Entre los más de 4,000 empleados públicos despedidos por los recortes en Salud, Educación y otras instituciones del Estado durante 2024, hay cientos de personas que perdieron más que solo sus ingresos. Los más afectados han sido los trabajadores del sistema de salud, quienes han enfrentado graves complicaciones de salud por enfermedades crónicas que ya no pueden tratar en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.
Las afectaciones a empleados del MINSAL también les afecta en su derecho al acceso a la salud. /Foto: Luis Martínez
Entre las manos Mateo llevaba con cuidado un regalo, envuelto en papel de colores y adornado con un listón de papel. Era el cumpleaños de uno de sus hijos, pero antes de llegar a su casa debía asistir a una reunión en las oficinas del Sistema Básico de Salud Integral (SIBASI) del departamento de Sonsonate, a la que lo habían convocado fuera de su horario laboral.
Aquella invitación le extrañó. Entre sus funciones como promotor de salud estaba visitar comunidades, educar sobre prevención de enfermedades y brindar apoyo a personas con padecimientos crónicos. Llegar a las oficinas del SIBASI después de su jornada laboral, y por la llamada de uno de sus superiores, a las 3:40 p.m. del 23 de octubre de 2024, lo mantenía inquieto.
Mateo y los 19 trabajadores de la salud fueron despedidos después de intentar unirse a la marcha blanca del 19 de octubre, para protestar por la eliminación del escalafón y los recortes presupuestarios en salud y educación. Aunque la Policía Nacional Civil (PNC) les impidió llegar a la marcha, Mateo cree que su despido fue una represalia por oponerse a las medidas del Gobierno para asegurar el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI): recortes y racionalizar la masa salarial.
Mateo fue despedido a pesar de sufrir una enfermedad crónica, como otros muchos empleados públicos que también fueron cesados a finales del año pasado y que ahora enfrentan sus males sin acceso a tratamientos médicos.
Hasta el momento, no hay un número exacto de cuántas personas han sido despedidas en el sector salud por estas medidas; sin embargo, los sindicatos manejan que al menos durante 2024, ocurrieron más de 980 despedidos en hospitales, unidades de salud y direcciones regionales del Minsal.
El Movimiento por la Salud “Dr. Salvador Allende” ALAMES El Salvador y el Sindicato de los Trabajadores de la Salud (SITRASALUD) han denunciado amenazas de despidos y un acoso constante que ha impactado en la salud de los trabajadores del MINSAL.
“El personal de salud se siente amenazado constantemente. Los despidos injustos, ilegales y arbitrarios están a la orden del día”, aseguró Silvia Navarrete, secretaria general de SITRASALUD. No descartó que esto impacte también en su salud física, mental y emocional.
Mateo recuerda que al escuchar que su plaza como promotor de salud fue “suprimida”, sintió un fuerte dolor en sus oídos, mareos y su corazón se aceleró. Salió de la oficina departamental del SIBASI y regresó a casa, solo con el regalo y la promesa de una pronta indemnización. Recuerda que empezó a llorar debido a que ya no tenía empleo para sostener a su familia y sus propios gastos médicos.
Mateo tiene 52 años, y desde hace más de dos décadas fue diagnosticado con diabetes mellitus e hipertensión arterial. Estas enfermedades crónicas le han afectado la vista al grado de padecer oclusión vascular de la retina, lo que ha provocado una pérdida parcial de la visión.
“Cuando me diagnosticaron de la presión y de la diabetes todo iba saliendo bien por el medicamento, pero después se me empezó a nublar la vista, enseguida cambié de gafas, yo pensé que era solo problema de la vista; pero ahora ya no veo con el ojo izquierdo”, explicó.
Ser despedido significó en su caso no solo perder sus ingresos, si no dejar su tratamiento. En ese momento, Mateo solicitó al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) continuar recibiendo atención por cesantía, una prestación que debe brindar la institución a los usuarios que perdieron su empleo y que ya estaban en controles médicos al padecer una enfermedad crónica, o estaban recibiendo atenciones por alguna especialidad o cualquier patología.
