Es una discusión técnica, y la mayoría de la población aún pasa de largo de ella, pero eventualmente se instalará en el centro de la conversación pública: la deuda pública no ha hecho sino subir de modo acelerado hasta unos niveles en los que la política económica nacional se verá marcada de manera fuerte por las presiones de la banca multilateral.
Desde el cierre de 2019, el crecimiento de la deuda como porcentaje del producto interno bruto fue de 19 puntos, y casi seis puntos entre 2023 y 2024, lo cual describe la falta de cuidado con la que se han manejado las finanzas públicas. Después de que la pandemia subrayó las debilidades nacionales y cuáles debían ser las prioridades de inversión en función de los más vulnerables, se requería de un enfoque integral y de someter a revisión cualquier preconcepto. En su oportunidad, el Banco Mundial enlistó como los principales retos de El Salvador aumentar la productividad, atraer inversión extranjera directa, diversificar la economía y, en especial, reducir la pobreza y la desigualdad.
A cambio, se actuó con ligereza en el gasto, el tamaño del aparato del Estado aumentó, se insistió en proyectos de infraestructura de cuestionable necesidad, en propaganda y en la discrecionalidad en el gasto de las autónomas, todo bajo un manto de opacidad que se extendió a buena parte de la institucionalidad. Desde la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información Pública, esta es la época con más reservas a favor del gobierno. No es casual que el quinquenio de mayor endeudamiento sea también el de mayor secretividad.
El gobierno renegó todo lo que pudo de su realidad financiera, de lo endeudado que se encuentra el Estado e incluso prometió un ejercicio fiscal 2025 "completamente financiado" sin necesidad de emitir un solo centavo de deuda para la cancelación de pagos corrientes. La nación accede hoy a estos datos sólo porque el Fondo Monetario Internacional presiona al oficialismo a transparentar la administración de las finanzas públicas como condición para un programa por un mil 400 millones de dólares.
Si bien los especialistas ya sabían que la situación era delicada, los datos validan la tesis de que el rumbo de la gestión económica no es el correcto y de que se requiere una visión madura y más responsable. En el corto plazo, por supuesto, que el endeudamiento continuará, se necesitan más recursos financieros para cubrir las obligaciones de operación del aparato del Estado; la convicción del gobierno de seguir reduciendo su tamaño a partir del cierre de algunas entidades o de la fusión de otras no está articulada, como lo reflejó la reciente experiencia con una veterinaria y dos entidades dedicadas a la protección animal. Tampoco está claro si el oficialismo se abstendrá de continuar dilapidando recursos en asistencialismo populista y en propaganda.
A largo plazo, el escenario es atemorizante a menos que se trabaje en una política fiscal y de deuda pública congruente con las capacidades reales de la economía, de una fiscalización espartana en el manejo de los recursos propios y los obtenidos vía préstamos y de que los actores políticos tengan la altura y capacidad necesarias para presentar presupuestos aterrizados previa identificación y discusión nacional sobre los objetivos y prioridades en base a las necesidades de la población. Quizá entonces El Salvador pueda aspirar a una deuda pública que sea manejable y no un factor de vulnerabilidad económica como en este momento.