El Salvador no tenía razones directas para ir a la guerra con Japón. Sin embargo, la presión internacional y la dependencia económica de Estados Unidos hicieron que la declaratoria fuera inevitable. La mañana del 8 de diciembre, la Asamblea Legislativa recibió la propuesta del Ejecutivo y aprobó el decreto sin mayor discusión. Esta es la historia
La mañana del 8 de diciembre de 1941, un conflicto lejano resonó en la Asamblea Legislativa de El Salvador. Apenas un día antes, el mundo había sido sacudido por el ataque sorpresa de Japón a Pearl Harbor, Hawái, en el Océano Pacífico.
En la madrugada del 7 de diciembre, una flota de aproximadamente 400 aviones japoneses atacó la base naval de Pearl Harbor, ubicada en Hawái, un territorio estadounidense. El objetivo del ataque era destruir la flota del Pacífico de los Estados Unidos y evitar su interferencia en la expansión japonesa en Asia.
Tras los bombardeos, el resultado fue letal: 2,403 muertos y 1,178 heridos. Además, decenas de barcos y aviones en tierra fueron destruídos por las fuerzas japonesas.
Esto provocó que a la mañana siguiente, el entonces presidente estadounidense, Franklin D. Roosevelt, solicitó al Senado declarar la guerra contra Japón, solicitud que fue aprobada con 388 votos a favor. De esta manera fue que Estados Unidos entró en guerra contra Japón.
La guerra, que hasta entonces había parecido un asunto de Estados Unidos con Europa y Asia, llegó a América Latina con la urgencia de tomar partido. En San Salvador, la decisión se tomó rápido y sin mayores debates: El Salvador también declaró la guerra a Japón en apoyo a Estados Unidos.
Para comprender esta declaratoria, hay que situarse en el contexto político del país. Desde 1931, El Salvador estaba bajo el mando del general Maximiliano Hernández Martínez, un gobernante autoritario que había tomado el poder tras un golpe de Estado.
Su gobierno, que imponía orden con mano dura, sobrevivía a base de represión y estrategias políticas. Si bien su figura era controvertida, su habilidad para mantenerse en el poder no tenía discusión.
Desde la matanza de 1932, cuando su régimen sofocó una insurrección campesina con miles de muertos, Martínez había fortalecido su control del país. Sin embargo, para 1941 su liderazgo se encontraba bajo presión. Estados Unidos, su principal socio comercial y comprador del café salvadoreño, buscaba apoyo en la guerra contra las potencias del eje europeo y asiático.
El Salvador no tenía razones directas para ir a la guerra con Japón. Sin embargo, la presión internacional y la dependencia económica de Estados Unidos hicieron que la declaratoria fuera inevitable. La mañana del 8 de diciembre, la Asamblea Legislativa recibió la propuesta del Ejecutivo y aprobó el decreto sin mayor discusión.
"Señores diputados: Como sabéis ha estallado la guerra en el pacífico, con alevosía. Está amenazada América y es necesario que concurramos a su defensa con decisión inquebrantable porque los pueblos que no aman su libertad, no la podrán conservar. Debemos empuñar todos la espada de la libertad hasta vencer para siempre a las fuerzas de la triste opresión. Como Jefe de Estado os pido declarar el estado de guerra que os hablo y debéis saber que no hay un solo salvadoreño bien nacido que no esté con vosotros y con nosotros. Levantaos próceres de la Independencia y veréis que somos dignos descendientes de vosotros".
- Discurso emitido por Hernández Martines frente al Congreso salvadoreño.
Al momento de la declaratoria, lo acompañaban el secretario de la legación norteamericana, el encargado de negocios de Inglaterra, representantes del ministerio de Defensa Nacional, Hacienda, Gobernación y los subsecretarios de Relaciones Exteriores, entre otros.
El decreto 90, que contenía la declaratoria de guerra contra Japón, fue publicado en el Diario Oficial de inmediato tras ser firmado por el entonces presidente de la Asamblea, Francisco A. Reyes, y los secretarios Miguel A. Soriano y José E. Pacheco.
Al siguiente día, los periódicos impresos que circularon durante esos años publicaron en sus portadas: "Estamos en guerra".
La decisión del gobierno salvadoreño no solo buscaba alinearse con los demás países aliados, sino también evitar posibles sanciones o restricciones comerciales por parte de Washington.
El decreto de guerra también incluyó medidas internas. Los ciudadanos japoneses residentes en El Salvador fueron vigilados y algunos negocios vinculados con Japón sufrieron confiscaciones y daños.
Medios de aquella época publicaban que un grupo de personas lanzó piedras contra un almacén vinculado con un japonés, así como en la legación japonesa, causando severos daños en las propiedades.
A los ojos del gobierno salvadoreño, la guerra no era solo un conflicto distante, sino también una oportunidad para reforzar su posición frente a sus aliados.
El Salvador no envió tropas al frente, pero su declaratoria de guerra no se detuvo en Japón. En enero de 1942, también declaró la guerra a Alemania e Italia, reforzando su postura en favor de los aliados. La participación salvadoreña se limitó a medidas diplomáticas y económicas, pero el impacto político fue significativo.
Para Maximiliano Hernández Martínez, sin embargo, la guerra no sería suficiente para sostener su poder. En 1944, tras protestas masivas y el descontento de diversos sectores, el militar salvadoreño renunció y huyó del país.
Con la rendición de Japón, la guerra había terminado en 1945, obteniendo la victoria Estados Unidos y los países aliados. El Salvador puso fin a su declaración de guerra sin haber disparado un solo tiro.
Las relaciones diplomáticas entre El Salvador y Japón tienen una historia de casi 90 años. Estas relaciones se establecieron oficialmente el 15 de febrero de 1935, cuando el ministro de la Embajada de Japón en México, Sr. Yoshitaka Hori, presentó su carta de credencial al entonces presidente salvadoreño Maximiliano Hernández Martínez.
Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial interrumpió este vínculo. La declaración de guerra de El Salvador contra Japón en 1941 llevó a una pausa en la relación diplomática. Tras el fin del conflicto, ambos países retomaron su relación con un renovado espíritu de cooperación.
Según la embajada japonesa, en 1953, El Salvador se convirtió en uno de los primeros países de Occidente en abrir su mercado a productos japoneses, destacándose la importación de automóviles nipones. Dos años después, en 1955, Japón realizó su primera inversión en un país latinoamericano con la instalación de una importante empresa textil en El Salvador, impulsada por la producción y exportación de algodón salvadoreño.
La relación entre ambos países también se ha caracterizado por la cooperación en el desarrollo social. En 1968, El Salvador fue el primer país de Latinoamérica en beneficiarse del Programa de Voluntarios Japoneses para la Cooperación en el Extranjero (JOCV, por sus siglas en inglés), una iniciativa que ha contribuido significativamente al desarrollo socioeconómico del país.
Además, la Asistencia Oficial para el Desarrollo de Japón (ODA) fue clave en la modernización de la infraestructura salvadoreña, impulsando la reconstrucción de la red vial y facilitando el crecimiento económico y social.
La amistad entre ambos países se fortaleció aún más en tiempos de crisis. Durante el Huracán Mitch, en noviembre de 1998, y los terremotos del año 2001, Japón brindó una asistencia humanitaria crucial para la reconstrucción y recuperación del país.
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