Una ligereza le costó al presidente argentino Javier Milei verse relacionado con una estafa millonaria y que sus opositores olfateen sangre en la imagen del político libertario. Es el más reciente ejemplo de por qué las comunicaciones de las personas que ocupan un cargo público deben someterse a un protocolo y a unos estándares mientras sean funcionarios.
Milei creyó útil exhibir su apoyo para una criptomoneda, un proyecto privado que en cuestión de horas reportó millones de pérdidas para inversionistas no sólo en Argentina sino que en diversas partes del mundo; es lógico creer que muchos de los capitalistas que bucean en la economía digital en pos de oportunidades se fiaran del criterio del mandatario, entre otras cosas porque cuenta con información privilegiada que lo vuelve un asesor recomendable.
La estafa necesitaba de un gancho; Milei fue el gancho, y luego de subir su valor desde algunos centavos hasta casi los cinco mil dólares, los tenedores originales de la criptomoneda aprovecharon la burbuja, vendieron y aquellos que compraron durante la fiebre desatada por el presidente vieron luego como el valor del activo se derrumbó. En cuestión de unas pocas horas, se perdieron más de cien millones de dólares.
¿Hasta dónde se le permite a un funcionario de elección popular valerse de su cargo, del acceso a data confidencial connatural a su puesto, de la visibilidad que le da ocupar una alta magistratura para beneficiarse en su patrimonio? ¿O para recomendar productos y/o servicios, el servidor público tendría que incluir en cada una de sus intervenciones un "disclaimer" acerca de que no está prevaliéndose de su trabajo?
Esta conversación es vecina de otra mucho más amplia: al publicar en las redes sociales, un diputado, una alcaldesa, un ministro ¿se representa a sí mismo o a la institución? Si bien el derecho de la ciudadanía a opinar es inalienable, ¿hasta dónde llegan las barreras y marcos de conducta? ¿La sociedad está lista para distinguir entre los perfiles públicos y los privados de una misma persona? Y en simultáneo, de vuelta a Milei, ¿a los personajes les interesa que se diferencie entre el individuo y el funcionario o les resulta más rentable mantener esa línea en la mayor ambigüedad posible?
Lo borroso de esa frontera supone otros conflictos, como puede constatarse en lo internacional o en lo doméstico. Para el caso, a la vez que algunos en la administración salvadoreña se lucran de un estatus cercano al de las celebridades promoviendo industrias, negocios o ideas con fines comerciales sin aclarar que no lo hacen desde su rol público, otros bloquean a las personas que les hacen preguntas acerca de sus decisiones políticas porque son "sus redes".
Detrás de esas conductas que pueden calificarse de niñerías hay un modo de pensar extendido en la nueva clase dirigente: que el gobierno, las instituciones y los funcionarios pueden saltar de lo público a lo privado a conveniencia, que se puede ser empresario y servidor público y gozar de lo mejor de dos mundos sin rendir cuentas, o rindiendo pocas, o dándolas dentro de siete años. Es la trivialización de la política en su máxima expresión, como si trabajar para el Estado, y ni decir en países tan pobres como la mayoría de América Latina, fuese una labor cualquiera y no el máximo reto, el máximo compromiso y la más delicada oportunidad.