El Fondo Monetario Internacional le dio un importante espaldarazo al gobierno salvadoreño al aprobarle un nuevo acuerdo de 40 meses, con un acceso equivalente a un mil cuatrocientos millones de dólares. Pero el verdadero voto de confianza no es sólo la importante inyección financiera sino su creencia en que el país mejorará sus perspectivas de crecimiento merced a una "mejora de la gobernanza y la transparencia".
En su comunicación oficial, la multilateral celebra "la promulgación de una nueva legislación anticorrupción" y la implementación de otras medidas -mejora de los procesos de contratación pública y rendición de cuentas, así como el refuerzo de los marcos de lucha contra el blanqueo de capitales- pero reconoce que sacarlo adelante requiere de un "amplio apoyo político y público". Y esa es justo la materia sobre la cual cabe la principal incertidumbre: la voluntad de los administradores del Estado.
Al enumerar los factores que vuelven más prometedora la senda económica del país, el Fondo Monetario menciona la solidez del flujo de remesas, el florecimiento de la industria turística, la impensable mejoría del clima de seguridad pública; pero en el mismo párrafo advierte que el elevado endeudamiento público y unos no definidos obstáculos a la inversión y la productividad conspiran contra las previsiones más optimistas.
Ante la deuda gubernamental, que creció de manera acelerada desde la pandemia, la ciudadanía sólo cuenta con las herramientas de la transparencia y de la fiscalización, dos rasgos que fueron a la baja en el quinquenio, con profusión de reservas de información y poco menos que el desmantelamiento del Instituto de Acceso a la Información Pública. Si algo exhibió el oficialismo en la primera mitad del decenio fue su convicción de disminuir los espacios de consulta e indagación de lo que invierte, compra y gasta; el retroceso en esta materia ha sido histórico, transversal en toda la institucionalidad desde las alcaldías hasta la Asamblea Legislativa, ministerios y autónomas.
La limitación de los derechos ciudadanos y la reducción a mínimos de algunas garantías fundamentales, la volatilidad de los criterios judiciales y la discrecionalidad del ministerio público para investigar con celeridad ciertos delitos o a ciertos sectores y para no mover pieza en otros casos también responde a un diseño, con un efecto pernicioso en el estado de derecho. Aunque no queda claro si la referida línea del Fondo Monetario acerca de los "obstáculos" para invertir y producir alude a la tramitología, bien podría relacionarse con la fragilidad del orden legal, que se profundiza en un país en el que la Constitución puede ser rehecha semana tras semana.
En ambos asuntos, el gobierno goza del control suficiente para revertir la inercia de opacidad y detener la sucesión de acciones que han vulnerado el orden constitucional; en ambos, lo que faltó fue voluntad pese a que importantes sectores nacionales apuntaron desde la honestidad intelectual o desde la práctica del activismo más encendido la inconveniencia de procesos y proyectos personalistas o hechos a medida para una facción. 
La proactividad de quienes el oficialismo considera "opositores" es en realidad un activo a favor del gobierno, porque siempre y cuando exhiba un compromiso con eso que la multilateral le recomienda, entiéndase gobernanza a partir de la transparencia y la rendición de cuentas, contará con como mínimo la atención sino es que adhesiones de aquellos que por hoy lucen improbables. A cambio, la cúpula debe estar dispuesta a hacer caer el peso de la ley sobre todos los funcionarios o personas cercanas al poder que se hayan lucrado de manera ilícita o que hayan sacado partido y ventajas competitivas impropiamente.