Rodrigo Duterte llegó a la presidencia de Filipinas en 2016. Se enfocó en combatir el narcotráfico. Y lo hizo con mano dura. Un año después, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le envió un mensaje personal: “Solo quiero felicitarte porque he escuchado sobre tu increíble trabajo con el problema de las drogas… nosotros tenemos ese problema, pero qué gran trabajo estás haciendo y solo quería llamarte y decirte eso” (abril, 2017).
Los ajusticiamientos eran parte fundamental en su política de seguridad. La barbarie no minaba su popularidad. Al contrario, era lo que la hacía subir como espuma. Por eso no tenía rubor en defender su violencia.
Dejó la presidencia en 2022 y le sucedió su aliado, Bongbong Marcos, mientras su hija, Sara Duterte, se sentó en la vicepresidencia. 
El 11 de marzo pasado Duterte regresaba a Filipinas de un viaje a Hong Kong. A su llegada al aeropuerto fue detenido. La Corte Penal Internacional había decretado una orden internacional de detención. Se le acusaba de crímenes contra la humanidad por su guerra contra las drogas desde 2011 hasta 2019. 
Duterte confiaba en que no sería perseguido por esa sede debido a que Filipinas había renunciado a la competencia del tribunal. Pero la corte le procesará por los supuestos crímenes contra la humanidad que cometió en el período en que Filipinas sí fue parte del Estatuto de Roma.
Quien fue el hombre todopoderoso de Filipinas ahora está en una prisión en La Haya esperando su juzgamiento.
En 2016, El Salvador ratificó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Desde ese año está sometido a su competencia. Eso significa que las personas, y oficiales salvadoreños que participen en crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra o de agresión pueden ser perseguidos por la justicia internacional.
Dentro de los crímenes de lesa humanidad que se persiguen en esta sede internacional están las prácticas generalizadas y sistemáticas de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional (art. 7.1.e) y tortura (art. 7.1.f).
Varias organizaciones internacionales han denunciado que en El Salvador se cometen sistemáticas violaciones a los derechos humanos. En su reporte 2023/2024 Amnistía Internacional dijo respecto a las detenciones arbitrarias: “La mayori´a de las detenciones efectuadas en virtud del estado de excepción eran arbitrarias porque violaban las garantías procesales debido a la ausencia de órdenes judiciales claras, la prolongación de las detenciones administrativas, la falta de información oficial exacta sobre el paradero de los detenidos, y el ocultamiento de la identidad de los jueces que tramitaban los casos”.
Y sobre las práctica de tortura expresó: “Desde el inicio del estado de excepción se habían producido al menos 190 muertes bajo custodia del Estado provocadas por la tortura y la falta de atención me´dica”.
El caso de Duterte es un ejemplo que deben escuchar con atención las personas y autoridades que directa o indirectamente participan en violaciones sistemáticas a los derechos humanos en El Salvador. 
El brazo de la justicia internacional puede ser lento, pero es muy largo. La protección que los responsables de violaciones a los derechos humanos pueden encontrar aquí y ahora es frágil. Duterte, el otrora hombre fuerte de Filipinas, es testigo de ello.