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El Seguro Social, en su Portal de Transparencia, dice que las atenciones por cesantías deben brindarse por un año y que si un paciente recibe tratamientos por más de una especialidad deberá decidir el tratamiento que desea recibir por su padecimiento más importante.
Por ello, el beneficio del ISSS sólo cubre una de las especialidades médicas que necesita, y acabará hasta octubre de 2025. Mateo tuvo que elegir oftalmología debido al estado avanzado de su padecimiento en la retina; pero asegura que el tratamiento se vio interrumpido de todos modos. “Es como empezar de cero, lo mandan a uno de nuevo a comprobar el diagnóstico para obtener una certificación de salud”, explicó.
Por esta razón, ha optado por viajar a Guatemala cada tres meses, para recibir apoyo de una asociación médica sin fines de lucro. Sus gastos de viaje y alojamiento, sin embargo, ascienden a $250; mientras que los medicamentos para la hipertensión y la diabetes tienen un costo superior a los $25 mensuales. Esto, sumado a sostener a su familia, los gastos de los estudios de sus hijos y el pago de servicios básicos, lo han obligado a adquirir deudas, pedir prestado y hasta perder propiedades.
Mateo lamenta que por haber intentado asistir a una marcha le hayan suprimido su plaza que ostentaba desde hace más de 20 años. “En la pandemia poco faltó para que nos tiraran alfombras para caminar. Nos llamaban héroes de primera línea, pero ahora nos despiden por una marcha a la que ni pudimos llegar”, añadió.
Las personas despedidas han denunciado que el Ministerio de Salud ni siquiera les ha notificado oficialmente de sus despidos y que tampoco ha establecido una fecha en que les brindarán sus indemnizaciones, pese a que desde octubre no tienen un empleo formal.
“Solo nos han dicho que esperemos, y mientras tanto, estamos a la deriva en nuestra salud y nuestra economía”, afirma Mateo.
Los despidos del personal de Salud, según han denunciado sindicatos y el Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD), se han dado de manera arbitraria, y en contra de las leyes que protegen a trabajadores con enfermedades crónicas.
El artículo 308-A del Código de Trabajo establece que no pueden ser despedidos personas que padezcan enfermedades crónicas incapacitantes que requieren controles médicos frecuentes, rehabilitación o que necesiten atención técnica médica especializada.
En el caso de empleados del sector público, además, tienen derecho a no ser objeto de despido o destitución por padecer enfermedades crónicas incapacitantes que requieren controles médicos frecuentes, según el literal n del artículo 29 de la Ley de Servicio Civil.
Pese a estas prohibiciones, el Gobierno de Nayib Bukele ha despedido a trabajadores del sector público sin justificar las razones. Entre los despedidos hay cientos de empleados públicos con enfermedades crónicas según el MTD.
El representante de este movimiento, Héctor Rodríguez, indicó que en los últimos seis años de gobierno del partido Nuevas Ideas han registrado alrededor de 36,000 despidos pero que estos solo unas 4,000 personas han denunciado y demandado un reinstalo. Agrega que hay un subregistro de la cantidad de personas que padecen enfermedades crónicas entre los despedidos.
A esto se suma, según Rodríguez, que no todos los despedidos están recibiendo la atención médica del ISSS. “Hay empleados a los que les dan solo un mes, tres meses o seis meses de tratamiento”, afirma. Desconocen las razones y criterios técnicos de las autoridades del ISSS para decidir el tiempo que continuarán atendiendo a la persona despedida.
A pesar de que el sitio oficial del ISSS establece que la cesantía cubre un año de tratamientos y consultas a personas que perdieron su empleo, el Sindicato de Médicos Trabajadores del Seguro Social (SIMETRISS) indicó que, en la práctica, la cesantía se brinda la mayor parte del tiempo hasta por seis meses.
