La resolución contra Eugenio Chicas, con la que se condenó a este y a su grupo familiar a reintregar al Estado un monto de $202,557.51, por supuesto enriquecimiento ilícito aún no se encuentra en firme, debido a que no se ha resuelto las apelaciones interpuestas ante la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

La resolución fue emitida en diciembre de 2024. Luego de eso fueron presentadas cuatro apelaciones: tres provenientes de los abogados defensores de la familia Chicas y uno de la Fiscalía.

Ante ello, el 29 de enero pasado, los magistrados Óscar López Jerez y Alex Marroquín solicitaron abstenerse de conocer dicha apelación, debido a que ambos fueron parte de la Corte Plena de la CSJ que, en diciembre de 2022, determinó que el caso fuera enviado a la Cámara de lo Civil.

Tras ello, el 5 de febrero pasado, se emitió la resolución en la que se decide remitir estos al pleno de la CSJ para que esta decida lo que corresponda.

Este medio contactó con tres abogados penalistas, para definir si no es un requisito que el proceso civil se haya agotado antes de iniciar el proceso penal; por este último, Chicas fue detenido la semana pasada por las autoridades.

Los tres abogados, bajo condición de anonimato, indicaron que los procesos pueden realizarse de forma independiente uno del otro, y que si bien se suele considerar que debe agotarse primero la instancia civil, esto no es un impedimento.

“Antes era un principio procesal que se terminaran otras áreas antes de comenzar el proceso penal. Pero ahora no: una de las primeras reformas que hicieron, cuando reformaron lo de las agrupaciones ilícitas (en el marco del régimen de excepción) es que no necesita haberse terminado la investigación en un área para seguir en lo penal”, explicó uno de los consultados.

Otro explicó, también, que si bien los casos pueden llevarse de forma paralela, sería contradictorio que en el caso penal se diga, como lo ha hecho la FGR, que hay un monto mayor al investigado por el proceso civil.

“Para la perspectiva del derecho generaría mucha injusticia o desigualdad, porque no puede ser que exactamente sobre la misma base, y sobre la misma pregunta, haya dos resoluciones tan distintas y contradictorias”, apuntó el abogado.

“Depende de qué es lo que se considere fruto del enriquecimiento ilícito. Es bien abierto, aunque para que exista un planteamiento proporcional y de justicia, si de verdad se le quisiese dar importancia al valor de igualdad, tendría que ser el mismo (monto)”, sentenció el abogado.