El Salvador fue demandado en tribunales internacionales por el bloqueo a la minería, que a lo largo de la historia dejó incendios, muertos, posibles asesinatos y una sombra fúnebre que sigue acechando a la comunidad Santa Marta, en Cabañas, y San Sebastián, en La Unión.
*Esta es la segunda entrega de un reportaje de dos volúmenes sobre la historia de la minería en El Salvador. Para entender la siguiente narración, lea la primera parte aquí.
La minería artesanal existe desde la colonia, y aunque se desconoce el comienzo de operaciones de muchas minas, el Tabanco y Los Encuentros empezaron al menos en 1780, y San Cristóbal en 1870 hasta 1950, según la Mesa Nacional Frente a la Minería (MNFM).
De acuerdo a la MNFM, el primer Decreto Federal que permitió la industria minera extranjera es de 1825, esto es 51 años antes del primer Código de Minería (1876), sustituido en 1881 y luego en 1884.
Los Códigos regulaban la explotación minera sin estimar el impacto ambiental ni detalles técnicos, lo que tampoco advirtió la primera concesión minera del siglo XX, otorgada en 1904 a Charles Butters y al matrimonio Regalado-González, el más poderoso del país, según el historiador Héctor Lindo.
La mina San Sebastián fue la más prolífica en la historia de El Salvador y a mitad del siglo XX, la más productiva de Centroamérica, con un rendimiento de 32 toneladas de oro entre 1904 y 1953.
Otras minas importantes son El Dorado (1948-1953/1957 según la fuente), Montecristo (1970-1981), Potosí (1890-1952) San Sebastián, que suspendió operaciones por última vez en 2001 y la misma Divisadero, que operó hasta 1936 bajo El Salvador Silver Mines Inc.
Toda la actividad minera se paralizó en 1985 por la guerra, para luego reanudarse con permisos de exploración en la década de 1990 y la Ley de Minería de 1996, la cuarta y última normativa de minería del siglo XX.
83 permisos de exploración y solo uno de explotación fueron concedidos entre 1990 y 2010, según la respuesta a la solicitud de información 0177 del Ministerio de Economía.
Ese único “premio” se lo ganaron las estadounidenses Commerce Group Corp y San Sebastián Gold Mines Inc. en 1987, tras tomar el control de la mina San Sebastián 14 años atrás.
La concesión, cancelada en 2002 y renovada por 30 años en 2004, también les permitía extraer en El Divisadero y San Cristóbal, Morazán, Nueva Esparta, La Unión, y El Paisnal, Chalatenango.
Mientras que de entre las 83 licencias exploratorias otorgadas hubo una que amenazó con más pérdidas que riqueza al Estado: la de Pacific Rim…
El 18 de junio, cuatro días después del devastador incendio que enlutó a muchas familias de El Divisadero, los corresponsales de LA PRENSA brindaron un balance final del número de soterrados en la mina.
No eran 50 fallecidos ni 100 los que habían entrado a ahogar el fuego, como se reportó al comienzo, sino 70 muertos de un total de 150 que avanzaron a los túneles. Un periódico costarricense incluso aventuró 80 decesos y 70 heridos.
“El número de operarios que penetraron a la mina para sofocar el incendio fue de 150, de los cuales solo lograron salir a la superficie de la tierra 80, todos golpeados y en estado de asfixia”, comunicaron los reporteros.
El resto no regresó, muriendo aplastados por los dos derrumbes de 12 a 15 metros de diámetro “que la compañía provocó para procurar la extinción del incendio”.
Unos días antes, un exempleado minero contó a un redactor que abandonó su trabajo bien pagado por miedo a derrumbes y explosiones con dinamita, después de la muerte reciente de unos carreteros al estallar dinamita que desechaban sin precaución ni ingenieros a cargo.
Para el 18 de junio el incendio logró aminorar y algunos residentes ya habían vuelto a sus casas mientras los arrestos seguían y en dos nombres recaían las sospechas más “graves”: Lucio Banegas y Sixto Romero.
