Organizaciones defensoras de Derechos Humanos exigieron a la Asamblea dar marcha atrás a dicha intención y retomar la discusión del proyecto de ley presentado por sociedad civil.
En su primera reunión la comisión de Seguridad mandó a archivo la propuesta de Ley de Justicia Transicional.
Organizaciones de la sociedad civil que conforman la Mesa contra la Impunidad en El Salvador (MECIES), y el Grupo Gestor de la Ley de Reparación Integral se pronunciaron este día en contra de la intención de la Asamblea Legislativa de mandar a archivo el proyecto de Ley de Justicia Transicional presentado por la sociedad civil en 2021.
Las organizaciones emitieron un comunicado conjunto en las redes sociales de sus distintos integrantes y cuestionaron la negativa del órgano legislativo a analizar la propuesta surgida de consultas con la ciudadanía y con víctimas y familiares de víctimas del conflicto armado.
“Dicho anteproyecto de Ley fue elaborado por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos que las representan, posterior a que se dictara la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General de 1993, emitida el 13 de julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional”, defendieron las organizaciones.
“Se desarrolló un amplio proceso de consultas con familiares de víctimas, sobrevivientes y especialistas nacionales e internacionales, retomando los estándares nacionales -principalmente, la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993- y estándares y recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte lDH) y del Relator para la Memoria, Verdad, Justicia y Garantías de No Repetición de Naciones Unidas”, agrega el comunicado.
Comisión de seguridad nacional y justicia aprueba enviar a archivo diferentes expedientes, con argumento que "han perdido vigencia". Entre los expedientes archivados se encuentra iniciativa para emitir Ley de Justicia Transicional presentado por organizaciones de sociedad civil. pic.twitter.com/2PBMLIuYmR
— LPGPolitica (@LPGPolitica) May 13, 2024
Dicho proyecto fue recibido por la comisión de justicia y derechos humanos de la anterior legislatura, liderada por la ahora exdiputada Rebeca Santos, pero no se le dio lectura ni estudio a la misma, pese a que la diputada indicó que se trabajaría en el tema ya que la anterior legislatura sí tenía voluntad para ello.
Tras el arranque de la legislatura del período 2024-2027, la reducción de comisiones aprobada por Nuevas Ideas y partidos aliados implicó la desaparición de la comisión de justicia y derechos humanos, cuyos expedientes pendientes fueron absorbidos por la nueva comisión de seguridad nacional y justicia.
Esta, en su primera reunión, votó para mandar el anteproyecto de ley de justicia transicional (junto con propuestas para crear un sistema de apoyo a familias de personas desaparecidas y para garantizar derechos a pueblos indígenas), bajo el argumento que el tema había perdido vigencia.
"Dicho anteproyecto de Ley fue elaborado por colectivos de víctimas y organizaciones de derechos humanos que las representan, posterior a que se dictara la sentencia de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía General de 1993, emitida el 13 de julio de 2016 por la Sala de lo Constitucional”..
Organizaciones sociales
Según las organizaciones, dicha decisión se ha hecho “contraviniendo con ello, el contenido de los estándares nacionales e internacionales que fueron incorporados en su texto, los cuales continúan teniendo vigencia. Para quienes integramos la MECIES y el Grupo Gestor, la justicia, la verdad, la memoria y la voz de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado nunca pierden vigencia, pero con esta acción, la Asamblea Legislativa -una vez más- desconoce los derechos de las víctimas e incumple el carácter obligatorio de una sentencia de la Sala de lo Constitucional”.
Las organizaciones cuestionaron la falta de cumplimiento a los procesos establecidos, ya que la comisión no elaboró ni presentó dictamen ante el pleno para que se votara su envío a archivo, como ordena el Reglamento Interno de la Asamblea Legislativa (RIAL), en sus artículos 42 numeral 5, 46 inciso 1 y 89 inciso 2.
Por ello, MECIES y el grupo gestor exigieron que "la Comisión Seguridad Nacional y Justicia continúe estudiando el anteproyecto de Ley Especial de Justicia Transicional para víctimas de graves violaciones a derechos humanos en el contexto del conflicto armado en El Salvador presentado por nuestras organizaciones en octubre de 2021, ya que es un expediente activo al no haber seguido el procedimiento correspondiente, y en caso de que posteriormente se eleve un dictamen de archivo al pleno legislativo de este anteproyecto, que sea devuelto a la misma comisión para que inicie el correspondiente debate en su seno, garantizando la participación activa de las víctimas y de las organizaciones de derechos humanos que las representan”.
Y también “abrir un diálogo amplio con víctimas del conflicto armado, organizaciones de derechos humanos y especialistas reconocidos/as, que culmine con la aprobación de la norma ordenada por la Sala de lo Constitucional para saldar las deudas pendientes del conflicto armado, que sirva para reparar los daños causados a las víctimas y para evitar la repetición de crímenes atroces”.
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