Trabajadoras del sector público denunciaron un incremento en la vulneración de sus derechos laborales en los últimos meses, situación que organizaciones sindicales y colectivos feministas han calificado como acciones “sistémicas y generalizadas” en distintas instituciones estatales.

Según la Comisión de Mujeres del Movimiento por la Defensa de los Derechos de la Clase Trabajadora (MDCT), las denuncias por despidos arbitrarios, acoso laboral y violaciones al debido proceso han aumentado tras un despido o supresión de plaza, y afectan principalmente a mujeres en instituciones gubernamentales.

“Del 2024 para acá se ha constituido todo un nicho dentro de las instituciones de impunidad y de abuso de poder mucho más que antes, quizás. Nosotras que estábamos en las instituciones públicas veíamos que la vulneración de derechos era mucho más marcada en las empresas privadas, pero ahora se ha dado en las instituciones del Estado”, declaró este lunes Sonia Viñeta, en la entrevista de la radio YSUCA.

La lideresa sindical también señaló que, aunque la normativa laboral salvadoreña reconoce los derechos de las trabajadoras, en la práctica estos no son garantizados. “No es un problema de la norma en sí, sino de su aplicación. Las trabajadoras están desprotegidas ante un sistema que, en muchos casos, responde a intereses políticos y no a la ley”, afirmó.

Las denuncias incluyen la falta de respuesta por parte de instituciones que deberían velar por la protección de los derechos laborales. Silvia Navarrete, también integrante de la comisión, expuso su caso en la entrevista de la YSUCA. Dijo que acudió a la Procuraduría General de la República (PGR) para denunciar su despido.

Según relató, la institución no atendió su caso de manera adecuada y le indicaron que no podían hacer nada por ella.

La situación se repitió en otras entidades como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) y el Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS) donde, según las denunciantes, se han limitado a recibir los casos sin que estos tengan resolución.

Otro problema que enfrentan las trabajadoras, dijeron, es la falta de independencia en las comisiones de Servicio Civil dentro de las instituciones estatales. Viñerta explicó que, aunque estas existen, “no actúan con imparcialidad, sino que responden a intereses de la patronal y no a los derechos de las trabajadoras”.

Las gremiales señalaron que han detectado irregularidades como: manipulación de procesos, imposición de integrantes afines a la administración y negación del debido proceso en casos de despido.