Los familiares continúan a la espera de justicia y denunciando el estado de impunidad, pese a 41 años de la masacre. Las actividades se estarán realizando desde hoy en diferentes comunidades donde ocurrieron los hechos.
Foto LPG / Denis Argueta
Hoy se cumplen 41 años de la masacre de El Mozote y lugares aledaños, pese a ello, los familiares de víctimas, sobrevivientes y organizaciones de derechos humanos aún siguen esperando justicia del Estado.
Las diferentes organizaciones han llegado hasta El Mozote, en el departamento de Morazán, para realizar una serie de actividades en conmemoración de las víctimas y para acompañar a las familias. Estas se estarán desarrollando durante los siguientes días en otras comunidades como La Joya, Cerro Pando y Cerro Ortíz.
El 8 de diciembre pasado, las víctimas exigieron, en una carta abierta, poner fin a la impunidad sobre los crímenes de la guerra.
Pidieron al presidente de la República, Nayib Bukele, que ordene abrir los archivos militares; a la Asamblea Legislativa, que por medio de la Comisión de Justicia y Derechos Humano acelere la aprobación de una ley de justicia transicional que priorice a las víctimas; a la Corte Suprema de Justicia, que garantice la independencia de los jueces y juezas asignados en los casos; a la Fiscalía General de la República, que agilice las investigaciones y a los países amigos y organismos internacionales, a seguir atentos ante el estado de impunidad en El Salvador.
Las peticiones fueron manifestadas frente a Casa Presidencial en nombre de la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, el Grupo Gestor para la Aprobación de la Ley de Reparación Integral para Víctimas del Conflicto Armado y la Comisión de Trabajo en Derechos Humanos Pro-Memoria Histórica.
El 1 de noviembre de este año, el Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en Morazán, reanudó el proceso de la masacre de El Mozote y lugares aledaños con la declaración de testigos.
En el caso hay 15 imputados. En un inicio eran 17, pero tres ya murieron y luego hubo una imputación hacia el jefe del Conjunto Tres del Estado Mayor General de la Fuerza Armada.
David Morales, quien acompaña el caso en representación de las víctimas, lamentó que las familias tengan una retardación de 41 años por responsabilidad de un Estado que no ha actuado. “Es preocupante que el caso se vaya prolongando en el tiempo, como parte acusadora creemos que ya debería irse cerrando porque hay suficientes pruebas”, destacó.
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