
El Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) dijo que los sectores más afectados, con el cierre de las escuelas, son las zonas rurales, donde el acceso a la educación se vuelve más complicado.
El Frente Magisterial Salvadoreño (FMS) denunció el cierre de al menos 19 centros escolares -aunque precisan que pueden ser más- en varios puntos del país, entre ellos zonas rurales.
La secretaria del FMS, Idalia Zúñiga dijo que los cierres de las escuelas afectan especialmente a comunidades de escasos recursos, donde los niños deben recorrer largas distancias para acudir a una institución educativa. Además, criticó que estas acciones ocurren en un contexto de reducción presupuestaria y despidos masivos dentro del sector educativo.
Educación recibirá este año un monto de $1,535.7 millones. Esto es $31 millones menos comparado con el año 2024, cuando se le aprobaron $1,566.8 millones.
“Estamos viendo cómo a nivel nacional se están cerrando centros escolares y es una preocupación porque son en zonas rurales, en caseríos, en comunidades, en cantones, donde se están cerrando estos centros escolares. Ya tenemos un listado grande (de cierres de escuelas) desde Ahuachapán a La Unión (que han sido reportados) a inicios de este año y a finales del año pasado”, expresó Zúniga el pasado martes en el programa ¿Quién tiene la palabra? de la radio YSUCA.
Uno de los casos que destacó Zúniga en la entrevista fue el del Centro Escolar Caserío Copante, en el cantón Estancias de Cacaopera, Morazán Norte, que fue cerrado desde 2022 y dejó a 250 alumnos recibiendo clases en una casa comunal.
También expuso otros casos como el Centro Escolar Cantón Corralito, en Corinto, Morazán Norte, donde estudiaban 300 alumnos y ante el cierre han recibido las clases en corredores de casas particulares ante la falta de un espacio adecuado.
También se refirió al Centro Escolar Ignacia Cruz Castro, del caserío Amatitán, en Apulo, Ilopango, de San Salvador Este, cuya decisión de cierre la tomó el Ministerio de Educación (MINED), pues dijeron que en la institución se ha formado una cárcava y necesita intervención. Padres de familia lamentaron las pocas opciones que brindó la cartera de Estado para que los estudiantes iniciaran el año escolar.
El FMS aseguró que el MINED utiliza dos argumentos para justificar los cierres: la baja matrícula y la remodelación de infraestructura. Sin embargo, Zúñiga indicó que muchas de estas escuelas han sido desmanteladas, incluyendo la remoción de techos y pisos, sin evidencias de mejoras. Subrayó que las comunidades afectadas han sido testigos de “promesas incumplidas” por parte de las autoridades.
“Hay dos pretextos que veo yo que está utilizando el ministerio de Educación: uno, que van a remodelar, situación que ya hemos visto que no lo están haciendo y han utilizado a la DOM (Dirección de Obras Municipales) para ir a desmontar escuelas, quitándoles el techo, quitándoles el piso; dos, lo otro es la baja matrícula. Eso no es cierto, si hay 15 estudiantes esos 15 estudiantes tienen igual derecho que 30 estudiantes”, explicó Zúñiga.
LA PRENSA GRÁFICA consultó con otros sindicatos de maestros si tenían registros de centros escolares cerrados.
David Rodríguez, secretario de Bases Magisteriales, dijo que saben de bajas matrículas en algunas instituciones.
“Desconocemos las causas de cierre, pero en algunas escuelas las matrículas han bajado, en eso sí estamos claros. También sabemos que han cerrado secciones, pero no tenemos un dato concreto”, aseguró el representante de la gremial.
También esta redacción consultó al Sindicato de Docentes por una Educación para Todos (SINDOPETS), pero dijeron que tampoco tienen registros de instituciones educativas cerradas.
Mientras tanto, Zúniga advirtió que los cierres podrían incrementar el analfabetismo, especialmente en áreas rurales.
“Si un niño tiene que caminar tres kilómetros para asistir a la escuela, muchas familias optarán por dejarlo en casa”, mencionó. Añadió que esta situación amenaza con revertir los avances logrados en la reducción del analfabetismo en las últimas décadas.
El presupuesto asignado a Educación ha sido otra fuente de preocupación para los docentes. De acuerdo con Zúñiga, el recorte para este año ha generado dificultades para el mantenimiento de los centros educativos y para garantizar condiciones laborales dignas para los maestros.
Además, denunció despidos de maestros y personal administrativo en las Direcciones Departamentales, dependencias del MINED, una medida que, según Zúniga, agrava la precariedad del sistema educativo en el país.
“El año pasado estuvimos en las calles denunciando, no solamente exigir que no se congelara el escalafón, sino que también veíamos que la reducción al presupuesto va a causar serios problemas y serias dificultades en los centros escolares y es lo que nos hemos desayunado desde inicio de este año escolar”, señaló la lideresa sindical.
La gremial destacó que, en muchos casos, la decisión de cerrar estas escuelas no fue consultada con las comunidades afectadas, lo que ha generado descontento y un “sentimiento de abandono” entre los habitantes de las zonas rurales.
En 2022 Nayib Bukele hizo el lanzamiento del programa Mi Nueva Escuela y se comprometió a remodelar 1,000 escuelas por año.
En octubre de 2023, Bukele admitió el atraso y explicó que se reorientaron $451 millones de una partida presupuestaria del MINED hacia el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la DOM, delegándoles las remodelaciones de las escuelas.
Esta redacción envió este viernes un correo electrónico al titular del MINED, José Mauricio Pineda, para consultarle a qué se debe el cierre de las escuelas que denuncian los sindicatos. Al momento se espera una respuesta a la solicitud.
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