El Ministerio de Educación tendrá tres años más para completar el proceso de absorción e incorporación de los servicios que brindaba el extinto Instituto Salvadoreño de la Niñez y Adolescencia (ISNA) a través de los Centros de Desarrollo Integral (CDI), luego que la Asamblea aprobara una prórroga a las disposiciones de 2022 para llevar a cabo dicho proceso.

Las disposiciones en cuestión fueron aprobadas en febrero de 2022 y tenían una vigencia de tres años. Entre otras cosas, implicaba el traslado de 158 empleados del ISNA, que laboraban en el Programa de Atención Integral de la Primera Infancia, en la modalidad de Centros de Desarrollo Integral, al Ministerio de Educación.

Asimismo, los inmuebles en los que funcionaban los CDI debían ser inscritos a favor del MINED, por lo que dicho proceso se declaró como orden público e interés social, con diferentes acciones para que esto pudiera ocurrir de forma expedita.

Para garantizar la continuidad del trabajo que los CDI desarrollaban con la niñez, se aprobó incorporarlos al sistema educativo nacional en los niveles de educación inicial y parvularia en forma gradual y progresiva hasta su creación como Centros Educativos Oficiales. Para ese fin, se incorporó en el presupuesto general de la nación para el año 2022 un monto específico de $2.3 millones, en la unidad presupuestaria denominada “educación de la primera infancia”.

Luego de eso, en 2022, con la aprobación de la Ley Crecer Juntos, la autoridad de los CDI fue trasladada del MINED hacia el Instituto Crecer Juntos. En su presupuesto 2025, el instituto tiene $15 millones destinados en la unidad presupuestaria de “primera infancia”, pero no está especificado cuánto de este monto es para continuar con el proceso de absorción e integración de los CDI al sistema educativo nacional, como se aprobó originalmente.

Con ese panorama, la Asamblea recibió en su plenaria del pasado miércoles una petición del MINED para ampliar por otros tres años la vigencia de las disposiciones. En su pieza de correspondencia argumentó que “aún existen aspectos del decreto que no han sido concluidos (...) , entre ellos, lo relativo a la legalización de los inmuebles  y la inscripción de estos a favor del Estado en el ramo de Educación”.

Dado que la iniciativa fue aprobada con dispensa de trámite, no hubo ninguna explicación de ningún funcionario de gobierno respecto a cuántos CDI operaban en el país bajo el mando del ISNA y cuántos han sido ya trasladados al Instituto Crecer Juntos, de acuerdo a la progresividad establecida en la reforma de 2022.

Asimismo, tampoco hubo ninguna explicación ni detalle sobre cuánto es la población que atienden esos CDI, y tampoco de cuánto es el presupuesto con que se da mantenimiento y funcionamiento a estos centros. Ningún diputado de Nuevas Ideas planteó estos datos ni ningún comentario sobre la pieza, que fue aprobada con dispensa de trámite y sin ningún comentario de parte de los legisladores.