La revitalización del Centro Histórico es un proyecto que resume lo que está pasando en El Salvador, una matriz en la cual figuran los principales ingredientes de esta coyuntura: éxito de la política de seguridad, recuperación del control territorial del Estado, del espacio público de parte de la clase media, aparición de nuevos grupos empresariales y exclusión y falta de oportunidades para los sectores más vulnerables.
Durante más de una década, el corazón de la ciudad capital se vio secuestrado por la dinámica pandilleril; numerosas historias daban cuenta de las fronteras poco claras entre los territorios de una y otra facción criminal y de lo caro que le resultó a tal o cual transeúnte haber ignorado esas líneas imaginarias. El control de la mafia era abrumador y le permitió mantener extorsionados a cientos de vendedores y comerciantes en esa zona, y a desarrollar sus actividades -narcomenudeo, receptación, contrabando- a sus anchas.
El crecimiento urbanístico caótico, la falta de liderazgo edilicio y la imposibilidad de desarrollar políticas de reordenamiento del transporte colectivo y de los vendedores ambulantes y comercio informal a través del tiempo facilitaron el influjo de los delincuentes en la zona; con el paso de los años se activó un ecosistema en el que ante el intermitente interés de la fuerza pública, las víctimas les servían de camuflaje a los victimarios.
Ser propietario de tierra en el Centro Histórico se volvió cada vez menos atractivo, se debía lidiar con la informalidad, con la delincuencia y con la deficiencia de algunos servicios públicos; pocas personas jurídicas o naturales invirtieron en mejorar sus propiedades, lucía como un ejercicio ocioso de cara al futuro. Y ese abandono también abonó a la instalación de un escenario subterráneo dominado por los delincuentes.
El giro que llevó a esa zona abandonaba ser hoy uno de los lugares más promocionados y visitados del país fue el régimen de excepción. La medida, a la que el gobierno recurrió en reacción a la agresión terrorista de hace poco menos de tres años, le permitió llevar a la práctica los planes de reordenamiento urdidos hace algún tiempo, con la seguridad de que pocos transportistas y aún menos vendedores callejeros se animarían a enfrentarse a las fuerzas del orden. La efectividad de los desalojos alentó al Estado a continuar; las quejas y angustias de los miles de personas que vivían de la informalidad en esas cuadras y calles no tuvieron suficiente eco entre la sociedad, y en un tiempo récord, decenas de avenidas y pasajes fueron desocupados sin ninguna resistencia.
La ciudadanía también jugó un papel importante en la recuperación del espacio público pero de manera paulatina su rol cambió y en la medida que inversionistas internacionales, nuevos grupos empresariales y el capital tradicional se hicieron a partes iguales de esa zona antes devaluada, hoy conviven ahí un concepto de consumo suntuario con el tradicional de experiencia cultural y popular. Pero esta segunda sigue a la baja porque el Centro Histórico es uno de los espacios más vigilados de la capital y es poco probable que la sociedad civil lo elija como sitio para sus concentraciones y demostraciones.
El Centro Histórico es un lugar más seguro, sin duda, y es de manera inesperada un sector de la ciudad en el que se genera riqueza; pero para asegurar condiciones atractivas para los inversionistas, el Ejecutivo y los entes relacionados con la administración de ese espacio le quitaron su fuente de subsistencia a miles de personas de los estratos populares, sin ofrecerles ninguna alternativa. Esa dinámica de lo público al servicio de lo privado, a costa de los más vulnerables, es uno de los modos en los que se puede leer a El Salvador.