Doce salvadoreños muertos. Ciento veinticinco viviendas dañadas. Doscientas cincuenta manzanas de cultivos perdidas y con esto se fueron $200,000. Trescientas cuarenta y siete escuelas dañadas. Evacuación obligada a doscientos cuarenta y tres pescadores. Cultivos de plátano inundados. Trescientas toneladas de basura en playas de la costa salvadoreña con toneladas de basura... plásticos, llantas y orgánicos. Daños en la red de distribución de agua potable. Riesgos de caídas de árboles y de estructuras inestables. Amenaza de derrumbes y cortes de electricidad. Medio centenar de viviendas inundadas. Comunidades del Bajo Lempa con el agua hasta las rodillas. Calles convertidas en ríos. Vías obstruidas. Árboles caídos. Casi dos mil refugiados en albergues. Estos son algunos de los titulares de noticias en los últimos tres días. Y anualmente, son similares.

Cada año es la misma historia, dijo una residente en la comunidad El Bambú 3 en la colonia Dina. Ella, como muchas familias, fue evacuada ante el inminente peligro de la crecida del río Arenal de la Lechuza y por un paredón que está a punto de colapsar. Todos los años viven lo mismo. Logran hacer pertenencias y con el agua, las pierden. Saben que están en un lugar vulnerable y no tienen opción para reubicarse, no más que el albergue temporal en donde seguramente ven las mismas caras y expresiones de desconsuelo.

El país es pequeño, superpequeño. Incomparable con los vecinos. Y en un país tan pequeño en extensión geográfica, el ordenamiento territorial y la planificación urbana son temas pendientes. Desde 1951 está vigente la Ley de Urbanismo y Construcción. La ciudad capital y demás poblaciones de la República “han crecido de forma desordenada, mirando por regla general sólo el beneficio de los urbanizadores y no de las personas” dice el primer Considerando. Y en el segundo establece que es necesaria una ley que “ponga coto a esa forma desordenada de ensanchamiento urbano y fije las normas básicas y fundamentales a que racionalmente deberá sujetarse en el futuro toda urbanización”.

Esta ley y su reglamento están vigentes. Tiene no más que tres reformas, en agosto de 1956, en octubre de 1972 y en febrero de 1991. Durante este período de 73 años el país ha gastado millonarias cantidades de colones y dólares en la elaboración de planes de desarrollo urbano y también de ordenamiento territorial. El Viceministerio de Vivienda, el Ministerio de Medio Ambiente, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana (OPAMSS) son algunas de las instituciones contratantes. Y con ley, con reglamentos y con planes disponibles, las urbanizaciones y lotificaciones se han tomado la mayor parte del territorio, el medioambiente se deteriora a gran velocidad y el cambio climático anuncia anualmente lo que está por venir. Y con todo esto, no se toman decisiones. Anuncios, asistencialismo y gastos millonarios de la Comisión Nacional de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres a través del FOPROMID. Mucho de protección en albergues y muy poco o nada en protección civil en asentamientos humanos y menos en prevención y mitigación de desastres tal como dicta la ley y su reglamento.

En lo que fue el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), la Oficina de Planificación (OPAMSS) tiene mapeadas las áreas vulnerables y contados los habitantes en riesgo. La ministra de Vivienda del período anterior anunció, con bombo y platillo, políticas para erradicar la vulnerabilidad en áreas urbanas. Vivió la experiencia de traslado de población a colonias recién construidas y allí terminó su historia de esa cartera de Estado. A esperar que termine el invierno 2024. Y a esperar experiencias similares en 2025.