Con esta nueva emisión de Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) reportada en marzo, la deuda que el gobierno tiene con los cotizantes asciende a $1,519 millones. Economistas ven preocupante financiamiento de otras áreas.
El dinero sigue tomando prestado dinero de los cotizantes.
La cuenta por pagar que el gobierno tiene con los cotizantes de las AFP sigue creciendo cada mes. Según datos del Banco Central de Reserva, en marzo, el gobierno agregó $121.7 millones en Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) a la millonaria deuda que acumula desde 2006 y que, lejos de reducirse, se agranda cada año.
Con este nuevo préstamo, el saldo total de la deuda de pensiones alcanza la cifra récord de $1,519 millones.
El dinero del que toma prestado el Ejecutivo es el ahorro que los trabajadores activos de las AFP mantienen en sus cuentas personales y que servirá para pagar su jubilación, una vez que cumplan con los requisitos de ley.
Este fondo es, hoy por hoy, la principal fuente de financiamiento del sistema de pensiones público, cuyas reservas se acabaron en 2002 y deben seguirse liquidando a través del ISSS e INPEP.
Según el último informe disponible, hasta abril de 2023, sobre el número de jubilados del sistema público, habían 56,424 jubilados por vejez, 116 jubilados por invalidez y 31,528 jubilados por sobreviviencia, es decir, un total de 88,068 cuyas pensiones se financian con ahorros de los cotizantes del sistema privado.
Sin embargo, la financiera inglesa Barclays, publicó en marzo que este mecanismo de deuda también está financiando otros gastos que no son precisamente el pago de pensiones.
“Sospechamos que el sistema de pensiones está financiando al gobierno a través de planes de préstamo por medio del nuevo organismo de pensiones (Instituto Salvadoreño de Pensiones) y bancos comerciales”, señaló la compañía.
El economista Rafael Lemus ha denunciado que hay indicios de que la administración actual ha hecho una triangulación para hacer llegar al gobierno al menos $800 millones a través del Banco Hipotecario y el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP).
Esto, debido a que en 2023, el Banco Hipotecario (que es un banco estatal) emitió alrededor de $225 millones en bonos en la bolsa de valores salvadoreña, y los informes bursátiles muestran que los fondos de pensiones, a través de las AFP, han sido los principales compradores de estos instrumentos.
Hasta la fecha ningún funcionario de gobierno se ha referido a este mecanismo de financiamiento que señala Lemus.
Finanzas hacia 2027
La deuda de pensiones sigue siendo uno de los grandes desafíos financieros para las finanzas públicas, pues forma parte de los pasivos del Estado y por tanto, del análisis de las agencias calificadoras, que mantienen su vigilancia en la capacidad de pago del país para los próximos años.
La agencia de calificación de riesgo Fitch Ratings, que confirmó esta semana la calificación CCC+ para El Salvador, señaló en su informe que las necesidades de financiamiento del país son del 13.8% del PIB este año y de ella “un gran componente de las necesidades de financiamiento se refiere a pasivos relacionados con las pensiones que el gobierno continúa financiando a través de fondos de pensiones privados”, señaló.
Fitch, que incluye los pasivos relacionados a las pensiones, en sus métricas fiscales, señaló que la deuda del sector público no financiero alcanzó el 84.9% del PIB en 2023, frente al 77.1% en 2022.
El año pasado el gobierno realizó un canje de deuda de pensiones: un total de $8,396.81 que había prestado desde 2006 a través de Certificados de Inversión Previsional (CIP) se trasladó a una nueva figura llamada Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). La deuda se pasó a largo plazo y se le dio 4 años de gracia para que el gobierno pague tanto el capital como los intereses a partir de 2027.
De esta forma borró de sus cuentas fiscales esos $8,396.81 millones, pero los pasivos siguen estando en las cuentas nacionales que el Estado está obligado a pagar.
En abril, el gobierno por fin salió a los mercados internacionales a emitir $1,000 millones en deuda, de los cuales solo concretó la colocación de $908 millones que, además, se prestaron a una tasa implícita del 12%.
Para la analista de Santander US Capital Markets LLC, Siobhan Morden, “el escepticismo de los inversores es comprensible después del deterioro fiscal de las cuentas de pensiones durante el año pasado”, lo que ha elevado el déficit fiscal a aproximadamente el 5%.
Será justamente en 2027 que el Ejecutivo tenga que comenzar a pagar capital e intereses de la deuda que puso en pausa por cuatro años, pero además se juntará con los COP que está emitiendo actualmente y por lo cual su saldo de deuda se elevará significativamente.
Según los cálculos de Lemus, a 2027, la administración estatal tendría un saldo total de cerca de $12,500 millones (entre COP y CFT) de los que tendrá que comenzar a pagar una tasa de interés de 7%.
“En 2027 el gobierno tendría un saldo de cerca de $12,500 millones. Ahí va a empezar a sentir los flujos de pago pues pagará los COP y también los CFT”, señaló anteriormente el economista Rafael Lemus.
El economista y expresidente del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, dijo hace unas semanas, en una entrevista televisiva que el Estado está obligado a pagar esta deuda, como cualquier otra que ha adquirido con otros inversionistas.
Su respuesta se origina tras las dudas de que este no tenga capacidad para pagarles a los cotizantes en los próximos años y se apropie de los fondos.
1. Toma dinero desde 2006
El gobierno toma dinero prestado de los cotizantes desde 2006 cuando creó el Fondo de Obligaciones Previsionales (FOP). Lo hizo porque las reservas del ISSS e INPEP se habían agotado y no había dinero para pagar las pensiones de los jubilados.
2. Lo usa para pagar a jubilados públicos
La medida fue obligatoria para las AFP. Estas tenían que comprar Certificados de Inversión Previsional (CIP) para que el gobierno pudiera pagar a los jubilados del sistema público (ISSS e INPEP). Así, el Ejecutivo se endeudó con los cotizantes.
3. Bajas tasas de interés
Uno de los grandes problemas fue que la tasa LIBOR que se usaba para pagar intereses, cayó al mínimo (0.56% en 2009) y los cotizantes no ganaban nada. En 2014 la Sala de lo Constitucional ordenó al gobierno modificar la ley y pagar más a los cotizantes.
4. Daños incorregibles
Pero cuando el gobierno aumentó la tasa de interés en 2017, más del 60% del fondo de pensiones (unos $3,500 millones) ya se habían prestado a tasas de interés bajas. La Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones dijo que el daño “era incorregible”.
5. Mayor margen para usar fondos
Antes de 2022, el gobierno solo podía tomar prestado un máximo del 45% del fondo de pensiones para que el resto se invirtera en otros instrumentos financieros. Pero en 2022, ese límite se eliminó y ahora el Ejecutivo puede tomar la cantidad de dinero que quiera.
6. Mejores tasas de interés
Con las últimas reformas a la ley de pensiones, la tasa de interés ha mejorado, pero ahora la deuda del gobierno es cada vez más grande. El Estado está obligado a pagar el dinero cuando los ciudadanos se jubilen, pero economistas también temen que no cumpla su palabra.
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