Pero, para intelectuales como Lisandro Villalobos, el verdadero culpable era la compañía minera y sus dueños.
Opinión similar compartían los periodistas, que no entendían la utilidad y cercanía de la bodega explosiva con la mina y la falta de vigilancia y medidas con los trabajadores al darles material detonante.
Y para esclarecer los hechos, el Gobierno tuvo la última palabra…
Dos transnacionales demandaron a El Salvador en tribunales internacionales por bloquearles la explotación minera. Ambas perdieron y una, Pacific Rim, hasta debió reponer $8 millones a las arcas estatales por los gastos generados.
Pacific Rim, canadiense con inversores estadounidenses, pidió una indemnización de $77 millones en 2009 a un tribunal del CIADI del Banco Mundial, amparada en el Tratado de Libre Comercio con EUA (Cafta) y la supuesta violación a la Ley de Inversiones local.
La empresa había empezado a explorar la mina El Dorado, en San Isidro, Cabañas, después de recibir su permiso en 2002, pero cuando pretendió explotarla sufrió un revés del Gobierno de Antonio Saca, fruto de la presión social.
La demanda fue admitida y luego desestimada en 2012. Pacific Rim no claudicó y elevó un nuevo alegato similar en 2013 aduciendo “pérdidas” por su inversión en El Dorado y reclamando $315 millones, pero el tribunal del CIADI le asestó otro revés en 2016 y esta vez le ordenó pagar $8 millones al país.
Idénticos argumentos a Pacific Rim usaron Commerce Group Corp y San Sebastián Gold Mines en su demanda por $100 millones de 2009 ante el CIADI, por revocarles los permisos de explotación de minas de La Unión.
El tribunal rechazó su recurso en 2011 porque las compañías tenían un amparo pendiente en la Sala de lo Constitucional que les impedía llevar dos casos iguales al mismo tiempo en dos tribunales distintos. El Salvador triunfó de nuevo.
La primera gran alerta frente a la minería la dio la organización ADES Santa Marta, en Cabañas, que denunció la exploración minera de Pacific Rim en San Isidro, Guacotecti y Sensuntepeque.
Sus reclamos y los de otras organizaciones cercanas generaron interés de diversos sectores nacionales que en 2005 se agruparon para formar la Mesa Nacional Frente a la Minería, la referente de la lucha antiminera en El Salvador.
La MNFM impulsó campañas mediáticas antimineras, estableció un equipo legal para emprender demandas contra el Estado y las empresas y buscó organizar y movilizar óptimamente a las comunidades afectadas del país.
También definieron una comisión de Cabildeo e Incidencia para influir en los tomadores de decisiones nacionales e internacionales. Y otra de sensibilización y educación sobre los impactos negativos de la minería en la salud y el medio ambiente.
Poco después del nacimiento de la MNFM, ADES contrató al experto en minería canadiense, Robert Morán, para evaluar el estudio de impacto ambiental (EIA) que presentó Pacific Rim al Ministerio de Medio Ambiente (MARN) para obtener concesiones de explotación.
Morán señaló varios errores en el EIA y concluyó que no sería aceptado en la mayoría de naciones desarrolladas, lo que frenó la concesión del MARN y fue clave en el litigio contra la empresa adquirida en 2013 por la multinacional australiana-canadiense, OceanaGold.
Un año después de la victoria definitiva sobre OceanaGold, la Asamblea Legislativa aprobó algo inédito: la única ley de prohibición total de minería metálica en el mundo, derogada en 2024 por la nueva ley impulsada por Nayib Bukele que legalizó la minería y conllevó un retroceso de la lucha histórica.
La cruzada antiminería dejó dos menores de edad heridos, un bebé muerto y cuatro ambientalistas asesinados en Cabañas en 2009 (Ramiro Rivera, Marcelo Rivera, Felícita Echeverría y Dora Sorto), otro en 2011 (Juan Francisco Durán) y uno más en 2012 (David Urías).
