Organizaciones denunciaron hoy que la Ley General de Minería pone en riesgo el acceso al agua en El Salvador, además exigen transparencia y participación ciudadana en la gestión de los recursos hídricos.
La Alianza Nacional contra la Privatización del Agua anunció este miércoles que presentarán una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley General de Minería, aprobada en diciembre del año pasado.
La acción legal será interpuesta el próximo lunes 24 de marzo ante la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y se presentará junto con firmas recolectadas en comunidades afectadas y en coordinación con sectores como la iglesia católica.
La actividad de entrega partirá desde el Parque Cuscatlán a las 9:00 de la mañana del lunes y culminará en la Corte Suprema de Justicia.
Según la alianza de organizaciones, esta ley pone en riesgo el acceso al agua de la población salvadoreña, especialmente en las zonas donde se concentran proyectos mineros. "El Salvador no puede continuar con la apuesta de cambiar el crecimiento económico por el agua de su población", afirma el comunicado que el colectivo compartió durante una conferencia de prensa en el marco del Día Mundial del Agua.
De acuerdo con los activistas, la reactivación de la minería metálica amenaza los recursos hídricos, ya que las áreas de interés para esta actividad se encuentran en la cuenca alta del río Lempa, que abastece a gran parte del país.
Aseguran que la ley fue aprobada sin consulta ciudadana y sin que las instancias estatales encargadas del medio ambiente, la agricultura y el agua emitieran opiniones sobre sus posibles impactos.
"La minería metálica representa una amenaza real al derecho humano al agua y a los ecosistemas del país", señalaron voceros de la alianza, quienes reiteraron su llamado a la población a manifestarse contra esta actividad extractiva.
Datos presentados por la organización indican que cerca del 50 % de la población salvadoreña enfrenta inseguridad hídrica, mientras que más de 1.3 millones de personas no tienen acceso garantizado al agua potable y dependen de pozos o de la compra a camiones cisterna.
Entre las demandas planteadas por las organizaciones firmantes se incluye el cumplimiento de la Ley General de Recursos Hídricos, aprobada en 2021, en aspectos como el apoyo a las juntas de agua y la gestión sostenible de cuencas hidrográficas.
Asimismo, exigen la eliminación de la reserva de información sobre proyectos relacionados con el agua y el saneamiento, y la inclusión de mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones.
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