En los últimos días, El Salvador ha sido anfitrión de varios visitantes que arriban con gafete de inversionista, traídos, según dicen, por los atractivos que ofrece el país para las personas de negocios. La miríada de visitantes, realmente, no es nueva, sino que ha sido una constante desde el fin de la pandemia. Las preguntas obvias, entonces, son: qué atractivos está ofreciendo el país y por qué la inversión está llegando solo a cuentagotas.
El flujo neto de Inversión Extranjera Directa (IED) en la gestión presidencial 2019-2024 fue de $1,754 millones, una cifra mucho más baja que la registrada durante la gestión presidencial 2014-2019, cuando fue de $3,136 millones. En 2023, El Salvador solo atrajo el 6.5 % de la IED que llegó a Centroamérica, el monto más bajo de la región, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
El mantra de los líderes empresariales salvadoreños ha sido, desde siempre, que los países más atractivos para atraer la inversión extranjera directa son aquellos que ofrecen factores que representen ventajas competitivas de índole económica, social y política.
En el caso de El Salvador, siempre se ha recomendado mantener una macroeconomía sana, un marco regulatorio sólido, incentivos fiscales que ofrezcan ventajas, pero no a costa del inversionista local y, sobre todo, seguridad jurídica. Es decir, que los inversionistas tengan la confianza de que su dinero no está llegando a un lugar donde luego pueda esfumarse.
Hay inversionistas, por supuesto, que pueden sentirse atraídos por un país por motivos inconfesables, como la expoliación de sus recursos naturales, el pago de bajos salarios o condiciones fiscales paradisíacas.
Los países tienen todo el derecho de gozar de los recursos naturales que están en su territorio, pero debe existir equilibrio, para decirlo en términos empresariales, entre lo que se invierte y lo que se gana a corto, mediano y largo plazo.
Hay empresas, por otra parte, que mueven sus operaciones a un país para bajar sus costos salariales, pero eso no debe entenderse como una carta blanca para sacar cualquier provecho de la fuerza laboral local.
Y, por supuesto, los países pueden ofrecer incentivos fiscales a inversionistas extranjeros, en particular en áreas en que el país aún no ha incursionado. Esto puede ser una situación en la que ambas partes salen ganando. No es el caso cuando solo se ofrece un viaje gratis para que alguien venga al país, se instale en condiciones ventajosas con respecto a los inversionistas locales y que, además, no pague su justa contribución a los gastos generales del Estado.
El gobierno de El Salvador, el cual ha anunciado que busca un milagro económico que sorprenda al mundo, al parecer, está dispuesto a crear un país a la carta para cada inversionista que se asoma por estas tierras, modificando leyes aquí y allá cada cierto tiempo. Eso no luce como un marco regulatorio sólido.
La realidad es que hay muchísimos anuncios de futuras inversiones, pero muy pocas se están concretando. Es más, es muy probable que las inversiones más tangibles ni siquiera sean anunciadas, como las que puedan ocurrir en las zonas de extracción minera.
La información conocida hasta ahora sugiere que el país está, de momento, más en la mira de inversiones extractivas y de aquellas que no contribuyen al mejoramiento de su entorno social o que solo buscan un refugio temporal.