Lo mínimo que necesita un empresario para operar es contar con seguridad para su patrimonio y recurso humano; sólo alguien sin sentido común instalaría un negocio en un país en guerra, ni siquiera la más absurda temeridad llevaría a un capitalista a abrir operaciones en un lugar en el que además de al Estado tiene que rendirle cuentas a un poder subversivo, mafioso, criminal.
Muy distinta es la situación de aquellas compañías que instaladas durante suficiente tiempo en un lugar debieron navegar a lo largo de la volatilidad social, de los cambios políticos, de la precarización de las políticas de seguridad pública hasta el punto de alcanzar el equilibrio en la pérdida, en la especulación y en la rendición ante ciertos actores sociales y resignarse a ello para no cerrar sus actividades y mantener los empleos de miles de personas.
En la primera parte de la última década, El Salvador contó con unas cuantas decenas de empresas como estas, convencidas de que si bien el contexto garantizaba más riesgos que éxitos, mantenerse en operaciones era un deber patriótico. Cada una a su manera lidió con el monstruo de la violencia, la intimidación y la extorsión pandilleriles; tras años de asfixia, el regreso del control del territorio a manos del Estado les ha dado un ansiado alivio.
Pero para que esas firmas y muchas otras de las que se necesita para abrir fuentes de trabajo, sacar a miles de ciudadanos de la informalidad y generar riqueza se decidan por El Salvador se requiere de otro tipo de seguridad, de otro tipo de atractivos, de rodear al país de un encanto que actualmente no tiene: el de ser un lugar jurídicamente confiable para invertir.
Dicho rasgo no depende de la "gobernabilidad" sino del sano juego de los pesos y contrapesos, de que haya contraloría y estabilidad suficiente para que ningún poder político ni económico pueda influir en los resultados de eventuales choques de interés ni procesos judiciales sostenidos o sufridos por los inversionistas. Que el tinglado institucional dependa de los humores o la agenda de una persona o de un grupo de personas, que el viento pueda ponerse a favor o en contra dependiendo de la suerte, de la fortuna o de las simpatías no es póliza suficiente.
Así pues, la próxima gran señal que el gobierno debe enviar a los inversionistas extranjeros es la interrupción del régimen de excepción, un reconocimiento a todo lo que la población se ha sacrificado en apoyo a la narrativa con la que se la bombardeó, que debería constituirse en el acto preliminar de la recuperación del estado de derecho o de un nuevo balance lo más parecido al que había antes de la agresión terrorista de hace ya casi tres años.
La mejor garantía para un inversionista es que al otro lado de la mesa haya un gobierno que no oculte nada, que no sea expropiador y que le garantice justicia en caso de diferendos con terceros; transparencia, honestidad e imparcialidad, tres palabras que le quedan todavía muy lejos a la administración nacional.