Tres casos siguen impunes y en ninguno de los otros tres se condenó a los presuntos autores intelectuales ni se relacionó la posible participación de Pacific Rim, que para la MNFM tenía influencia en instituciones y funcionarios locales y perseguía penalmente a líderes comunales.
En 2015 pidieron al fiscal Luis Martínez investigar como maquinador intelectual a Rodrigo Chávez Palacios, famoso por desmembrar y esparcir los restos de un empleado municipal tecleño en 2014 y quien fungía de vicepresidente de Pacific Rim en El Salvador en 2009.
Palacios nunca fue incriminado por tal causa y salió bajo libertad condicional en 2020 por buena conducta, pese a ser sentenciado a 11 años de cárcel en 2015.
Mientras, cinco ecologistas de Santa Marta absueltos de homicidio en octubre de 2024 enfrentarán un nuevo juicio al que ADES ha tachado de “persecución” por su postura antiminera.
Esa comunidad, según denuncias recientes, sufre vigilancia gubernamental de fiscales, agentes de inteligencia y personas no residentes del lugar, por lo que sus voceros temen más de 40 posibles capturas de líderes comunitarios.
Días después de la tragedia en El Divisadero, un hedor putrefacto emergió de la mina. Eran los cadáveres que empezaban a descomponerse expulsando un olor nauseabundo que detuvo la incursión a las galerías a recuperar los cuerpos.
Pero para el Gobierno no hubo muertos; al contrario, siete heroicos estadounidenses y 12 salvadoreños “salvaron” la vida de más de 50 operarios en la mina, según los “hallazgos” de la comisión designada por el Gobierno de Carlos Meléndez para esclarecer el hecho.
La junta estaba conformada por los gobernadores de Morazán y San Miguel, Francisco Castillo y José Tomás Calderón, y sus secretarios, Arturo Díaz e Inocente Alvarenga.
Tras su “veloz” investigación, la comisión dictaminó el 28 de junio que la planilla de unos 400 trabajadores estaba completa en la semana previa al percance (del 6 al 12) como en la semana del incidente (del 12 al 19).
El único muerto registrado la semana anterior al incendio fue Alberto Matamoros, al caer “por su misma imprudencia” de una escalera hasta el fondo de la mina, donde expiró por el impacto y la asfixia a causa de los gases.
La comisión aseguró que todos los empleados negaron la ocurrencia de más desgracias al ser interrogados por uno de los gobernadores, siendo el escándalo una “alharaca” por la imagen “lastimosa” de los operarios asfixiados.
¿Responsabilidad de la compañía? Ninguna. Las señales apuntaban a dos hombres “de mala conducta” supuestamente expulsados la semana anterior al incendio que, en represalia, “penetraron a la hora que no habían operarios para cometer su delito”.
No precisaron sus identidades, pero las pesquisas con miras a una denuncia formal en su contra continuaron, mientras la comisión enfatizó el “heroísmo denotado con un gran valor cívico” de los norteamericanos y salvadoreños que rescataron a sus compañeros de trabajo.
Para su fortuna, Charles Butters pasó de villano a héroe.
Como tiro de gracia, el informe cerró halagando a los “señores jefes” de la empresa por “salvar, antes que a sus intereses, las preciosas vidas de sus honrados operarios que gozan de la Ley de Accidentes de Trabajo”.
La sombra de la minería dejó rastros imborrables en la zona, como el río muerto de San Sebastián y los desechos tóxicos que aún yacen en el cerro del mismo nombre pese a la orden judicial de retirarlos, no acatada por el ministro ambiental Fernando López.
Reportes ciudadanos confirmaron la presencia de soldados en ese sector tras el anuncio de Bukele de reactivar la minería en diciembre pasado.
Para Lindo, si las autoridades hubieran escuchado a los limeños en 1912 tal vez se habría evitado la pérdida de vidas en El Divisadero "y más de 100 años de contaminación ambiental”.
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