“Por lo menos hasta la última reforma, antes de esta administración (de Mónica Ayala, directora del ISSS) era hasta seis meses. Antes eran de tres meses”, explicó un miembro del SIMETRISSS
Sin embargo, empleados que han sido despedidos que hablaron en condición de anonimato con LA PRENSA GRÁFICA, denuncian que hay casos en que solo les brinda atención por uno o dos meses.
De acuerdo con el SIMETRISS es necesario que se reforme la ley para garantizar que los empleados aunque se queden sin empleo reciban atención hasta que logren un nuevo lugar de trabajo porque no es la gente quiera estar desempleada.
Representantes del Sindicato de Trabajadores por la Salud (SITRASALUD) aseguran que entre los trabajadores despedidos hay preocupación por los costos que representa los medicamentos para tratar padecimientos como la hipertensión y la diabetes. Lo usual es que los usuarios con estos padecimientos solo reciban atención durante un mes, y luego quedan desprotegidos.
“La mayoría de los trabajadores que han sido despedidos no han logrado hacer ningún trámite para seguir recibiendo sus tratamientos en el Seguro Social. No se pasan al sistema público de salud por todas las deficiencias que hay como desabastecimiento de medicamentos”, dijo el representante que conversó con La Prensa Gráfica.
Además de los problemas en el sector público, los médicos señalan que para ser atendido por una enfermedad, los pacientes tienen que pasar un proceso lento y largo: regresar a las consultas generales, luego someterse a pruebas médicas, estar en observación antes del diagnóstico y después ser referido a un especialista donde se inicia un nuevo tratamiento.
Según el SITRASALUD, además, no solo el empleado cesado de su cargo se ve afectado con el acceso a la salud; sino también su grupo familiar, quienes eran beneficiados con la cotización del ISSS.
Olivia es una sobreviviente de cáncer. Trabajó toda su vida en el sector público, en el Hospital Nacional de Niños “Benjamín Bloom”, incluso durante sus tratamientos como paciente oncológica, pero fue despedida por protestar a las afueras del Ministerio de Salud (MINSAL), el 8 de agosto de 2023.
Ese día, junto a una treintena de empleados de Salud, a pesar de tener permisos escritos o días libres para participar en la manifestación, el Ministerio de Salud decidió suspenderlos. Aunque abrieron un proceso para recuperar sus trabajos, no han sido escuchados.
Olivia es, además, dirigente sindical; por lo que goza de protección según la Constitución de la República: no podía ser despedida, suspendida o desmejorada en su condición de trabajo, sino por causa justificada previamente. Aún así, el Minsal decidió cesarla.
Esta decisión de las autoridades la llevó a suspender su tratamiento, a solo unos años de poder jubilarse y asegurar la atención médica durante su vejez.
“Yo en el Seguro ya había llegado hasta el nivel de estar atendida por un especialista, pero ahora con la falta de especialistas y de medicamentos, tal vez me den una cita para dentro de un año o dos”, dijo. El medicamento que debe adquirir es caro. Solo para poder cubrir 28 días, el costo es de $200. Actualmente, debe adquirirlo por su cuenta, pues no ha recibido la certificación del ISSS sobre su padecimiento. “No hay mucha esperanza de que lo atiendan más si hay que volver a empezar”, añadió.
Con la mano derecha, Pedro ajusta los aparatos auditivos que lo mantienen al tanto del ruido de la calle. Pone atención para no perderse ningún detalle de la conversación y contar su versión: fue despedido por intentar participar en la marcha blanca.
Ahora, lamenta su situación económica y las dificultades para dar mantenimiento a sus aparatos. Cuando adquirió los aparatos auditivos tenía empleo para pagarlos y el seguimiento del ISSS, pero entre pagar los medicamentos para la diabetes y ser el sostén de su hogar, no le alcance el dinero.
