La Dirección Departamental de Educación de San Salvador, dependencia del Ministerio de Educación (MINED), notificó este jueves a Idalia Zúniga, secretaria general del Frente Magisterial Salvadoreño (FMS), de su destitución como directora del Complejo Educativo República de Perú, ubicado en el distrito de Mejicanos.

“Están diciendo que yo, como directora, quedo destituida a partir de este día, pero (...) cuando leemos el acta, no tiene fundamentos, no están comprobando de lo que se me está acusando”, dijo Zúniga.

Este periódico buscó a la oficina de comunicaciones del MINED para obtener la postura de la cartera de Estado sobre el caso de la lideresa del FMS, pero al cierre de esta nota no hubo respuesta.

En el documento, al que tuvo acceso LA PRENSA GRÁFICA, la dirección departamental afirma que Zúniga “no da cuentas a la comunidad educativa del manejo de los fondos”.

Además, la señala de “tomar decisiones sin acuerdos, ni aprobación” del Consejo Directivo Escolar (CDE) y de asignar personal administrativo para impartir clases. 

La entidad la acusa de “una mala administración” y de violar el artículo 77 de la Ley General de Educación, que indica que “los recursos asignados a los centros oficiales de educación estarán sujetos a las leyes”.

Zúniga explicó que la rendición de cuentas sobre el uso de fondos se hace cada octubre, no en estas fechas. Aunque admitió la asignación de personal administrativo a tareas de docencia, dijo que es una medida paliativa ante la saturación de trabajo y la decisión del MINED de no pagar sobresueldos.

La secretaria del FMS ha sido una voz crítica de las políticas educativas del Gobierno, señalando abiertamente carencias en las escuelas públicas. Además, es el segundo liderazgo sindical dentro del magisterio que es apartado de su cargo en 2024. 

En abril pasado, Daniel Rodríguez, secretario general del histórico Sindicato de Maestros y Maestras por la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO), fue suspendido de su puesto como director de una escuela de Panchimalco. En aquella ocasión, Rodríguez calificó la medida como “una persecución personal y política”.