El dato sobre el sistema de pensiones fue publicado en un documento del equipo técnico del FMI, tras el acuerdo con El Salvador. El CEJ pide “proteger los ahorros de los trabajadores” ante la próxima reforma de pensiones.
Los activos del fondo de pensiones, que son gestionados por las administradoras de fondos de pensiones (AFP), sumaban $14,900 millones en junio de 2024, de acuerdo con documentos publicados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras cerrar un acuerdo de financiamiento con El Salvador.
Este es uno de los primeros datos que se conoce sobre el estado del fondo de pensiones en casi dos años, pues la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) dejó de publicar información estadística sobre el sistema de pensiones a principios de 2023.
Hasta el cierre de esta nota (10 de la noche), la última información estadística disponible sobre pensiones en el portal de la SSF correspondía a abril de 2023.
El informe del equipo técnico del FMI, publicado este mes en su portal, destaca que “los activos bajo administración de las dos AFP ascendían a $14,900 millones”, lo que es el equivalente al 42% del producto interno bruto (PIB) del país, en junio de 2024.
El reporte del FMI también destaca que solo durante 2024 las contribuciones a las AFP alcanzaron los $1,500 millones, mientras que los beneficios pagados a las personas que se han ido retirando alcanzaron los $1,200 millones, “lo que implica un aumento neto de los activos administrados de alrededor de $300 millones”, indicó el FMI.
Otro aspecto que destaca el organismo en el documento es que debido a que la nueva ley de pensiones -aprobada en diciembre de 2022- obligó a las AFP a comprar todos los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) emitidos por el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), se estima que alrededor del 89% de los activos bajo administración de las AFP se mantienen en títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras.
“En la práctica, los ahorros del sistema privado de pensiones son la principal fuente de financiamiento del ISP”, indica el reporte del equipo técnico del FMI.
Los COP son títulos que emite el Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP) para obtener recursos y cancelar el pago de pensiones para el sector público, ya que este enfrenta un déficit. Los COP son adquiridos por las AFP.
“Todos los años, el Estado ha estado emitiendo papeles de deuda para obtener dinero que le permita financiar el sistema público, y esos papeles de deuda mayoritariamente los han estado comprando las AFP”, explicó el economista José Luis Magaña en una cápsula informativa sobre pensiones en el Canal TVX.
El fondo de pensiones surgió a partir de la creación del Sistema de Ahorro de Pensiones (SAP) en 1998. En la actualidad, está conformado por dos grandes fondos de pensiones que son administrados por dos AFP, y cada uno administra cuentas de ahorro individual -con aportes de trabajadores y patronos- y una cuenta de garantía solidaria (CGS). Esta última fue creada con la reforma de 2017.
El FMI ha informado que El Salvador debe de impulsar una nueva reforma “integral” de pensiones a más tardar en 2026 para corregir los déficits fiscales que enfrenta el sistema, sobre todo la deuda del antiguo sistema de pensiones, y así lograr su sostenibilidad en los próximos años.
Este lunes, y ante la inminente reforma, el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) urgió al Gobierno salvadoreño, en una columna de opinión publicada en LA PRENSA GRÁFICA, “a abrir el debate sobre el futuro del sistema con participación de expertos, sector privado y sociedad civil, cosa que no ha existido en ninguna de las reformas realizadas”.
El CEJ también pidió “tomar medidas concretas que protejan los ahorros de los trabajadores y aseguren su rentabilidad”.
Para este centro jurídico, la próxima reforma de pensiones debe “restablecer un límite estricto al financiamiento del gobierno con los ahorros de pensiones, garantizando que la inversión de estos fondos se realice en instrumentos seguros y rentables; también se debe permitir una mayor diversificación en la gestión de los ahorros, en sectores productivos que generen mejores rendimientos”.
Por su parte, el economista Rafael Lemus subrayó que, a diferencia de 2022, la próxima reforma de pensiones debe ser “integral”.
En su opinión, una revisión del sistema debe de abordar “distorsiones gruesas”, pues, según recordó, cuando el SAP arrancó la cotización era de “13 puntos respecto al salario del trabajador y 10 puntos iban a la cuenta de ahorro; hoy se cotiza 16 puntos y van 9 puntos a la cuenta de ahorros”.
El FMI como primer paso para la próxima reforma la elaboración de un estudio actuarial, este documento debe ser presentado en julio de este año.
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