Tendremos otro temporal. Y en 139 km² anuncian que hay cincuenta comunidades con alta vulnerabilidad por las lluvias. ¿Cuánta gente vive en comunidades que tienen que enfrentar recurrentemente derrumbes, deslizamientos y desbordamiento de ríos y que ahora son administradas en el municipio de San Salvador Centro?

Según la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS), de los catorce distritos que conforman el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), cinco distritos concentran el 39 % de la población (708,000 habitantes). La mayor parte está en San Salvador (43 %), siguen Mejicanos (23 %), Ciudad Delgado (19 %), Cuscatancingo (10 %) y Ayutuxtepeque (5 %).

La OPAMSS tiene publicado el estudio titulado “Gestión Metropolitana Integrada: el caso del Área Metropolitana de San Salvador” (2022) desarrollado en el marco “de la toma de conciencia que Centroamérica es la segunda región en el mundo que más rápido se urbaniza”. El AMSS tiene políticas y legislación; el AMSS tiene doce instrumentos de planificación urbana elaborados entre 1968 y 2021; y el AMSS tiene un mapa de clasificación de usos de suelo con 2030 como horizonte del Esquema Director. Pero nada de lo que tiene el AMSS para planificar y ordenar el uso del suelo tiene carácter legal. Todos esos instrumentos, que seguramente exigieron varios miles de dólares, tienen carácter “de consulta”. Nada es oficial. Los instrumentos son a conveniencia. Las leyes seguramente se ignoran. Prevalecen los intereses particulares sobre el bien común. Y así se explica la vulnerabilidad de las comunidades.

Con el carácter de No oficial de todos los instrumentos, es imposible hacer realidad “una ciudad sostenible, inclusiva, competitiva y resiliente”. Hay inversión en gobernanza a través del diálogo y el fortalecimiento institucional pero los territorios son excluyentes, inseguros e insostenibles tal como lo ha demostrado la reciente semana de copiosas lluvias. En el pequeño espacio de 139 km², hay población con alta vulnerabilidad por las lluvias.

La respuesta y oferta del gobierno local se reduce a sesenta albergues. El 55 % de los albergues está ubicado en el distrito de San Salvador. Al resto le corresponderían 6 o 7 albergues a cada uno. ¿Con qué criterios se distribuyen? ¿Cuál es la capacidad instalada? ¿Cuánto cuesta al contribuyente hacer, mantener y rehacer los albergues cada año? La protección civil no debería ser recurrente. El monto y destino de los gastos para protección civil deberían darse a conocer considerando rubro y localización del gasto, aunque la práctica es de reserva total. Dinero justificado para gestión de riesgos y disminución de vulnerabilidad social en el AMSS se ha tenido. En dos años (2017-2018) el tema justificó un gasto de 2.7 millones de euros de la Agencia Andaluza de Cooperación y de la Unión Europea. ¿Qué cambió?

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ofrece un millón de dólares para las familias afectadas por las lluvias, siempre es para lo mismo: alimentos, agua potable, medicina... todo de emergencia y de solidaridad. Anuncian que el financiamiento puede destinarse a construcción y rehabilitación de vivienda. ¿Hay terreno estatal para reubicarlos? El dinero talvez alcanza para alrededor de 40-50 viviendas decentes. Hasta ahora no se conocen nuevas, viables ni agresivas ideas, para resolver el problema estructural de vivienda vulnerable.