La familia de Rodrigo pide su libertad y asegura que la Policía lo incriminó en un hecho en el que no participó, además de interrogarlo asegurando que debía contribuir al caso.
La tarde del jueves 12 de septiembre de 2024, Rodrigo un estudiante de 20 años del Instituto Nacional Técnico Industrial (INTI), terminó su jornada y salió como era costumbre para cumplir con un empleo de medio tiempo que realizaba por las tardes. Cuando el reloj marcó las 7 de la noche, supo que era momento de irse a casa, en San Jacinto, con transporte que le facilitaba la misma empresa.
A esa misma hora, la policía contó en sus redes sociales que en el redondel Don Rúa, ubicado en el barrio San Miguelito de San Salvador, una riña entre estudiantes del INTI y el Instituto Nacional Francisco Menéndez (INFRAMEN) había dejado cuatro lesionados.
10 de los presuntos participantes fueron capturados, entre ellos un compañero de Rodrigo, quien se enteró la mañana del siguiente día de lo que había ocurrido.
Rodrigo, estudiaba último año de bachillerato ya había conseguido el empleo como como parte de los proyectos del instituto con una empresa de electricidad. Es el menor de 11 hermanos, entre ellos Alcides, un sacerdote que actualmente que trabaja fuera del país, y Miguel con quien vive en San Jacinto.
Miguel recuerda que pasaron dos días después de aquel escándalo en el que se vieron envueltos los estudiantes. Era el sábado 14 de septiembre, y detalla que Rodrigo llegó del trabajo, ayudó con algunas cosas en casa y se fue a cortar el pelo.
Minutos después, cuatro policías llegaron a la casa y preguntaron por él. Rodrigo volvió en cuestión de minutos y los agentes se dispusieron a explicarle que debían hacerle algunas preguntas.
"Le dijeron que debía colaborar con la investigación para no ser detenido", relata Miguel.
Hasta ese momento, la familia de Rodrigo no entendía porqué estaba siendo relacionado con un disturbio en el que no había participado, ni tampoco porqué llegaron hasta la vivienda para interrogarlo sin presentar ningún documento oficial.
Al terminar el interrogatorio, los agentes les pidieron un momento, hicieron un par de llamadas y minutos después la casa se había llenado de policías. Rodrigo fue detenido. Sin ninguna orden de captura y sin una respuesta de parte de los policías de porqué debía acompañarlos.
Su familia contrató un abogado y fue hasta la audiencia inicial cuando supo que la policía utilizó su testimonio para acusarlo de liderar la estructura del INTI, cuenta su otro hermano, Alcides.
"Nosotros no sabemos nada de él, no tenemos ninguna información. Ni yo como sacerdote, que tenemos la posibilidad de entrar a celebrar eucaristías a los penales, he podido verlo. He buscado la posibilidad de saber cómo se encuentra y no ha sido posible", denuncia.
La Fiscalía también intervino posteriormente la vivienda, los teléfonos celulares de todos les fueron decomisados para asegurarse que el procedimiento no fuera grabado, comenta Alcides.
Recuerda, además, que información del celular de Rodrigo donde les compartía fotografías para informarles que se encontraba trabajando fue eliminada.
En la escasa información a la que el abogado ha accedido consta que Rodrigo está recluido en el penal de Izalco, donde fue trasladado después del Penalito.
"El abogado ha estado insistiendo, pero tampoco se le ha proporcionado tanta información. En la audiencia inicial solo pudo hablar por teléfono con él y supo que se encontraba detenido en Izalco, pero no hemos podido verlo", lamenta Alcides.
Viajó en febrero a El Salvador para intentar ver a su hermano o al menos saber cómo se encuentra, pero las autoridades no le concedieron acceso.
El caso de Rodrigo fue separado del resto de imputados, aunque ambos se desarrollan en el Tribunal Cuarto contra el Crimen Organizado de San Salvador.
El abogado confirmó que la audiencia de instrucción podría realizarse en septiembre de 2025, a un año de la detención de Rodrigo.
16 días después de la riña, la Fiscalía acusó a 20 estudiantes en los tribunales de San Salvador de conformar la estructura pandilleril estudiantil "La Raza".
La tesis fiscal era que la estructura que nacía en los institutos nacionales, entre estos el INTI e INFRAMEN.
En la acusación había cinco adultos y tres menores del INFRAMEN y siete adultos y cinco menores del INTI, procesados por agrupaciones ilícitas, desórdenes públicos y lesiones.
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