Julio Humberto Rank Romero, exsecretario de Comunicaciones de la Presidencia, puede salir de prisión desde ya, a pesar de que hasta en 2021 cumplía su condena de cinco años de cárcel por participar en la red de desvío de fondos públicos del gobierno de Elías Antonio Saca. Eso decidió ayer el Juzgado Primero de Vigilancia Penitencia y de Ejecución de la Pena de San Salvador.

El juez Levis Italmir Orellana ordenó la libertad anticipada para acatar una orden de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que decretó revisar si procedía sacar de prisión a Rank porque ya cumplió más de la tercera parte de la condena, sobrepasa los 60 años y tiene problemas de salud crónicos.

Rank está en prisión desde el 30 de octubre de 2016, cuando la Fiscalía ordenó su captura por vínculos con la corrupción del expresidente Saca, también preso. Fue hasta el 12 de septiembre de 2018 cuando escuchó la condena en su contra, luego de que confesó que lavó dinero. Su pena termina el 30 de octubre de 2021.

La pena que cumplía Rank en prisión era menor porque pactó con la Fiscalía su confesión, a cambio de beneficios. Aceptó frente al Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador que participó en la estructura que desvió $301 millones para Saca: el dinero pasó de agencias de publicidad a las empresas de radiodifusión vinculadas al expresidente.

"Se va a su casa de habitación, estará con el brazalete y podrá él circular, siempre con el brazalete, dentro del interior del país para recibir todos los tratamientos médicos y de rehabilitación física", dijo ayer Lisandro Quintanilla, abogado de Rank.

Rank todavía no ha salido de la cárcel, porque la ley da cinco días hábiles a la Fiscalía para apelar la decisión del juez. El plazo vence el próximo sábado y Quintanilla espera que no haya apelación, porque considera que sería ir contra la Sala.

La condena de Rank incluye reintegrar al Estado $8,381,130.30, que fue el dinero público que, según admitió, movió a favor de Saca. El defensor aclaró que Rank no va a devolver esos fondos, a pesar de que se lo ordenó la Sala en diciembre pasado.

"(La responsabilidad civil) es una discusión que no tiene nada que ver con la libertad condicional anticipada. No (se tiene que cancelar para salir de la cárcel). Y además, nunca la va a cancelar, si Julio no tiene ese dinero, son $8.3 millones, ¿de dónde se los va a sacar?", dijo.