La última semana del mes de septiembre de 2024 nos dejó dos elecciones por parte de la Asamblea Legislativa en El Salvador: magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Y, como ya es costumbre con los actuales diputados, se alejaron muchísimo del cumplimiento de las reglas legales y constitucionales para la elección de este tipo de funcionarios. 

La presente crítica no va sobre las características personales de los funcionarios electos, sino sobre el proceso de elección y los requisitos para optar a los cargos. La Asamblea Legislativa, una vez más, realizó una simulación de proceso en el que en ningún momento se transparentaron los motivos detrás del nombramiento de cada uno de los ahora funcionarios propietarios y suplentes. El proceso se limitó a una pantomima de entrevistas de las que no se puede identificar los principios, valores y trayectorias de los participantes. Esto se suma a la poca transparencia que desde el inicio del proceso brindó el Consejo Nacional de la Judicatura al momento de conformar la lista; y, además, la nula relevancia de la lista conformada por el gremio de abogados, la cual ni siquiera fue tomada en cuenta por los diputados.  

En primer lugar hay que resaltar los cuestionamientos a la independencia política de los magistrados electos. Quien fungirá como presidenta del TSE tuvo una clara vinculación material con el partido político Nuevas Ideas, partido por el cual fue candidata para elecciones populares. Ello, sumado a que el Código Electoral establece un impedimento para que una serie de funcionarios, entre ellos los magistrados de la Corte de Cuentas de la República, asuman como magistrados del TSE. 

También se eligió a una funcionaria de Casa Presidencial, lo cual pone en duda su independencia al momento de impartir justicia, máxime cuando de todos los salvadoreños es sabido que la lealtad política al Órgano Ejecutivo es un requisito para ser funcionario. Esta misma funcionaria también fue asesora del FMLN en años anteriores, por lo cual también aplica el mismo cuestionamiento realizado anteriormente. 

Desde el Centro de Estudios Jurídicos hemos hecho innumerables llamados a diferentes conformaciones de la Asamblea Legislativa para que realicen procesos transparentes y objetivos al momento de elegir a los funcionarios que ocuparán los más altos cargos en las instituciones de control del Estado. Lo seguiremos haciendo porque eso exige la Constitución: el nombramiento de magistrados y funcionarios con independencia política, con experticia técnica y con el compromiso de anteponer las leyes y la Constitución a los intereses de cualquier persona, grupo, sector o poder del Estado.  

Ante la falta de existencia de una Sala de lo Constitucional legítima e independiente, que realice un control de constitucionalidad sobre las elecciones hechas por la Asamblea Legislativa, solo nos queda exigirles a los nuevos funcionarios que ejerzan con dignidad y respeto al pueblo salvadoreño el mandato que se les ha encomendado. Cumplan y hagan cumplir las leyes y la Constitución de la República.