El 29 de enero, el presidente de la República anunció su cuarta cruzada contra la corrupción, una de las principales causas del atraso en el país y de la caída en desgracia de partidos políticos que han llegado al gobierno, como el PDC, ARENA o el FMLN.
La punta de lanza de las nuevas medidas fue la presentación de una Ley Anticorrupción, cuyo objetivo es “reforzar la transparencia y la probidad de los funcionarios públicos”. La iniciativa del mandatario fue aprobada, como ya es costumbre, sin mayor debate en el seno de la Asamblea Legislativa.
En lo sustancial, la ley establece la obligación de presentar al Ministerio de Hacienda una declaración anual jurada denominada “Informe de Activos y Pasivos”. Una disposición similar ha estado vigente en el país desde 1959, con la diferencia de que la llamada “declaración de patrimonio” se presenta ante la Corte Suprema de Justicia solo al inicio y al final de cada gestión. El problema desde entonces ha sido que las instituciones encargadas de hacer cumplir esta normativa han carecido del andamiaje y del respaldo político suficiente para desempeñar su labor.
El gobierno tiene la urgencia de demostrar que está combatiendo la corrupción, ya que esta es una de las condiciones exigidas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para llegar a un acuerdo de financiamiento.
Al señalar que esta es la cuarta cruzada anticorrupción del gobierno, nos referimos a que existen tres antecedentes con iniciativas pomposas, pero con resultados modestos. En 2019, con el apoyo de la OEA, se creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES). Luego, en 2021, el Ejecutivo promovió reformas legales para que los delitos de corrupción no prescribieran. En 2023, desde el Salón Azul de la Asamblea Legislativa, se anunciaron procesos penales contra un expresidente.
Sin embargo, mientras se impulsaban estas iniciativas, en 2020 el presidente maniobró para modificar la configuración del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), cuyo primer acto fue restringir el acceso a las adendas a las declaraciones patrimoniales del propio mandatario. Esta acción, que impide valorar la honestidad de un funcionario mediante información pública, se convirtió luego en una política no escrita del gobierno actual.
La corrupción se combate con transparencia y rendición de cuentas, y se erradica con instituciones fuertes e independientes, de las cuales el país carece. Si el presidente realmente desea enviar un mensaje contundente de compromiso contra la corrupción, debería reconfigurar el IAIP para incluir en su seno representantes propuestos por empresarios, profesionales, trabajadores, periodistas y la academia.
La práctica endémica de declarar bajo reserva cualquier tipo de información con cualquier pretexto debe erradicarse, limitando esta medida solo a casos en los que se protejan datos sensibles para la seguridad nacional o la privacidad de las personas.
Las instituciones contraloras deberían estar dirigidas por personas verdaderamente independientes. Es urgente, por ejemplo, que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia se conforme de acuerdo con la Constitución. La existencia ilegal de una institución tan sensible e importante no debe normalizarse en un país que aspira a seguir siendo reconocido como una república.
En suma, si el presidente desea ser tomado en serio en su nueva cruzada contra la corrupción, debe ser ejemplar y evitar transmitir el mensaje de que la justicia solo alcanza a los escalones más bajos de la corrupción o a los adversarios políticos. La transparencia y la rendición de cuentas sobre sus propias acciones son el primer y más obvio paso.