En El Salvador hay, actualmente, 107,055 personas privadas de libertad, según el Censo de Población y Vivienda 2024, de los cuales 94,112 son hombres y 12,943 mujeres. Tomando en cuenta que hay 6,029,976 de habitantes en el país, esto arroja que el 1.8 % de la ciudadanía salvadoreña se encuentra en algún centro penal o bartolina.

Esta tasa de privados de libertad (1.8 %) es la más alta desde que se instauró el régimen de excepción, en marzo de 2022, y confirma que El Salvador se mantiene como el país con la estadística más alta de reos en América, con 1,776 por cada 100,000 habitantes.

En el Censo realizado por el Banco Central de Reserva (BCR), cuyos resultados están disponibles en su sitio web, los 107,055 privados de libertad están catalogados como “registro administrativo” y la cifra es solo un poco más baja que los 143,049 habitantes de Cabañas y los 161,857 residentes en San Vicente.

El presidente del BCR estuvo ayer por la mañana en la entrevista televisiva de Frente a Frente, pero no explicó por qué los capturados no son distribuidos en sus departamentos de origen. Únicamente confirmó que sí son tomados en cuenta dentro del total de población nacional, que son los 6,029,976 censados.

“El dato incluye a todos, nadie está excluido de este censo. Contamos personas inclusive que no tenían hogar, privados de libertad, no sólo de los penales, inclusive los que están en bartolinas, personas en orfanatos, asilos, conventos, personas enfermas, en hospitales”, declaró el funcionario en televisión abierta.

Previo al régimen, hasta inicios de marzo de 2022, el sistema carcelario de El Salvador contenía a cerca de 35,000 privados de libertad, pese a que solo tenía capacidad para 30,000. En enero de 2023, ya con la medida, se construyó e inauguró el Centro para el Confinamiento del Terrorismo (CECOT), que según el gobierno del presidente Nayib Bukele puede albergar un máximo de 40,000 reos, pero por hoy solo está a un 36 % de su capacidad.

Organizaciones sostienen que los niveles de hacinamiento en los otros penales superan el 300 %.

Cifras demuestran sistema punitivo

Verónica Reyna e Ingrid Escobar son defensoras de derechos humanos que trabajan de cerca con el fenómeno del régimen de excepción y los capturados.

Reyna labora para el Servicio Social Pasionista (SSPAS) y sostiene que las cifras del censo en cuanto a personas privadas de libertad confirman el enfoque punitivo del plan de seguridad gubernamental.

“Que este gobierno termine encarcelando tanta gente para mí es una muestra de la lógica bajo la que ellos entienden la forma de resolver los problemas, que es a través de la fuerza bruta y del castigo, sabiendo que hay muchas personas que están encarceladas de manera injusta y que no tienen pruebas contundentes contra muchos de los detenidos”, opinó Reyna.

Escobar es abogada y directora del Socorro Jurídico Humanitario y considera que las cifras son preocupantes porque muchas de estas personas están agrupadas en pocos centros penales.

“Se da el fenómeno de que las personas capturadas en el régimen están siendo enviadas a penales como Izalco, en malas condiciones y sin condenas. Mientras que los que ya estaban condenados previamente, la mayoría pandilleros, han sido enviado al CECOT en mejores condiciones”, expuso.

Reyna agregó que ante estos niveles de encarcelamiento no hay una respuesta concreta para solventar la saturación, pues los procesos judiciales se han alargado. “No es algo que deba alegrar al país”, concluyó la especialista.