.

Cada tres años, la Asamblea Legislativa se encuentra en la obligación de renovar parcialmente la conformación de los magistrados de la CSJ, y en este caso, la Asamblea liderada por el partido Nuevas Ideas elegirá los jueces para llenar las siete vacantes de los 15 magistrados propietarios, puesto que cinco le corresponde naturalmente a esta legislatura y dos más ante la renuncia de un magistrado en 2022 y el fallecimiento de otro en 2023. 

Al finalizar esta elección, el partido Nuevas Ideas habrá elegido a los 15 magistrados de la CSJ: los jueces que corresponden al período 2024-2033; los jueces del período 2021-2029; y los jueces del período 2018-2027, de forma inconstitucional. Cabe recordar que estos jueces fueron destituidos inconstitucionalmente el 1 de mayo de 2021 en el primer día de esa conformación de la Asamblea liderada por Nuevas Ideas, y sin seguir el debido proceso estipulado en la Constitución y leyes correspondientes. 

Sobre el proceso de elección de este año, al interior de la Asamblea Legislativa se advierten señales y prácticas contrarias a los principios constitucionales. La falta de divulgación de los perfiles de los candidatos, o de mecanismos para elegir a quienes de verdad cumplan con ser personas intachables (moralidad notoria) y los perfiles técnicos del más alto nivel jurídico (competencia notoria). Además de observar un ejercicio de entrevista sin un listado de preguntas estandarizado o plazos definidos, hacen prever que nos acercamos a un resultado similar a las prácticas del pasado: la elección de abogados sin independencia real de los partidos políticos, Órgano Ejecutivo o grupos de la sociedad. 

Sabemos que este año la elección de magistrados para la CSJ es una tarea muy difícil, puesto que a la complejidad usual se suma el altísimo nivel de concentración política en un solo partido político. No obstante, desde el Centro de Estudios Jurídicos no dejaremos de insistir hasta el último día en que la Asamblea Legislativa cumpla con el rol que la Constitución le impone en cuanto a la elección de magistrados. 

Magistrados probos, capaces, independientes del poder público y de los demás Órganos del Estado son la primera garantía que la justicia no será vendida, y garantizan una administración de justicia técnica e imparcial, lo cual afecta directamente los derechos de toda la población. Es de vital importancia dada la vigencia del régimen de excepción prorrogada de forma consecutiva desde hace treinta meses, y con múltiples señalamientos de violaciones a inocentes, así como de incumplimientos a órdenes judiciales por autoridades de centros penales y policiales. Además, una justicia independiente es una característica esencial para asegurar certeza jurídica para la inversión nacional y extranjera, tal como lo señalan investigaciones académicas, instrumentos legales, e instituciones financieras internacionales. La Asamblea Legislativa aún está a tiempo de decidir acorde a la Constitución.