La reciente reforma al artículo 210 de la Constitución de la República, que elimina el financiamiento público para los partidos políticos, ha generado preocupación entre analistas y expertos en temas constitucionales. Este cambio coloca a los partidos en una situación de dependencia exclusiva del financiamiento privado, lo que podría acarrear implicaciones significativas para la democracia salvadoreña por la dificultad para auditarlos.

Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana, explicó que esta reforma deja a los partidos totalmente a expensas del financiamiento privado. “Habíamos tenido durante muchos años una combinación de financiamiento público y privado, lo que le permitía a algunos partidos acceder a dinero para la competencia electoral y este dinero no les comprometía, ¿verdad? Porque era dinero público. Entonces, ahora cambia esta situación y quedan todos a expensas de los financistas privados, de lo que el financista le pueda exigir a los partidos”.

Escobar también destacó que el financiamiento público ayudaba a equilibrar la contienda electoral y a reducir riesgos de financiamiento ilegal. “El beneficio que tenía para la democracia que se financiara a los partidos con deuda política es que no dependían totalmente de intereses privados, intereses particulares. Había una combinación de factores, como era el financiamiento público y privado, y eso de alguna manera les podía dar cierto margen de independencia respecto de los grupos de interés. Además, generaba cierta equidad en la contienda, porque un partido que difícilmente podía acceder a financiamiento privado tenía financiamiento público para competir y ganar algunos cargos de elección popular”.

Enrique Anaya, abogado constitucionalista, señaló que la deuda política no ha sido eliminada por completo, ya que todavía existen leyes secundarias que regulan este mecanismo. “En la Ley de Partidos Políticos o en la Ley Electoral hay referencias y formas de cómo se va a aplicar la deuda política. Si esas disposiciones no han sido derogadas, entonces la deuda política todavía existe”.

Anaya agregó que la falta de regulación adecuada sobre el financiamiento privado representa un grave riesgo. “Lamentablemente, en el país no se ha hecho nada jurídicamente ni hay una regulación seria sobre la exigencia de transparencia del financiamiento de los partidos políticos. Y en la práctica tampoco se hace, porque el financiamiento de los partidos tendría que estar sujeto a reglas claras, como hacer público quiénes son los financistas, informar al Tribunal Supremo Electoral debidamente detallado cómo se ha gastado el dinero y que el Tribunal hiciera auditorías”.

Francisco Beltrán Galindo, también abogado, subrayó que esta reforma afecta principalmente a los partidos pequeños y nuevos. “Quedan sujetos al financiamiento privado, es decir, a las leyes actuales que permiten que puedan recibir financiamiento, pero no pueden recibir de gobiernos extranjeros ni de origen ilícito. Esto va en detrimento de todos aquellos partidos políticos que todavía no han tenido la estructura territorial ni sectorial necesaria para poder contar con una fuente amplia de financiamiento. Definitivamente, afecta a los partidos pequeños o a los partidos que pretendan surgir”.

Beltrán Galindo también reconoció que, aunque la deuda política buscaba equilibrar la competencia, su implementación tuvo problemas. “Lo que buscaba ese mecanismo era tratar de potenciar que hubieran varios partidos y no solo aquellos partidos que eran fuertes tradicionalmente. Sin embargo, con el tiempo, el procedimiento ha sido mal utilizado, especialmente por los partidos pequeños, que básicamente han tratado de vivir solo con ese financiamiento”.

Reformas constitucionales

Esta reforma al financiamiento político se produce en el contexto de un cambio más amplio en el procedimiento de reformas constitucionales. Según Escobar, con la reciente reforma al artículo 248, “la Constitución pierde la rigidez que ha mantenido durante años, que ha permitido preservarla y que no sea trastocada por intereses coyunturales de los gobernantes de turno”.

Escobar explicó que este cambio convierte a la Constitución en un instrumento más vulnerable a las decisiones arbitrarias del Ejecutivo. “Ahora, esa rigidez que tenía, pues la ha perdido, y puede ser modificada al antojo de las autoridades de turno. La Constitución queda prácticamente igual que una ley secundaria, en el sentido de que puede ser modificada por una Asamblea Legislativa en una plenaria”.

Beltrán Galindo expresó preocupaciones similares sobre los riesgos que implica la nueva dinámica de reformas constitucionales. “En tanto estemos en un proceso de reforma con una mayoría como la que se tiene actualmente, hay un riesgo importante de que las reglas de juego puedan cambiarse. Eso es innegable; es una posibilidad. No se sabe si efectivamente puede llegar a suceder, pero la posibilidad está ahí”.

Los expertos coincidieron en que estos cambios afectan directamente la estabilidad del sistema político y las condiciones de equidad electoral. Escobar advirtió que la eliminación de la deuda política complica aún más la capacidad de los partidos pequeños o emergentes para competir. “Con esta reforma, es poco probable que obtengan financiamiento privado de manera suficiente para financiar sus campañas y poder competir en equidad de condiciones. Esto termina beneficiando al partido con mayor capacidad económica y pone en desventaja al resto”.

Por su parte, Anaya señaló que las reformas actuales profundizan la inseguridad jurídica. “El riesgo de inseguridad jurídica es gravísimo porque van a poder modificar absolutamente el día que quieran, de acuerdo con la necesidad o capricho o voluntad que tenga Bukele. Materialmente, podrán restringir o eliminar derechos constitucionales ya conquistados”.

Beltrán Galindo coincidió en que estas reformas pueden tener impactos significativos en el sistema político. “Esto pone en desventaja a los partidos emergentes y limita el surgimiento de nuevas opciones políticas”.