Un Comité y un grupo de trabajo de la ONU publicaron una declaración conjunta e instan a los Estados a evitar el problema. En El Salvador, organizaciones tienen recopilados miles de casos durante el régimen de excepción y documentados con testimonios.
Familiares de capturados en el régimen de excepción buscan el nombre de sus parientes en rótulos pegados afuera de El Penalito, en San Salvador. Muchas personas no saben a qué penales han sido llevados los capturados.
Liberados durante el régimen de excepción en El Penalito son recibidos por sus familiares. No hay cifras oficiales sobre la cantidad de liberados en el régimen de excepción de El Salvador.
El Comité de las Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) y el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID) publicaron el pasado 22 de octubre una declaración conjunta sobre las llamadas desapariciones forzadas de corto plazo en la que recordaron que estas representan “una grave violación a los derechos humanos independientemente de su duración” e instan a los Estados a “cumplir plenamente con sus obligaciones con respecto a todas las desapariciones forzadas”.
En El Salvador la medida del régimen de excepción, aplicada desde marzo de 2022, ha generado ya más de 83,000 capturas, según la última actualización brindada ayer por el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro. De esta cifra, al menos 2,000 son catalogadas como desapariciones forzadas por organizaciones defensoras de derechos humanos.
“De acuerdo a las atenciones brindadas y documentadas, se estima que de los 2,300 casos de detención arbitraria e ilegal, solo un 15 % tienen certeza donde se encuentra su pariente guardando detención, mientras que el 85% restante de las familias desconocen en su totalidad el paradero de su familiar detenido. Por lo tanto, se puede inferir que de los casos documentados como detenciones arbitrarias e ilegales, casi 2,000 están en condición de desaparición forzada, de acuerdo con el Derecho Internacional”, sostiene un informe del Socorro Jurídico Humanitario (SJH) hasta el mes de agosto de 2024.
En su declaración conjunta, el GED y el WGEID sostienen que “las desapariciones forzadas, incluidas las llamadas de corta duración, pueden ocurrir tanto en lugares de privación de libertad oficiales como no oficiales. En algunos casos, no son reconocidas por las autoridades estatales, mientras que en otros el Estado argumenta que estas privaciones de libertad obedecen a la implementación de planes y estrategias de seguridad nacional para combatir el terrorismo y/o el crimen organizado”.
Ninguno de los dos entes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hace una alusión específica a un país, pero Rina Monti, especialista en derechos humanos de Cristosal, considera que en El Salvador en efecto este fenómeno está sucediendo y adelantó que como organización también trabajan en un informe que pronto saldrá a la luz.
“Nos hemos dado cuenta que hay una gran cantidad de personas que desconocen el lugar donde está resguardado su familiar. Eso nos causa a nosotros mucha preocupación. Nosotros investigamos patrones, porque hemos visto irregularidades como el hecho de que hay personas que están registradas en más de un centro penitenciario y otras que no aparecen en ninguno. Eso, además de ser una desaparición causada por el Estado, genera un alto impacto en las familia”, analizó.
Sonia Vásquez es vocera del Movimiento de Víctimas del Régimen de Excepción (MOVIR) y señaló que ellos tienen documentados varios casos de desaparición forzada de corta duración.
“Tenemos una compañera que ya es adulta mayor y su hijo ya tiene carta de libertad, pero a ella no le dan información de su paradero, ni tampoco le dicen si está con vida o si ya falleció. Eso le pasa a muchas madres que andan en todas las actividades del Movimiento y nosotros catalogamos esos casos como una desaparición”, contó Vásquez.
Añadió que también han logrado recopilar testimonios de personas que han sido liberadas durante los últimos meses y quienes han narrado como muchas personas no aparecen ni en los penales.
“Una persona que acaba de ser liberada nos decía que los custodios llaman a los que tienen cartas de libertad, pero muchos no aparecen. Nos entristece saber que la liberación de una persona depende de alguien que tiene una lista y que si no lo encuentra no hace nada más. Nosotros nos preguntamos, ¿entonces esas personas dónde están?”, externó.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU también reconoció en su pronunciamiento que “la detención prolongada en régimen de incomunicación constituye una detención arbitraria que viola la libertad individual” y que “puede dar lugar también a una desaparición forzada”.
“La detención secreta siempre constituye una desaparición forzada y, como tal, está prohibida, independientemente de su duración”, agregaron el GED y el WGEID en su declaración.
En mayo de este año las organizaciones defensoras de derechos humanos reportaron al WGEID 327 casos de desapariciones forzadas relacionadas al régimen de excepción. Rina Monti sostiene que con el tiempo estos casos podrían convertirse en delitos de lesa humanidad y el Estado salvadoreño deberá responder por ello.
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