En Asia, los mercados son nocturnos. El viernes 2 de septiembre de 2016, a las 10:00 PM, una bomba estalló en el mercado de Dávao: 12 personas murieron y decenas resultaron heridas. Esa violencia, provocada por narcopandillas, era habitual en Filipinas. El presidente Rodrigo Duterte, que llevaba tres meses en el cargo, decretó el estado de excepción aduciendo que las pandillas que lideraban el tráfico de drogas ilegales obligaban a tomar medidas extraordinarias. “Parece —dijo— que en nuestro país no hay legalidad, no hay ley”. Y sacó al ejército a las calles, autorizándolo y dándoles premios económicos a quienes mataran la mayor cantidad de los supuestos tres millones de narcopandilleros (cifra falsa) que había en Filipinas. Para los filipinos, un estado policial con ejército que asesinaba sin investigar ni juicio era inaudito. Entonces, la plataforma digital dutertista “Online” comprendió que se necesitaría apoyo popular, y eso pasaba por manejar la opinión pública filipina: compartió en tiempo real una noticia publicada hacía seis meses por Rappler, el principal medio digital opositor al presidente, cuya jefa editora, María Ressa, recibiría el Premio Nobel de la Paz en 2021, sobre un hombre bomba que había sido capturado con el artefacto en su mochila y que era miembro del Nuevo Ejército del Pueblo, una organización terrorista.
Cuentas anónimas y falsas, páginas de memes, fans y webs de dudoso origen afines al presidente hicieron parecer que aquella vieja noticia, al amparo del reciente atentado en el mercado, era de última hora. Una artimaña digital convenció a los filipinos de que el estado de excepción decretado por el presidente era necesario para detener a las narcopandillas. Facebook definió aquella operación como “comportamiento coordinado y falso”.
El equipo de comunicaciones del presidente Duterte había creado tres sitios web que se autodenominaban periódicos o medios digitales: NewsTrend PH, SocialNewsph.com y PinoyTribune.com. Estos replicaron, sacada de contexto y sin autorización de Rappler, la nota del hombre bomba. Alteraron fechas y horas de la noticia para que pareciera que había sido capturado un día antes del atentado en el mercado. Esto aumentó aún más la indignación popular, y Duterte pudo comenzar a capturar y matar a mansalva mientras era aplaudido por el pueblo, que, engañado, lo llevó al 91 % de popularidad, convirtiéndolo en el presidente más amado en la historia filipina y en uno de los más populares del mundo.
Aquella guerra contra las narcopandillas ha sido investigada por la CPI luego de que deudos de víctimas y ONGs denunciaran que podrían haber muerto entre 27,000 y 30,000 personas a manos de los paramilitares de Duterte y que, al menos en 6,252 casos, hay sospechas de participación policial. Por eso, lo han arrestado el pasado martes 11 de marzo de 2025.
Las comparaciones son odiosas, pero algo similar está sucediendo en El Salvador, con 373 casos de muertes en las cárceles de un país que no tiene en su orden legal la pena de muerte porque se declara provida. Otra cosa es que algunos no quieran hablar de ello o aceptarlo. Ya nos pasó con escuadrones de la muerte, guerra civil y masacres en las zonas rurales. Y con nuestras negaciones históricas, que fanáticos rechazan sobre sus ídolos.
El país, desde 2016, es miembro de la Corte Penal Internacional, el organismo que ahora ordenó la captura del expresidente Rodrigo Duterte por crímenes de lesa humanidad. Cada noche, en las calles y barrios pobres de Manila, aparecían en promedio 33 cadáveres diarios, acusados de ser narcopandilleros. Rappler publicó un reportaje, La Serie de la Impunidad, que ponía rostros a los números de muertos y detallaba la implicación de la policía en esos crímenes. Lo que hace valientemente aquí Socorro Jurídico Humanitario, CRISTOSAL, UNIDECH y MOVIR.
Corolario:
El presidente filipino garantizó impunidad a sus 6,000 policías dedicados a combatir narcopandillas y ordenó que dijeran que él era el responsable de las ejecuciones sumarias porque el pueblo lo apoyaba. Sus policías se dedicaron a cometer actos de corrupción de toda índole. Emitió un decreto: “Se le concede el perdón a Rodrigo Duterte por el delito de asesinato múltiple. Firma: Rodrigo Duterte”. Veremos si en La Haya le vale ese auto salvoconducto.