En 2025 el Ministerio de Defensa dispondrá de $314 millones, según el proyecto presentado. Defensores de DD.HH. critican esta alza y la disminución en rubros como Seguridad Pública y Educación.
El ejército salvadoreño tiene unos 25,000 efectivos, según cifras recopiladas por organizaciones sociales. El gobierno del presidente Nayib Bukele ha expresado su deseo de llevarlos al menos a 40,000.
El Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Hacienda, presentó el proyecto de Presupuesto General de la Nación 2025 a la Asamblea Legislativa el pasado 30 de septiembre, el cual contempla que el Ministerio de Defensa reciba $314,363,162 para el próximo año, lo que representa un aumento de casi $53 millones en relación a 2024.
De aprobarse así, este ramo tendría el mayor presupuesto en la historia y un aumento continuo en los últimos tres años. Desde la entrada de esta administración, en el año 2019, la Defensa Nacional ha recibido más del doble de asignación presupuestaria (117 %) desde que le fueron aprobados poco más de $145 millones.
Organizaciones ven con preocupación que el presupuesto contemple un aumento para Defensa cuando otras carteras del Estado de interés social recibirán recortes significativos.
Ejemplo de ellos son el Ministerio de Salud, que tendrá $90 millones menos; al igual que el Ministerio de Educación, con $31 millones menos para el próximo año.
El aumento en el presupuesto para Defensa ha sido gradual. En el año 2020 le fueron aprobados $220,3 millones; para 2021 fueron $220 millones; en 2022 les asignaron $256,6 millones; en 2023 tuvo $250,6 millones y en este 2024 se le asignó $261,4 millones, sin contar refuerzos.
LA PRENSA GRÁFICA consultó al Ministerio de Defensa, a través de su unidad de comunicaciones, acerca de la utilización del presupuesto para el próximo año y a qué se debe el incremento solicitado; sin embargo, al cierre de esta nota no hubo respuesta.
Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana (AC), indicó que el mensaje que se transmite es que se da más prioridad a reforzar el "brazo represivo del Estado" en lugar de fortalecer las instituciones de investigación del delito y otros de interés social.
Esta organización ha monitoreado presupuestos de las instituciones de control y Escobar expone que hay una clara tendencia en que Defensa tenga mayor presupuesto.
"Se ha privilegiado fortalecer el brazo represivo del Estado y no fortalecer el brazo de investigación del delito. Puede que haya mayor efectividad en detenciones, pero el punto es que no se tiene un órgano investigador del delito con el presupuesto suficiente para procesar toda esa demanda que le llega. Es una tendencia que se viene dando y no extraña que ahora suceda de nuevo", indicó.
Acción Ciudadana presentó en febrero de este año su informe "Asignación Presupuestaria de Instituciones de Control 2024", en el cual expusieron que el principal enfoque de seguridad pública del actual gobierno son las actividades desarrolladas por la Policía Nacional Civil (PNC) y delegadas irregularmente también a las fuerzas militares, mientras que la investigación del delito tiene un papel secundario.
Por su parte, Véronica Reyna, experta en seguridad del Servicio Social Pasionista (SSPAS), indica que es contradictorio el incremento a Defensa en el sentido que existe una disminución de los homicidios y la operatividad de las pandillas en las comunidades.
Ve que no hay un reajuste económico que tenga coherencia con la "supuesta seguridad" que se tiene y que ya no depende de la presencia policial y militar en el terreno.
"Al tener ya capturada a la gente, lo lógico es que la inversión o el incremento presupuestario pudiera ir al sistema de justicia, sobre todo a la Fiscalía, Procuraduría y al Órgano Judicial para acelerar los procesos de investigación y juzgamiento en caso se presenten pruebas suficientes. Sobre todo cuando las organizaciones hemos evidenciado que muchas capturas han sido de manera arbitraria e ilegal", mencionó.
Reyna agrega que el incremento presupuestario debería ir también en la Dirección General de Centros Penales (DGCP) debido a que, según las últimas cifras oficiales de las autoridades, hay 82,000 personas capturadas en el marco del régimen de excepción y que en total, según organizaciones, hay más de 110,000 personas en centros penales.
En los últimos años, lo asignado en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública para la atención a víctimas ha ido en descenso. Para el año 2022 se tenía asignado $667,267 y para el próximo 2025 se ha propuesto $428,840. Reyna expone además que se debería fortalecer los programas de reinserción social para los privados de libertad.
El año 2023, el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, justificaba el entonces aumento por el hecho que la Fuerza Armada apoyaba en labores de la Fase 6 del Plan Control Territorial con patrullajes, vigilancia perimetral, marítima, evacuaciones y otras acciones, lo que ya realizaba anteriormente.
"La necesidad de tener esa inversión pública en niveles tan altos es más una forma de mantener un pacto político militar, de congraciarse con las fuerzas armadas. Este gobierno tiene un vínculo muy fuerte con la militarización en espacios públicos, en tareas de ámbitos civiles donde no debería estar participando", agregó Reyna.
Alejandro Díaz, de Tutela Legal "María Julia Hernández", indicó que tras la firma de los Acuerdos de Paz la intención era reducir el presupuesto de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) y dar énfasis a las instituciones de atención social, pero en los últimos años la intención ha sido lo contrario.
"Esperamos una crisis de institucionalidad en protección a la población. Se están dando recortes en plazas de servicio a la gente, pero en instituciones represivas se va incrementando. Esto es contrario a lo que se estableció en el pasado. Con el mismo régimen hay un colapso por la falta de atención a las familias y lo han visto instancias de derechos humanos internacionales. La militarización es la única opción que se le está dando al país, es algo que no es real, que solo se puede dar seguridad con militares en la calle", aseguró.
De acuerdo con el último informe de labores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Ministerio de la Defensa está entre las instituciones públicas más denunciadas por presuntas violaciones a los derechos humanos, con 111 denuncias del periodo comprendido entre 1 de mayo de 2023 y el 30 de abril de 2024.
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