De aprobar el acuerdo, el país tendrá acceso a un programa de servicio ampliado por un monto de $1,400 millones.
El directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) se reunirá este miércoles 26 de febrero para evaluar y determinar si aprueba o no el acuerdo preliminar sobre un nuevo programa en el marco del Servicio Ampliado del FMI (SAF) al que llegaron, a finales del año pasado, el personal técnico de la institución y el Gobierno de El Salvador.
Así lo anunció la entidad en la página web en la que publica su agenda semanal.
El referido acuerdo, que se alcanzó el 18 de diciembre pasado, luego de tres años de negociaciones, le permitiría al país, de ser aprobado, acceder a un financiamiento de $1,400 millones, de parte de la institución, así como a un paquete de financiamiento extra por un valor de $3,500 millones con otros organismos como el Banco Mundial (BM), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), y el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe (CAF).
El referido acuerdo establece, entre otras medidas, que el Gobierno tendrá que implementar un ajuste fiscal equivalente al 3.5 % del Producto Interno Bruto (PIB) a lo largo de tres años. Para 2025, según reveló en su momento el organismo, las autoridades incluyeron en el presupuesto general del Estado medidas de ajuste equivalentes a 1.5 % que incluían entre otras: la reducción de la masa salarial, así como la disminución del gasto estatal en bienes y servicios y las transferencias a los municipios.
Asimismo, el Gobierno deberá reforzar “la viabilidad del sistema de pensiones y la movilización de los ingresos para garantizar la sostenibilidad fiscal y una mayor reducción de los costes de endeudamiento”.
De igual forma, como parte del acuerdo, las autoridades salvadoreñas se comprometieron a aumentar las reservas de liquidez que se exigen a los bancos, pasando de un equivalente al 11.5 % de los depósitos en el que se ubican actualmente a un 15 % para finales de junio de 2026.
Otra medida que deberá implementar el país es también el fortalecimiento de la transparencia fiscal a través de la mejora de la información que se publica sobre la deuda pública, pensiones, empresas estatales y contratos públicos. Así como el establecimiento de un marco de lucha contra la corrupción y de mejora de los mecanismos de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Finalmente, en línea con las políticas del FMI, el organismo señaló que los riesgos potenciales asociados al proyecto bitcóin en el país disminuirían significativamente por medio de reformas que harían que la aceptación de la criptmoneda por parte del sector privado fuera voluntaria. A su vez, estos cambios implicarían que la participación del sector público en actividades económicas relacionadas con bitcóin, así como las compras y transacciones en dicha moneda estarían delimitadas, al tiempo que la participación gubernamental en la criptobilletera Chivo se reduciría gradualmente.
Para el economista Rafael Lemus, es previsible que en la reunión de este miércoles el directorio ejecutivo del FMI apruebe el acuerdo. Sin embargo, advierte que esa decisión no equivaldrá a que el organismo asuma que ha habido un cumplimiento real de las condiciones previas que el directorio pidió a su contraparte salvadoreña.
Para él, lo sustantivo vendría en realidad después de la aprobación del documento, durante el programa de cumplimiento de efectividad, que es donde se dará seguimiento al acuerdo.
Lemus señala que una vez aprobado, se deberá ver si las autoridades salvadoreñas permiten que esa información sea pública o no. Sobre todo después del antecedente de 2023, cuando el Gobierno pidió al FMI no publicar el informe del denominado artículo IV, un documento que contenía los resultados de la revisión económica y financiera del país.
“Me parecería desastroso aprobarlo (el acuerdo) y que a su vez se prohíba la publicación del documento técnico, y sobre todo donde está toda la programación del acuerdo, las medidas, las fechas de cumplimiento las fechas de desembolso y el detalle de todas las medidas que tiene una programación, que es la parte sustantiva que el FMI va a tener que vigilar y darle seguimiento”, indica.
El economista recuerda que los desembolsos que haga el FMI a lo largo del programa estarán condicionados al cumplimiento de las metas establecidas en las cuatro áreas del acuerdo: macrofiscal, reservas de liquidez, gobernanza y activos digitales.
“Entonces, si, por ejemplo, hay avances sustantivos en los primeros seis meses o al año se hace el desembolso, y así se va avanzando. En la medida que se alcanzan las metas, se aplican los desembolsos. Pero si se ve que en mitad del camino no avanza, pues se requiere de una nueva renegociación del acuerdo con nuevas metas o el FMI abandona los siguientes desembolsos”, concluye.
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