Para despedirlo, dice, el Minsal no le dio ninguna explicación más allá de una “supresión de plazas”. Lo más cercano a una razón fue la que obtuvo un mes después de ser despedido, el 16 de noviembre de 2024. Ese día, el ministro de Salud, Francisco Alabi, negó ante los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto que los despidos del personal de Salud hayan sido en represalia por participar en la marcha. Aseguró que todos responden a un “análisis de los equipos técnicos” del Minsal.
La Asamblea Legislativa recibió al ministro de Salud para conocer el destino de los fondos requeridos por esta cartera de Estado en el presupuesto 2025, que asciende a $1,179,431,939. Esto representa un recorte de $83 millones, respecto a los $1,262,511,262 aprobados para el ramo en 2024.
Durante la discusión, la diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, cuestionó a Alabi por los despidos del personal de salud luego de haber participado en la marcha del 19 de octubre; pero el ministro negó que se haya despedido a personal de salud por participar en la manifestación.
“Definitivamente no se ha despedido a nadie por la marcha, se han tomado las acciones pertinentes en base al análisis de los equipos técnicos y esos son por el no cumplimiento de los deberes en relación a la atención de la población, que evidentemente todos vemos como en las redes sociales lo dice la población”, respondió el ministro.
Ante los despidos, el SITRASALUD cuestionó que el Gobierno no haya informado sobre este supuesto estudio técnico para la eliminación de las plazas, ni exponer públicamente las razones porque ya no son necesarias. Por ello, cientos de trabajadores han acudido a Tribunales del Servicio Civil o Juzgados de lo Laboral, sin obtener respuesta por sus demandas.
Hace cinco años, el Gobierno elogió a los trabajadores de la salud como héroes, por enfrentarse a la pandemia del covid-19. Sin embargo, Stephania, una empleada despedida con problemas de visión e hipertensión, siente que ese reconocimiento es cosa del pasado.
“Ahora vienen ellos a decir que nos han quitado porque somos malos trabajadores, pero nosotros no somos malos trabajadores, ni tenemos faltas en el expediente; si revisan no van a encontrar nada. En la pandemia si éramos importantes, pero hoy ya no se acuerdan”, afirma.
Sus medicamentos para la hipertensión tienen un costo aproximado de $40 mensuales, que ha logrado costear endeudándose o pidiendo prestado. Otras necesidades como unos nuevos lentes, necesarios para tratar su padecimiento de la vista, han pasado a segundo plano.
Lamentó que en el Seguro Social la obligaron a elegir solo una especialidad para ser atendida, y que si tiene otras necesidades o una emergencia de Salud, debe ir al sistema público. Todo, después de trabajar más de dos décadas para ese mismo sistema, del que bien conoce sus carencias.
Los familiares del personal de Salud también han denunciado el abandono del Minsal después de la pandemia del covid-19. El Ministerio de Salud no ha pagado indemnizaciones a familiares de personal médico fallecido durante la pandemia, a pesar que se aprobó una ley para asegurar este beneficio.
La respuesta del Minsal ha sido que las fuentes de financiamiento del fondo creado para ese fin no han tenido recursos en estos cuatro años, desde 2020. Así lo informó la entidad al Juzgado Cuarto de lo Contencioso Administrativo, en julio de 2024. Las familias de 235 médicos siguen en la espera de una indemnización para los que murieron atendiendo la pandemia.
Todos los nombres de los trabajadores en esta investigación fueron cambiados a petición de los empleados despedidos por temor a represalias; pero se corroboraron sus identidades y cargos.
Este medio de comunicación consultó a la unidad de comunicaciones del MINSAL sobre las denuncias de despidos arbitrarios y falta de pago de indemnizaciones, pero no hubo respuesta. También se consultó al Ministerio de Trabajo si hay investigaciones sobre violaciones a los derechos laborales de los empleados despedidos, pero se limitaron a responder que deben corroborar si hay denuncias “activas”. El Seguro Social tampoco brindó una postura hasta el cierre de este reportaje.
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