René Gustavo Escobar, actual procurador general de la República, encabeza el listado de ocho aspirantes al cargo para el período 2025-2028, que deberá ser elegido por la Asamblea Legislativa para iniciar su gestión a partir del próximo mayo.

El listado de aspirantes fue oficializado por el Órgano Legislativo en su sesión plenaria del martes pasado  e incluye a ocho profesionales, junto a Escobar, quienes ahora deberán pasar al proceso de entrevistas que realiza la comisión política antes de llegar a la elección.

Según los documentos anexados a la pieza de correspondencia en la que se oficializó el listado de aspirantes, la mayoría desempeña labores en instituciones del gobierno central.

El caso más destacado, por tratarse del actual funcionario en el cargo, es el del propio Escobar, que fue elegido en 2022 y antes de ello se desempeñó como  director propietario de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET).

Bajo el mandato de Escobar, la PGR ha hecho frente al trabajo provocado por el régimen de excepción, atendiendo a las funciones que le atribuye la Constitución, en el sentido de dar asistencia legal a personas de escasos recursos y representarlas judicialmente en defensa de su libertad individual (Constitución, artículo 194, numeral II, literal 2).

Además, corresponde también a la PGR velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y demás incapaces.

Según el último informe de labores de la institución, entre junio de 2023 y mayo de 2024, se brindaron 1,234,987 asistencias a la población salvadoreña.

La PGR, asimismo, fue una de las primeras instituciones que realizaron recortes de personal de cara al presupuesto 2025, al realizar el despido de 355 trabajadores, denunciaron sindicalistas y organismos de defensa de derechos humanos.

Estos recortes fueron confirmados por la institución durante la presentación del presupuesto 2025. En esta, si bien Escobar no asistió a la comisión de hacienda, sí lo hizo Candy Parada, procuradora adjunta, que confirmó 355 plazas suprimidas, 100 de estas de defensores públicos.

Debido a estos recortes, y a lo que denominaron como actos arbitrarios, en febrero pasado, Escobar fue denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por familiares de personas capturadas presuntamente de forma arbitraria durante el régimen de excepción.

Según los denunciantes, la PGR no autoriza para que puedan obtener antecedentes penales de sus familiares detenidos, y tampoco se brinda información sobre los casos que llevan los procuradores, para saber en qué situación se encuentran sus parientes detenidos.