Uno, dos, tres, cuatro, cinco... hasta sumar 324. Así se contabilizan las pruebas que recopiló la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones por el feminicidio de la policía Carla Mayarí Ayala Palacios, ocurrido hace dos años, el 29 de diciembre de 2017. El ministerio público presentará esas pruebas en un juicio que tendrá a un gran ausente: el señalado de disparar a la agente.

Actas, chequeos, fotografías, mapas, certificaciones, memorándums, resoluciones judiciales, bitácoras de llamadas, videos, pericias y testigos. Todo consta en el expediente judicial por la muerte de Carla Ayala, que está a cargo del Juzgado Especializado de Sentencia para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para las Mujeres de San Salvador.

La fiscalía busca demostrar que 13 personas estuvieron involucradas en la muerte de la agente, aunque ninguna de ellas es la principal acusada del crimen: Juan Josué Castillo Arévalo, alias "Samurái", exagente del extinto Grupo de Reacción Policial (GRP) y prófugo de la justicia desde aquella madrugada del 29 de diciembre de 2017.

El Juzgado de Instrucción para una Vida Libre de Violencia y Discriminación para la Mujer de San Salvador, en una audiencia que finalizó el 28 de noviembre pasado, admitió como válidas las 324 pruebas que presentó la fiscalía. Eso significa que el próximo año el ministerio público las puede usar en su intento por demostrar la responsabilidad de los 13 imputados, en un juicio sin el prófugo "Samurái".

Dos años después del feminicidio de Ayala, las autoridades continúan sin dar con el paradero de "Samurái", a pesar de que las investigaciones sostienen que el 29 de diciembre de 2017 tomó una Smith y Wesson 9 milímetros, propiedad de la Policía Nacional Civil (PNC), con la serie 5933 grabada en el cañón, y disparó en la pierna izquierda de la agente.

El disparo ocurrió en los asientos traseros de la patrulla policial número 02-2924. Adelante iban los también agentes del GRP Wilfredo Deras, conocido como "Gladiador", y Ovidio Pacheco, como "Buffer", acusados por la fiscalía como cómplices de "Samurái" en el feminicidio de Ayala. El ataque ocurrió luego de una fiesta de Fin de Año en las instalaciones del GRP, en la residencial San Fernando (San Salvador).

Las autoridades recriminan a Deras y Pacheco que no hicieron nada para impedir que Castillo atacara a la agente ni tampoco para capturarlo. Al contrario, según las investigaciones, fueron parte del grupo que permitió que "Samurái" escapara y desapareciera a la agente, cuyo cadáver fue localizado en septiembre de 2018 tras una búsqueda con errores de la PNC.

El 17 de diciembre anterior, Deras y Pacheco salieron de los penales en los que estuvieron recluidos los últimos dos años y pasaron a ser resguardados en delegaciones policiales, con un brazalate electrónico para evitar una posible fuga. La razón: cumplieron los dos años que impone la ley como máximo para que una persona esté en prisión sin ser enjuiciada.

A Deras, Pacheco y los otros 11 ligados a la muerte de Ayala sí les pueden afectar las pruebas que tiene la fiscalía, aunque ninguno de ellos disparó a la agente. La FGR cuenta con 172 documentos, 48 pericias, 95 testigos y nueve pruebas de "otro tipo" para demostrar la culpabilidad de los imputados, según el documento que emitió el juzgado de Instrucción cuando ordenó el juicio a los procesados.

Además de lo recopilado por la fiscalía, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), que participa como parte acusadora en conjunto con la FGR, cuenta con 34 pruebas. Falta agregar las que ofrecieron los abogados defensores de los imputados. Todas fueron aceptadas por la jueza de Instrucción.

El rebelde "Samurái" y las promesas

Dos directores ha tenido la Policía en los 24 meses que tiene Castillo como prófugo de la justicia: Howard Cotto y Mauricio Arriaza. Ambos se han comprometido en capturar a "Samurái", pero Cotto dejó la PNC sin cumplirlo y Arriaza aún tiene tiempo mientras siga al frente de la corporación.

En noviembre pasado, el juzgado instructor realizó la audiencia preliminar contra los 13 imputados presentes, acusados de incumplimiento de deberes, encubrimiento y feminicidio. La ley obliga que los acusados estén en la audiencia, por eso la jueza declaró rebelde al prófugo "Samurái" y giró una nueva orden de captura. Otra. El caso contra "Samurái" quedó en suspenso hasta que la Policía cumpla con la promesa de capturarlo y termine la impunidad.