El Comité de Trabajo de Desapariciones Forzadas de la ONU ha pedido al Estado salvadoreño que brinde información sobre 12 privados de libertad cuyos casos fueron presentados por el Socorro Jurídico Humanitario y que hasta la fecha sus familiares no saben nada de ellos ni su paradero. Comisionado presidencial en Derechos Humanos confirmó que han recibido la correspondencia y que responderán.
La ONU ha solicitado información al Estado salvadoreño sobre 12 ciudanos que posiblemente han sido víctimas de desaparición forzada en el marco del régimen de excepción.
Era la 1:00 de la mañana del 30 de agosto de 2023 y Cristian Armando Sáenz Rodríguez estaba con su familia, descansando en su hogar, en el distrito de Chalchuapa, Santa Ana Oeste. De pronto unos fuertes golpes a la puerta los despertaron y les exigieron a todos que salieran a la calle. Eran seis agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quienes les pidieron ingresar al domicilio sin contar con una orden judicial.
Sus hermanas se levantaron de la cama y fueron a ver qué ocurría. Los agentes comenzaron a interrogar a Cristian, quien se dedica a la albañilería, acerca de qué había hecho durante la semana. Tras una hora de cuestionamientos, los agentes sacaron a Cristian y le dijeron que quedaba detenido en ese momento, sin mayor justificación.
Preocupados, los familiares consultaron dónde se lo llevaban y les dijeron que a la delegación más cercana y que ahí darían los detalles. Fueron a preguntar y les dijeron que quedaba detenido por agrupaciones ilícitas y la familia solo tiene conocimiento que se lo llevaron a un centro penitenciario. Tras más de un año en detención, desconocen dónde se encuentra Cristian desde aquella noche.
Noel Alfredo Maradiaga Cruz, de 23 años, trabaja como motorista y vive en el Cantón las Brisas, jurisdicción de Colón, La Libertad. El 19 de abril de 2022 un grupo de policías y soldados de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) ingresaron a su vivienda a la medianoche diciéndole que andaban buscando armas. Pidieron que se despertaran todos y que los jóvenes se presentaran, pues tenían órdenes de sus superiores para llevárselos.
A manera de burla, al ver a una niña de cinco años de edad, dijeron "lástima que está pequeña todavía, porque si no la llevaríamos". Le pidieron a Noel poner sus manos en la cabeza y lo llevaron a un camión donde subían a otros jóvenes en la calle principal. Posteriormente, lo llevaron a un cuartel militar por dos horas. Luego, lo trasladaron a las bartolinas policiales para luego llevarlo a las bartolinas de Lourdes y finalmente trasladarlo al penal la Esperanza, conocido como Mariona.
El 20 de abril de 2022, en las bartolinas de Lourdes, dejaron libres a los menores de edad y a los estudiantes universitarios, pero Noel siguió en prisión. De acuerdo con el reporte dado a conocer a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), hasta la fecha los familiares no saben el paradero de Noel.
Ambas historias forman parte de 12 casos a los cuales le está dando seguimiento el Mandato del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (WGEID, por sus siglas en inglés).
El 12 de noviembre de este año, a través de la referencia G/SO/217/SLV, este Grupo solicitó información al Estado salvadoreño sobre las denuncias de estas desapariciones ocurridas en el marco del régimen de excepción.
"El Grupo de Trabajo examinó y transmitió al Gobierno de El Salvador los casos de desaparición (de los 12 expedientes). Al transmitir estos casos, el Grupo de Trabajo expresó su deseo de que se llevaran a cabo las oportunas investigaciones para poder esclarecer la suerte y el paradero de las personas desaparecidas y proteger sus derechos. Los mantendremos informados de cualquier información que sea recibida por parte del Gobierno de El Salvador con relación a estos casos", cita la resolución firmada por Gabriella Citroni, Presidenta-Relatora de dicho Grupo y al que este medio tuvo acceso.
Las denuncias sobre estas desapariciones fueron enviadas por el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), que hasta la fecha ha realizado 130 procesos de notificación al sistema de comunicaciones especiales de la ONU en tres principales mandatos: desaparición forzada, detención arbitraria, violencia contra las mujeres.
Ingrid Escobar, directora del SJH, indicó que están "contentos" pues por primera vez en 32 meses del régimen de excepción el sistema de protección de Naciones Unidas, a través de los procesos de comunicación urgente, ha notificado que ha pedido al Estado un informe por la desaparición forzada que ellos han expuesto.
"Esto es algo positivo porque significa que están volviendo su mirada a El Salvador. Las conclusiones a las que lleguen nos servirán como prueba en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la que estamos preparando la demanda en contra del Estado de El Salvador", expuso Escobar.
Sobre la petición del WGEID, el comisionado presidencial para derechos humanos y libertad de expresión, Andrés Guzmán, mencionó que responderán a la solicitud y que cualquier comunicación oficial que llegue a su oficina "es atendida con la seriedad que amerita".
"Siempre respondemos de manera oportuna y transparente a los requerimientos que se nos presentan, en el marco de nuestra labor de garantizar el respeto y la promoción de los derechos humanos. Nuestra prioridad es mantener un diálogo abierto con organismos internacionales y nacionales, así como con la sociedad civil, para fortalecer la institucionalidad y brindar información clara y veraz", expuso el funcionario a LA PRENSA GRÁFICA.
En mayo de este año, seis organizaciones de derechos humanos presentaron ante el WGEID un reporte con 327 desapariciones forzadas o involuntarias ocurridas desde que inició el régimen de excepción.
Según los registros que llevan estas organizaciones, la mayoría de personas capturadas son personas de bajos recursos, jóvenes de entre los 18 y 30 años, a quienes acusan en la mayoría de casos de agrupaciones ilícitas.
En 2023, el Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca) documentó 123 casos de desaparición forzada de corta duración y han señalado a las fuerzas estatales como la Policía Nacional Civil (PNC) y Fuerza Armada de El Salvador (FAES) como principales causantes de estos desplazamientos.
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